La historia judicial que, en los últimos meses, puso bajo la lupa al expresidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, y a otros dos sacerdotes jesuitas, podría llegar a su fin. La familia Llano Narváez, víctima de los abusos sexuales cometidos por el fallecido sacerdote Darío Chavarriaga, decidió no continuar impulsando la denuncia penal que interpusieron en septiembre de 2024 contra de Roux, Luis Javier Sarralde y Hans Solhner, a quienes señalaban de presunta omisión de denuncia y encubrimiento.
En una carta enviada al fiscal Samir Jiménez, la defensa de la familia manifestó:
“Respetado señor fiscal, me permito dirigirme a su despacho con el fin de informarle que la familia Llano Narváez ha decidido no continuar apoyando la denuncia penal que se presentó en contra de los señores Francisco de Roux, Luis Javier Sarralde y Hans Solhner, por los presuntos punibles de omisión de denuncia y encubrimiento.”
La misiva, conocida este martes, se enmarca en un caso que estremeció a la Iglesia católica en Colombia. Entre finales de los años setenta y principios de los ochenta, ocho hermanos de la familia Llano fueron víctimas de abusos sexuales por parte de Chavarriaga, entonces decano del Colegio Mayor de San Bartolomé.
Aunque los hechos se denunciaron internamente en 2014, cuando de Roux era provincial de los jesuitas, no fueron trasladados a la Fiscalía. Esa actuación motivó la denuncia penal contra de Roux y los otros dos clérigos, quienes siempre han negado haber intentado encubrir el caso y han insistido en que actuaron conforme a los protocolos de la época.
En la carta, los abogados subrayan que: “La Compañía de Jesús, en cabeza de su provincial Herman Rodríguez, ha reparado y ofrecido disculpas públicas a la familia Llano Narváez por los delitos cometidos por el sacerdote Darío Chavarriaga; hecho que, a juicio de la mentada familia, constituye los elementos necesarios y suficientes para que se pueda predicar justicia, verdad, reparación integral y garantía de no repetición".
Ese acto de perdón se llevó a cabo en abril de 2025, en la plazoleta del mismo colegio donde ocurrieron los abusos, con la presencia de directivos jesuitas y de las víctimas. Para los Llano Narváez, ese gesto cerró un ciclo de décadas de silencio y dolor.
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El escrito concluye: “Así las cosas, de conformidad con lo establecido en la norma sustantiva y procesal, dejamos a su criterio y disposición la suerte de dicha investigación.”
Ahora, la decisión sobre el futuro del proceso queda en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si archiva o continúa la indagación preliminar.
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