La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exrepresentante a la Cámara Germán Alonso Olano Becerra a 3 años y 4 meses de prisión como responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, dentro del proceso relacionado con el denominado carrusel de la contratación en Bogotá.
En la misma decisión, la Corte condenó al excongresista al pago de $3.436.759.367 por concepto de daños materiales a favor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
Asimismo, el alto tribunal negó a Olano los beneficios de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la prisión domiciliaria.
En consecuencia, ordenó librar de manera inmediata la orden de captura para que cumpla la condena impuesta y dispuso gestionar la correspondiente notificación roja ante Interpol. No obstante, la decisión aún podrá ser revisada en segunda instancia antes de quedar ejecutoriada.
De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan a 2007, cuando Miguel Eduardo Nule, cabeza visible del Grupo Nule, sostuvo reuniones con Germán Olano y con Héctor Julio Gómez González, en las que se habría acordado el pago de 3.500 millones de pesos para obtener la adjudicación del contrato de construcción de la Fase III de TransMilenio por la calle 26.
La Corte señaló que, aunque la propuesta presentada por el Grupo Nule no cumplía con los requisitos legales, el entonces congresista intervino para favorecer la adjudicación del contrato y parte del dinero pactado habría sido utilizado para sobornar a funcionarios del IDU. Finalmente, el contrato fue adjudicado por 315 mi millones de pesos.
En la sentencia, la corporación explicó que “Miguel Eduardo Nule acudió al entonces congresista Germán Alonso Olano Becerra, quien a su vez era muy cercano al contratista Héctor Julio Gómez González para lograr salvar su propuesta licitatoria y hacerse al contrato”.
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El fallo agrega que, tras varias reuniones, “acordó con éstos que les entregaría 3.500 millones de pesos, valga decir, 1.750 millones para el ahora excongresista Olano y los otros 1.750 millones para Gómez González”.
La Corte también concluyó que Olano intervino para evitar que la Contraloría Distrital ejerciera control fiscal sobre la ejecución del contrato, pese a los retrasos que ya presentaban las obras.
En ese sentido, la providencia señala que “Olano Becerra realizó gestiones encaminadas a neutralizar el peligro que representaba la intervención del Contralor Distrital, Miguel Ángel Morales Russi, para la ejecución de las obras de TransMilenio por la Calle 26”, en medio de las investigaciones relacionadas con el pago de comisiones derivadas de otros contratos vinculados al denominado carrusel de la contratación.
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Con esta decisión, la Sala Especial de Primera Instancia declaró la responsabilidad penal del excongresista por su intervención indebida en la adjudicación del contrato de la Fase III de TransMilenio. Sin embargo, la condena aún deberá surtir el trámite de segunda instancia antes de quedar en firme y hacerse efectiva de manera definitiva.
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