Esta es la historia del cartel de las facturas falsas

Una red de cuello blanco, facturas ficticias, préstamos simulados, sobregiros bancarios ocultos y empresas de fachada. Esa es la trama detrás del escándalo conocido como el cartel de las facturas, un caso que sacude el mercado de factoring en Colombia y cuyo más reciente capítulo lo protagoniza la Corte Suprema de Justicia: el alto tribunal protegió a la empresa IVANAGRO S.A. y a su fundador, el empresario antioqueño Iván Darío Franco Cárdenas, víctima de una sofisticada operación de fraude que estuvo a punto de llevar su empresa a la quiebra.La estafaLa historia comenzó con tres proyectos de cofinanciación entre IVANAGRO y las firmas Gextión S.A.S. y Q1A S.A.S., representadas por Leonor Stella Puentes y su hermana Yolima Puentes. Aunque los primeros dos contratos no presentaron irregularidades, el tercero firmado en 2016 resultó ser la puerta de entrada para un entramado fraudulento de más de 46.000 millones de pesos.Según el expediente que cursa en un juzgado penal de Medellín, el fraude consistió en la emisión de 109 facturas por servicios que nunca se prestaron o ya habían sido pagados, las cuales luego fueron vendidas en el mercado de factoring a múltiples entidades financieras. Lo más grave: la conspiración no solo involucró a contratistas externos, sino también a personal de nómina de confianza dentro de IVANAGRO.Entre los acusados aparecen nombres como Óscar Alberto Aguirre (gerente contable), Eddy Wilmar Valencia (auxiliar contable), Omaira Lucía Gómez (contadora), y otras personas vinculadas al entorno financiero de las empresas Gextión, Q1A y Cinergy: Dora Inés Fandiño, Ana Cecilia Yepes, Leonor Stella Puentes, Bárbara Puentes, Yolima Puentes, Yesenia Cruz y Norllys Martínez. Todos ellos fueron capturados el año pasado y enfrentan cargos por estafa agravada, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y administración desleal. Todos tienen medida de aseguramiento y están ad portas del juicio.El fiscal del caso, Carlos Alberto Aranceta, radicó el escrito de acusación, y sostiene que los implicados actuaron bajo un “acuerdo común y con división de tareas” para alterar de forma indefinida documentos privados, modificar la realidad contable de la empresa, inducir al error a las entidades financieras y obtener un provecho ilícito.Los investigadores también señalan que, para mantener el esquema, se realizaron sobregiros millonarios desde las cuentas de IVANAGRO y se falsificaron cheques para el pago de impuestos, aumentando aún más la exposición financiera de la víctima.El impacto sobre Iván Darío Franco, dueño y fundador de IVANAGROMás conocido por los paisas como 'Don Iván', quien fundó IVANAGRO hace casi 39 años el golpe fue doble: primero, el robo masivo desde adentro de su empresa; y luego, las demandas judiciales de compañías financieras que, tras adquirir las facturas falsas, reclaman los pagos directamente a su firma.'Don Iván' ha sido reconocido por su trayectoria y por haber sido galardonado como Empresario del Año 2023, pasó en pocos meses de liderar programas de impacto social para pymes agrícolas a defender la supervivencia de su empresa frente a acusaciones infundadas. Lo paradójico: la víctima terminó siendo tratada como deudor, por deudas que no contrajo, derivadas de facturas que jamás autorizó. Iván Darío Franco ante las autoridades judiciales es oficialmente reconocido como victima y una reciente decisión de la Corte Suprema amparó sus derechos.La intervención de la Corte SupremaEn mayo de 2024, el Juzgado 17 Penal Municipal de Medellín ordenó suspender los efectos jurídicos de las 109 facturas cuestionadas. Sin embargo, en diciembre, esa decisión fue revocada por el Juzgado 9 Penal del Circuito, lo que dejó a IVANAGRO al borde de la liquidación.Ante esto, la empresa interpuso una tutela que llegó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que el pasado 18 de marzo de 2025, con ponencia del magistrado José Joaquín Urbano Martínez, profirió un fallo categórico en favor de la víctima.La Corte ordenó restablecer las medidas cautelares, suspendiendo las facturas fraudulentas, y sentó un precedente poderoso: “el delito no es fuente de derechos”. El alto tribunal recordó que es deber de jueces y fiscales proteger a las víctimas durante el proceso penal, incluso con medidas innominadas no previstas expresamente en la ley, si estas resultan necesarias, razonables y proporcionales.Un fallo que salva una empresaGracias a esta decisión, IVANAGRO no tendrá que responder judicialmente por deudas falsas mientras se resuelve la responsabilidad penal de los acusados. Como lo expresó la propia Corte, se trata de evitar “la quiebra de la empresa afectada” y restablecer los derechos de quien ha sufrido el impacto directo del delito.Este fallo no solo representa un triunfo judicial para Don Iván, sino también un mensaje claro del sistema judicial colombiano: las víctimas no deben cargar con el peso del crimen, ni ser revictimizadas por mecanismos legales pensados para proteger a los estafadores. El cartel de las facturas cayó. La justicia, esta vez, llegó a tiempo.La audiencia de acusación contra todos los implicados en este presunto entramado criminal continuará el próximo 11 de agosto en la Fiscalía.