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Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no aceptaron los cargos que la Fiscalía les imputó por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en el marco del escándalo por el presunto direccionamiento de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La magistrada Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, avaló la imputación presentada por la Fiscalía, tras concluir que la formulación de cargos cumplió con los estándares legales y que los hechos fueron expuestos con claridad.
“Esta funcionaria imparte legalidad. Claro que en este asunto hubo total claridad de los hechos jurídicamente relevantes. Se hizo una sucesión temporo-espacial. En este caso del cónclave se determinaron estos aspectos en la intervención de la señora fiscal”, afirmó la magistrada al validar la actuación de la Fiscalía.
Tras la imputación, el exministro Bonilla rechazó enfáticamente los señalamientos. “No acepto los cargos y voy a poner tres puntos porque no los acepto. Yo hace medio siglo trabajando en actividades públicas y privadas y nunca he tenido un peso de actividad ilícita”, aseguró.
En la misma línea, Velasco negó cualquier responsabilidad, cuestionó las pruebas y criticó el peso de los testimonios que condujeron a la imputación.
“No acepto cargos, señora magistrada. No tengo absolutamente nada que negociar con la Fiscalía porque soy completamente inocente. Hasta hoy, en la investigación se ha escuchado a unos testigos interesados que han reconocido sus delitos. Incluso, dos de ellos terminaron beneficiándose económicamente. Yo espero que cuando nos escuchen confronten lo que les han dicho a ustedes. Porque el país está en peligro”, afirmó.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que, según la investigación, los exministros habrían intervenido para direccionar 74 proyectos radicados en Invías, por un valor de 571.701 millones de pesos, y cinco proyectos en la UNGRD por 40.536 millones. En total, 612.237 millones de pesos habrían hecho parte del esquema que la Fiscalía califica como una “empresa criminal”. Sin embargo, únicamente siete convenios se concretaron.
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La fiscal del caso detalló que estos proyectos adquirieron relevancia en medio del debate legislativo sobre la reforma pensional y la reforma a la salud, señalando que la supuesta estrategia buscaba asegurar apoyos políticos en el Congreso mediante la entrega de beneficios indebidos bajo la estructura que, según la imputación, lideraban los exministros Bonilla y Velasco.
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