La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia decidió conceder el beneficio de prisión domiciliaria a Esperanza Rosales de Uribe, de 87 años, condenada por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador, en el marco de sus funciones como representante legal de la empresa Toscana S.A.
En primera y segunda instancia, Rosales había sido condenada a cuatro años y dos meses y, a pagar una multa de $94.772.000, además de quedar inhabilitada para ejercer funciones públicas durante el mismo tiempo.
Sin embargo, tanto el juzgado como el Tribunal de Bucaramanga le negaron la sustitución de la pena pese a su edad y condiciones de salud, entre ellas Alzheimer.
El alto tribunal consideró que las instancias anteriores incurrieron en un error al desestimar su derecho a cumplir la sanción en casa. En palabras de la Corte, las decisiones previas “desconocieron mínimos de garantía, propios del debido proceso y de la necesidad de abordar el tema con perspectiva etaria y de género”
La Corte Suprema también ordenó que Rosales suscriba diligencia de compromiso y preste caución por el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.
Además, dispuso que, para los trámites administrativos con el Inpec, como reseñas, “las autoridades carcelarias deberán trasladarse al lugar de reclusión domiciliaria que indique la adulta mayor.
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