Defensa de Epa Colombia pide a la Corte Constitucional revisar condena por instigación al terrorismo
Los abogados de Daneidy Barrera Rojas, le pidieron a la Corte Constitucional seleccionar para revisión la tutela en el que cuestiona la legalidad de la condena en su contra por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, por el cual ella está privada de su libertad
El recurso fue presentado por el abogado Víctor Mosquera, quien argumentó que la influenciadora fue víctima de una deficiente defensa técnica en la etapa de aceptación de cargos, lo que la llevó a reconocer un delito que, según la defensa, no correspondía a su actuación.
Señala que las conductas reprochadas, golpear con un martillo las puertas de una estación de Transmilenio y pintar grafitis contra el Gobierno, se enmarcan en un escenario de vandalismo y protesta social, pero “no cumplen con los elementos propios del terrorismo definidos en la normativa nacional e internacional”.
En marzo de 2020, “Epa Colombia” fue condenada en primera instancia por daño en bien ajeno agravado y perturbación en el transporte público, recibiendo una pena 43 meses de cárcel, aunque se le concedió suspensión condicional de la pena.
Sin embargo, en 2021 el Tribunal Superior de Bogotá revocó parcialmente ese fallo, agregó el delito de instigación a delinquir con fines terroristas y elevó la condena a 5 años y 2 meses de cárcel, imponiéndole además una multa cercana a 500 salarios mínimos y la prohibición de ejercer como youtuber o influenciadora durante el mismo periodo.
Defensa de ‘Epa Colombia’ pide a la Corte Constitucional revisar condena por instigación al terrorismo
Foto: suministrada
La Corte Suprema de Justicia, en enero este año, confirmó la condena y ordenó su captura inmediata. Desde entonces, Barrera permanece recluida en una estación de carabineros de Bogotá.
La tutela concretamente busca que la Corte Constitucional unifique jurisprudencia frente a tres aspectos centrales. El primero tiene que ver con la criminalización de la protesta social, pues según la defensa, los jueces confundieron actos de vandalismo con conductas terroristas.
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Además, el derecho a la defensa técnica, que habría sido vulnerado por la recomendación de aceptar cargos sin un sustento jurídico claro.
El caso de “Epa Colombia” es uno de los más mediáticos derivados del estallido social de 2019, y la eventual revisión por parte de la Corte Constitucional podría sentar un precedente clave sobre los límites del derecho penal en contextos de protesta social.
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