El relato de una víctima del ‘cartel de los parqueaderos’ de Bogotá

El señor Camilo Fino es un boyacense de 62 años que se atrevió a denunciar en el año 2015, por primera vez, las irregularidades en las que habrían incurrido funcionarios de la rama judicial y policías al embargarle su camioneta marca Volkswagen, escándalo que hoy tiene tras las rejas a cinco personas dentro de las que está el director seccional del Consejo Superior de la Judicatura, Carlos Enrique Másmela.Según su denuncia, Fino fue abordado en octubre de 2015 en Bogotá por dos policías que le quitaron su camioneta, supuestamente, por orden de un juez a raíz de una deuda que tenía.Lea también: Por cupo de parqueadero, empresario golpeó duramente a investigador del CTICinco meses después, pagó la deuda y fue a pedir al juzgado que levantara el embargo, pero le respondieron que los policías nunca pusieron a disposición de las autoridades su auto por lo que se trataría de un hurto.“El juzgado me dijo ‘vea señor, usted tiene que irse para Bogotá, buscar los policías y ubicarlos porque ellos le robaron su camioneta’”, dijo Fino en diálogo con Blu Radio.Lea también: Cierran más de 120 parqueaderos por incumplimiento del Código de PolicíaAhí empezó su odisea. Pasaron dos meses más y la Policía, jueces y dueños del parqueadero, no respondían nada sobre su auto.“Ya los habían trasladado. Me tocó comenzar a ubicarlos, uno ya se había retirado de la Policía, ubiqué a otro y el señor dijo que él no tenía nada que ver, que eso era cuestión del juzgado, mientras el juzgado respondía que los uniformados nunca pudieron en conocimiento que habían embargado la camioneta”, relató.Finalmente, el señor Camilo Fino recuperó su camioneta, pero en el peor estado y con 10.000 kilómetros más. No siendo suficiente, debió pagar de parqueadero para poder sacarla siete millones de pesos.“Me la entregaron completamente rallada, no tenía llantas, tenía unos trozos de llantas, todas despedazadas. La entregué con 10.500 kilómetros y me la entregaron con 10.000 kilómetros más”, contó Fino.Cómo esta, la Fiscalía tiene más denuncias que comprometen a funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura pues al subcontratar el servicio de parqueaderos, por no tener propios para guardar los vehículos que embargan los jueces, debe velar porque casos como éste no se presenten. Camilo Fino se constituirá como una de las víctimas y esperará que el estado le devuelva lo que le hizo perder.