La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante a la Cámara por Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en un proceso relacionado con graves irregularidades en la ejecución de un proyecto de gas natural.
Según la decisión judicial, Palacios Mosquera habría participado en actuaciones irregulares vinculadas al contrato destinado a desarrollar el sistema masivo de gas natural para los municipios de Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto, un proyecto que ocasionó un daño patrimonial estimado en 17.000 millones de pesos y que, pese a los recursos comprometidos, nunca fue concluido.
El proyecto, suscrito originalmente en el año 2014 con un plazo de ejecución de dos años, buscaba garantizar el suministro de gas natural a varias poblaciones del Chocó, una región históricamente golpeada por la precariedad en servicios públicos. Con una inversión proyectada de 17.838 millones de pesos, la expectativa de las comunidades era dejar atrás el uso de pipetas y contar con un sistema más seguro y continuo. Sin embargo, para el año 2016, cuando Jhoany Palacios asumió como gobernador del departamento, la obra no alcanzaba ni el 10 % de avance y ya presentaba serios problemas técnicos y financieros.
Pese a ese panorama, y a las advertencias expresas de entidades de control, la Sala de Instrucción estableció que el entonces gobernador habría ordenado la realización de pagos al contratista encargado del proyecto, a pesar de que este incumplió de manera reiterada con sus obligaciones contractuales.
De acuerdo con el expediente, tanto la Contraloría General de la República como el Departamento Nacional de Planeación (DNP) alertaron a la administración departamental sobre los incumplimientos del contratista y la inviabilidad del proyecto en las condiciones en las que se encontraba. No obstante, Palacios Mosquera habría desatendido esas advertencias y continuado con decisiones administrativas que, para la Corte, carecían de sustento legal y técnico.
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante las diligencias adelantadas ante la Corte Suprema fue la actitud asumida por Palacios Mosquera en sus declaraciones. Ante preguntas concretas sobre el convenio, los pagos realizados y las irregularidades detectadas, el hoy representante a la Cámara respondió en múltiples ocasiones con la frase “no me acuerdo”, una reiteración que quedó registrada en el proceso y que fue valorada por la Sala al momento de adoptar la decisión de llamarlo a juicio.
La Corte consideró que existen elementos suficientes para inferir que el entonces gobernador no solo permitió, sino que facilitó la apropiación indebida de recursos públicos, al autorizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales y en contravía de los informes técnicos y de control. Además, sostuvo que las decisiones adoptadas podrían configurar prevaricato por acción, al tratarse de órdenes contrarias a la ley y a los deberes propios de su cargo.
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