Fiscal (e) responde a denuncias sobre aumento de nombramientos

Blu Radio conoció que en dos meses el fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo ha realizado el nombramiento de 634 personas, de los cuales han sido designados 392 en cargos de provisionalidad. Este es el texto del comunicado: Respecto de la información difundida por varios medios de comunicación, relacionada con el nombramiento de funcionarios y la contratación de la entidad, la Fiscalía General de la Nación se permite precisar lo siguiente: 1. Actualmente, por decisiones de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, la entidad tiene la obligación de incorporar en carrera administrativa especial a cerca de 1.700 personas que superaron el concurso público de méritos convocado para tal efecto, por lo que a la fecha se ha producido el nombramiento de aproximadamente 1025 funcionarios en periodo de prueba. Es necesario destacar que dichos nombramientos no han implicado la desvinculación de ningún funcionario de la entidad, pues los mismos se han realizado en cargos que se encontraban vacantes. Con lo cual, la Fiscalía General de la Nación protege los derechos laborales de sus trabajadores activos que ostentan una especial condición constitucional (madres cabeza de familia – pre – pensionados). 2. La planta de personal de la Fiscalía General de la Nación asciende a 23.990 servidores, por lo que diariamente se presentan renuncias, pensiones, decesos o sanciones, entre otras, que generan nuevas vacantes. Por ejemplo, entre el 29 de marzo de 2016 y la fecha de este comunicado, han quedado vacantes 394 cargos, de los cuales, 192 han sido provistos con personal de la institución mediante una política de ascensos que reconoce la experiencia y el esfuerzo de los servidores de la propia Fiscalía General de la Nación, es decir, aun cuando una vacante puede ser ocupada por personas ajenas a la entidad, esta administración ha procurado, cuando ello resulta posible, promover a los mejores asistentes, investigadores y fiscales. 3. En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 00237 del 2016, el 85% de los nombramientos efectuados por el Fiscal General de la Nación (e), se han enfocado al cumplimiento de la estrategia de regionalización que busca fortalecer las actividades de investigación y judicialización en departamentos y municipios de: i) Bajo Cauca Antioqueño y Urabá, ii) Guajira; iii) Catatumbo; iv) Llanos orientales, particularmente Meta, Vichada y Guaviare; y v) sur del pacífico, especialmente en Buenaventura, Tumaco y Barbacoas. El restante 15% ha sido destinado para robustecer el sistema de asistencia y protección de víctimas y testigos, así como las dependencias de apoyo a la gestión de la Fiscalía General de la Nación. 4. Desde que Jorge Fernando Perdomo Torres asumió como Fiscal General de la Nación (e) se han celebrado un total de 64 contratos, por un valor de $ 8.669.369.111. Dentro de los cuales se destacan los de prestación de servicios cuyo monto asciende a $3.574.518.685, los que han tenido como propósito la contratación de servicios necesarios para garantizar el normal y adecuado funcionamiento de la entidad, tales como: i) el manteamiento de equipos técnicos de investigación forense; ii) mantenimiento estructural y sanitario de las sedes; iii) publicación y radiodifusión de edictos emplazatorios; iv) logística para la capacitación de funcionarios en la ciudad de Bogotá; y v) acompañamiento y asesoría asuntos financieros, laborales o contencioso administrativos, los que evidentemente son ajenos al giro ordinario de la Fiscalía General de la Nación. Los restantes contratos son de compra de bienes indispensables para el cumplimiento del objeto misional de la entidad, dentro de los cuales cabe mencionar: el licenciamiento de software especializado en comunicaciones ($1.806.949.731), la compra de municiones para el personal del C.T.I. y de la Dirección de Protección ($553.859.592), así como materiales de oficina ($929.684.112). Finalmente, es necesario señalar que dicha información se encuentra disponible para todos los ciudadanos en los sistemas de información del Estado.