“Es la primera vez que hay fallo por más de 21.000 secuestros”: JEP por sentencia contra exFarc
La decisión contempla ocho años de sanción con trabajos de justicia restaurativa y un sistema de monitoreo permanente.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una sentencia que consideró "histórica" contra siete exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC por más de 21.000 secuestros.
Alejandro Ramelli, presidente del tribunal, explicó en diálogo en Mañanas Blu, con Néstor Morales. el alcance de la decisión, que contempla ocho años de sanción con trabajos de justicia restaurativa y un sistema de monitoreo permanente.
“Es la primera vez que en Colombia hay un fallo por más de 21.000 secuestros”, señaló Ramelli, quien recordó que lo recibido por la JEP de la justicia ordinaria fueron en su mayoría expedientes en etapa preliminar, fallos en ausencia o condenas que nunca se cumplieron.
“Lo que había antes era impunidad total, porque eran sentencias que si bien eran privativas de la libertad, jamás se cumplieron. Y lo segundo, las víctimas jamás participaron”, subrayó.
El magistrado destacó que el modelo de la JEP se basa en la participación activa de las víctimas, algo que, según dijo, no había ocurrido antes en Colombia. “Ese volumen de víctimas que han venido participando nunca se había dado”, afirmó.
Sobre las críticas por la ausencia de cárcel, Ramelli sostuvo que las sanciones están diseñadas en clave de reparación y restablecimiento de derechos. Incluyen actividades como la búsqueda de desaparecidos, entrega de coordenadas, desminado humanitario y acciones simbólicas.
“Todos los daños que se han causado en la guerra en Colombia son irreparables. Lo que son, son unas labores pensadas en clave de restablecimiento de los derechos”, aseguró.
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El presidente de la JEP aclaró que la reparación monetaria no corresponde a la jurisdicción, sino a la vía administrativa a través de la Unidad de Víctimas.
También recordó que, desde 2019, la Corte Constitucional dispuso que todos los bienes de las FARC en procesos de extinción de dominio deben destinarse a la reparación. “Ahí están los recursos, son los recursos que están en extinción de dominio”, puntualizó.
Ramelli explicó que los siete exintegrantes estarán sometidos a control mediante dispositivos electrónicos, similares a un brazalete, y deberán cumplir las labores en horarios y lugares definidos por la JEP.
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Aunque no estarán en cárceles ni colonias agrícolas, “sí hay una restricción a los derechos y un monitoreo estricto que harán la jurisdicción y la misión de verificación de Naciones Unidas”, dijo.
El magistrado también se refirió a la posibilidad de que víctimas o comparecientes apelen la decisión. “Las víctimas están en todo su derecho a interponer los recursos, igual los comparecientes. No sería la pena, sino tal vez otros contenidos, otras órdenes”, indicó.
Consultado sobre si la sentencia podría ser revisada por instancias internacionales, Ramelli recordó que en 2021 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró el informe preliminar contra Colombia gracias al funcionamiento de la JEP.
“Obviamente daremos todas las explicaciones al sistema interamericano, la CPI, pero hemos mantenido un diálogo permanente con ellos desde hace años”, expresó.
Frente a las críticas por la demora, Ramelli defendió el trabajo del tribunal:
“Todo lo que recibimos eran miles de expedientes de la justicia ordinaria en indagación preliminar, donde realmente no se había investigado. Eso llevó a sistematizar millones de datos, organizar informes de víctimas y realizar más de 400 versiones voluntarias. Luego el caso pasó al tribunal, que hizo controles de verificación. Son los tiempos del debido proceso y del volumen extraordinario de información que manejamos”.
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