En la asamblea que se realizó este martes, 19 de marzo, entre los clubes que componen la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), se volvió a hablar de un caso que parecía ya tenía su punto final. Se trata del “incumplimiento de la cláusula de renovación preferente con Claro” cuando se cambió los derechos de transmisión del FPC de ese operador por WIN.En ese momento, ese caso llegó a los altos tribunales de la justicia colombiana, por lo que la Dimayor, encabezada en ese entonces por Jorge Perdomo, fue multada por $25.000 millones. Sin embargo, esa sanción fue apelada y falló a favor de la Dimayor.Ahora, hay una nueva instancia en el Consejo de Estado porque Claro argumenta que en su caso no hubo una adecuada investigación.Blog Deportivo conoció que, en otro punto que se trató este martes, se habló de solicitar un importante crédito con un banco y parte de ese dinero desembolsado sería para el caso del operador de televisión.¿Qué dice el expresidente de Dimayor?Jorge Perdomo, quien fue el presidente de la Dimayor cuando ocurrió este caso, comentó en Blog Deportivo que le sorprende la noticia de que este tema esté nuevamente en la mesa de la asamblea. Además, recordó cómo se recuperó ese dinero.“Eso fue el 3 de diciembre del 2015, recién posesionado yo como presidente de la Dimayor. Recibí la notificación del auto donde nos condenaba por 25.000 millones de pesos y que, efectivamente, fue pagada y le generó muchas dificultades de caja en ese momento, pero también recuerdo que impugnamos ante el Consejo de Estado, que tumbó el auto y nos devolvieron el dinero en junio del 2018”, detalló Perdomo.El exdirigente manifestó que no conoce cuál es la actualidad del caso, pero pensó que “estaba totalmente cerrado”, pues el dinero había sido devuelto a los clubes.
Este lunes, 6 de diciembre, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo el expresidente de Dimayor Jorge Perdomo, quien habló sobre el escándalo que sacude al fútbol colombiano por el presunto amaño en el juego entre Llaneros y Unión Magdalena cuyas imágenes le han dado la vuelta al mundo. Cabe recordar que Perdomo era presidente de Dimayor cuando se firmó un acuerdo entre la Fiscalía y la entidad que maneja el fútbol colombiano para evitar que las apuestas y agentes externos influyeran en el resultado de los partidos. Sin embargo, dicho acuerdo fue abolido en asambleas posteriores.“Al interior de la Dimayor teníamos evidencias que el fútbol estaba siendo perturbado por apuestas a nivel internacional, entonces buscamos con el fiscal y Acolfutpro crear unas medidas en donde la Fiscalía se comprometía a crear un cuerpo especializado para investigar todos los amaños en el fútbol y estábamos preparando, con base en la legislación española, poder tipificar estas conductas que están dañando la industria”, dijo.Le puede interesar: Deportes, series y entretenimiento: clic aquí y suscríbase a Star+Perdomo aclaró que este acuerdo no fue del agrado de algunos presidentes y por eso lo tumbaron en una asamblea de Dimayor.Sobre el partido en mención, Perdomo enfatizó en decir que “no sé si sentir frustración, vergüenza o las dos. Lo que vimos ayer es evidente y después escuchar las declaraciones del dueño del Magdalena de que ahí no pasó nada, cuando todo el mundo lo reconoce y es evidente, me parece que ese partido terminó siendo apañado, lamentablemente”, puntualizó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
En entrevista con Blog Deportivo, Jorge Perdomo, ejecutivo de Claro, habló de cómo los amantes del fútbol colombiano podrán disfrutar de los partidos de este domingo 18 de abril.“A través de Claro Media la liga colombiana va a transmitir el previo a partir de las 3:15 de la tarde. Millonarios vs. Deportivo Cali por el canal Red +, por la frecuencia 107 y 1007, esto es el analógico y el HD”, expresó Jorge Perdomo.Además de esto, informó que el partido Equidad vs. Santa Fe por el canal InfoClaro, estaría por la frecuencia 1001 en HD.“El partido del Atlético Nacional vs. Patriotas, por Claro Sport 2, que la frecuencia sería 503 y el 1503. Eso es y los suscriptores de Claro los tendrán disponibles para que los vean a través de nuestra plataforma”, agregó Jorge Perdomo, ejecutivo de Claro.Escuche la entrevista completa:
A pesar de que para este martes estaba programada la audiencia de solicitud de preclusión de la investigación que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno y fraude procesal, esta no se pudo adelantar debido a que la exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, Deyanira Gómez, y el periodista Gonzalo Guillén se presentaron pidiendo ser acreditados como víctimas en el proceso.Miguel Ángel del Río, abogado de Deyanira Gómez, solicitó a la juez 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, que su clienta sea reconocida como víctima porque asegura que sufrió un daño irreparable “con ocasión a la investigación que se sigue en contra del imputado”, es decir, contra el expresidente. Esto, teniendo en cuenta que vive en el exilio por cuenta de amenazas en su contra y de su familia.Incluso, dijo Del Río, que la Corte solicitó al entonces director de la UNP protección para Deyanira por el riesgo que podría correr su vida por cuenta de la colaboración que había brindado a la justicia. Esto, según del Río, sumado al daño patrimonial que habría sufrido por las medidas impuestas a la polémica finca La Veranera, en Risaralda, que, supuestamente, hizo parte de una herencia que recibió.Por su parte, el abogado Roberto Rodríguez, quien representa al periodista Gonzalo Guillén, también pidió que su cliente sea reconocido como víctima porque, dijo, fue mencionado en por lo menos 54 veces en el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente, sobre todo, en una diligencia ante el alto tribunal por parte del abogado Jaime Lombana, quien aseguró que Guillén “era pago por el empresario Carlos Mattos, que era un bandido y una persona siniestra del periodismo colombiano”.A pesar de los argumentos de ambos abogados, el fiscal del caso, Gabriel Ramón Jaimes, se negó a la solicitud, dijo que es improcedente y que no se cumplen los requisitos para que sean reconocidos como tal.“Se considerarán víctimas las que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto, dicho daño debe ser real y concreto y no necesariamente de contenido patrimonial. Bajo esa perspectiva la Fiscalía estima que en el caso de la señora Gómez y del señor Guillén no se cumplen los requisitos señalados”, dijo el delegado del ente acusador.El Ministerio Público y Jaime Granados, abogado del expresidente, estuvieron de acuerdo con la postura de la Fiscalía y solicitaron que no sean acreditados como víctimas.“Si las personas que acuden se consideran víctimas, pero no por estos delitos sino por otras circunstancias serán y deberán ser consideradas como víctimas dentro de las actuaciones penales que se adelanten en relación contras actividades investigativas”, dijo el delegado de la Procuraduría.Por otro lado, las víctimas que han venido actuando en el proceso: el exfiscal Eduardo Montealegre, su exvicefiscal Jorge Perdomo y el abogado Reinaldo Villalba, que representa al senador Iván Cepeda, pidieron que la juez que reconozca como víctima a Deyanira Gómez.“Cuando se habla de daño, se habla de cualquier tipo de agravio que provenga de la conducta puño le que puede ser directo o indirecto como lo reconoció la Corte Constitucional, de manera que quien a este momento procesal, aunque fuese sumariamente, demuestre que con el delito que se investiga hubo un daño directo o indirecto le debe ser reconocido provisionalmente su condición de víctima”, dijo el exvicefiscal Perdomo.Después de escuchar a todas las partes, la juez 28 de conocimiento de Bogotá tomó la decisión de suspender la diligencia hasta el próximo viernes a las 8:00 de la mañana, día en el que se pronunciará sobre si Gómez y Guillén deben ser reconocidos o no como víctimas.Después de esta primera decisión, será la oportunidad para que la Fiscalía presente la solicitud de preclusión de la investigación que se llevan contra el expresidente Uribe, como presunto responsable de los delitos de soborno y de fraude procesal.
Esta semana, la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó al exdirector de la Policía el general (r) Rodolfo Palomino por, supuestamente, usar sus influencias para evitar una orden de captura contra el empresario Luis Gonzalo Gallo, investigado por concierto para delinquir, lavado de activos y desplazamiento forzado en Córdoba. Sin embargo, el proceso fue más allá y ahora se deberán investigar las actuaciones del exfiscal Eduardo Montealegre y a su exvicefiscal Jorge Perdomo, en el caso.La fiscal Sonia Velásquez, que investigaba a Gallo, asegura que el general Palomino, supuestamente, la presionó para evitar la captura de Gallo. Incluso, al parecer, la fiscal que era su superior, Gina María Cabarcas, le dijo que el exfiscal Montealegre y su ex vicefiscal no querían que se dictara orden de captura contra Gallo, sino indagatoria.Por los hechos, la Fiscalía compulsó copias para que se investigue si esto es cierto y se investiguen las actuaciones del exfiscal Montealegre, su ex vicefiscal Perdomo, de la fiscal Gina María Cabarcas y del entonces director de la DIJIN de la Policía, Jorge Eliécer Rodríguez.
A través de un comunicado de prensa, el exfiscal Eduardo Montealegre y su ex vicefiscal Jorge Perdomo anunciaron que solicitarán ser acreditados como víctimas en el proceso que lleva la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.“Somos víctimas –otras más– de la maquinación tejida por Uribe Vélez, consistente en armar hechos absolutamente falsos –presuntamente delictivos– con la finalidad de involucrarnos en actividades ilegales que, jamás, hemos realizado. Con ese artificio, diseñado para ser presentado en varios escenarios –Corte Suprema, Fiscalía, Jueces– no solo trató de engañar a la justicia, sino que nos colocó en grave riesgo, fabricando infundadas y tenebrosas mentiras que se expusieron ante la Corte Suprema y ante la Fiscalía General de la Nación”, dice el comunicado.Le puede interesar: Piden a magistrado de caso Uribe aclarar contratos con gobierno SantosEsto, porque, según manifiestan, el expresidente Uribe, dentro de la actuación realizada en la Corte, cometió delitos conexos con el fraude y el soborno por el cual está detenido.“Presentó –además de los otros, por los que se le privó de la libertad– testigos falsos, que dijeron mentiras sobre un supuesto complot orquestado desde la Fiscalía (por nosotros). Es decir: no le bastó con sobornar testigos contra el senador Iván Cepeda, sino que, también, orquestó fraudes que afectan nuestra integridad ética y personal. ¿Con que finalidad? Para ocultar delitos pasados (conexidad consecuencial) y para inducir en error a la Corte Suprema (conexidad teleológica). Todo el contexto de maquinación utilizado en el proceso donde es víctima Iván Cepeda tuvo como parte del plan delictivo involucrarnos en delitos que nunca hemos realizado. Estas conductas no pueden ser fraccionadas. Constituyen un todo que, debe ser investigado en el mismo proceso”, puntualiza.Algunos de los supuestos testigos falsos del expresidente, que señala el exfiscal Montealegre, son la exfiscal Hilda Niño Farfán y el exparamilitar Juan Carlos alias ‘Tuso’ Sierra.Niño afirmó en su momento que, durante la administración de Montealegre, se constituyó una “asociación criminal” para buscar pruebas contra el hermano del expresidente, Santiago Uribe, investigado por hacer parte, presuntamente, del grupo paramilitar los doce apóstoles. El ‘Tuso’ Sierra afirmó que, supuestamente, Montealegre había enviado a un periodista a ofrecerle dinero para que declarara en contra del expresidente y de su hermano.“Ambos testimonios fueron desvirtuados –son falsos– por la honorable Corte Suprema de Justicia. Además, en el caso de la señora Niño Farfán fueron desechados también por la Fiscalía –cuando buscaba beneficios por colaboración– ante la poca credibilidad que prestaban sus afirmaciones. En la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, la alta corporación explicó cómo ha sido el modus operandi de Uribe Vélez para lograr impunidad. Patrones que, repite el “presidente eterno”, al configurar él un montaje judicial en contra nuestra”, explica el comunicado.En segundo lugar, advierten que, como víctimas, acudirán a las audiencias que solicitará la defensa para oponerse a que se decrete la libertad del expresidente Uribe.Lo anterior, bajo el argumento de que, además de la prueba de su supuesta responsabilidad expuesta por la Corte Suprema, “constituye un peligro para la sociedad y puede obstruir la investigación”.“La evidencia es fácil: mirar los patrones de conducta que ha mostrado a lo largo de su “tenebrosa” carrera política: vínculos familiares con el narcotráfico y el paramilitarismo; intervención en crímenes de guerra y de lesa humanidad; campañas permanentes de deslegitimación a la justicia; propaganda y discursos incendiarios contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y gente humilde asesinada que, según él, “no estaban propiamente cogiendo café” –así justificó los falsos positivos– entre otros”, puntualiza el comunicado.Finalmente, anuncian que solicitarán a la Fiscalía que se programe una audiencia de imputación de cargos contra la exfuncionaria Hilda Niño Farfán por haber servido, supuestamente, de instrumento para la comisión de los delitos de fraude procesal “cometidos por Álvaro Uribe y su defensa. También se pedirá, próximamente, que se impute al narcotraficante alias ‘Tuso’ Sierra”.
El exfiscal Eduardo Montealegre y el ex vicefiscal Jorge Perdomo anunciaron que este martes presentarán, ante la Corte Suprema de Justicia, una denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe, por su presunta responsabilidad en los crímenes perpetrados en las poblaciones de El Aro y La Granja, en 1996 y 1997.La denuncia se hará por los delitos de homicidio en persona protegida, lesiones, actos de terrorismo, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado.En un extenso comunicado el exfiscal Montealegre planteó 20 argumentos para hacer la denuncia.Dijo, en primer lugar, que a Uribe, entonces gobernador de Antioquia, se le atribuyen estos delitos, supuestamente, a título de autor, en comisión por omisión.“A pesar de que Álvaro Uribe conocía que estas poblaciones estaban bajo riesgo de ataque, no tomó las medidas necesarias y efectivas, para evitar las atrocidades que allí ocurrieron”, dijo el exfiscal a través de un video.En segundo lugar dice que, en repetidas ocasiones, el reconocido defensor de derechos humanos-un gran hombre- Jesús María Valle, le advirtió al exmandatario, sobre el riesgo e inminencia del ataque paramilitar en la zona de Ituango, y le solicitó protección urgente. Así consta en sus declaraciones, y en una denuncia presentada ante la Procuraduría.“No por el simple hecho de haber ocupado el cargo de gobernador se le imputan estos crímenes a Álvaro Uribe. Su responsabilidad se deriva del conocimiento previo que tenía del riesgo, y de su renuncia a tomar medidas realmente efectivas. Lo que hizo Uribe, ante las denuncias de Jesús María Valle, fue un simulacro de actuación; una farsa, para aparentar una protección que nunca llegó”, añade.Según Montealegre, tiene pruebas de que la comisión convocada por el entonces gobernador Uribe, en ese momento, se limitó a verificar los hechos denunciados, pero no ejecutó acciones reales y eficientes en favor de la población de Ituango. La remisión de las denuncias tampoco produjo una respuesta efectiva para salvar la vida de los pobladores de la zona.“En todo caso, resulta irrelevante que existan bitácoras de vuelos de los helicópteros de la Gobernación, pues, a Álvaro Uribe, conforme a nuestro análisis, no se le acusa-por ahora-, de haber contribuido material o intelectualmente en la ejecución de los hechos, ni determinador de los mismos. Lo que se le imputa, es el incumplimiento de sus deberes de protección, como garante de los habitantes de Ituango”, puntualizó.Incluso, recuerda el exfiscal que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia, por encontrarla responsable de las masacres de Ituango.“El órgano judicial comprobó que, las autoridades del departamento tenían pleno conocimiento, sobre el riesgo de una incursión paramilitar en el territorio. Por consiguiente, declaró que el Estado colombiano, violó los derechos de todos los pobladores de La Granja y El Aro, al no haber tomado las acciones adecuadas para proteger a sus comunidades. También, la Corte Interamericana le exigió al Estado colombiano, investigar y judicializar los responsables de las violaciones cometidas. Si no se investiga a fondo la responsabilidad de Álvaro Uribe, Colombia estaría incurriendo en un ilícito internacional: violación de las obligaciones de protección y garantía, derivados de tratados sobre derechos humanos, vinculantes para el país”, argumentó.Aquí están otros argumentos del exfiscal1)) Álvaro Uribe conoció de manera directa, la necesidad de adoptar medidas para garantizar la vida e integridad de la población civil amenazada. Sin embargo, no tomó ninguna medida efectiva de protección, aun cuando era previsible un grave riesgo.2)) Esta denuncia- por ahora- tampoco pretende demostrar la responsabilidad penal, por una supuesta complicidad entre Uribe y los paramilitares. Basta con demostrar su omisión, en la protección efectiva de la población en riesgo.3)) En su calidad de Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe tenía el deber de proteger a la población civil y evitar la comisión de las masacres. Por ejemplo: en el caso de Mapiripán, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, concluyeron lo siguiente: cuando un servidor público incumple con sus deberes de protección a la población civil, debe responder penalmente, como autor, por los hechos de los paramilitares. Esta estructura de imputación, le es aplicable a Álvaro Uribe Vélez. Es en este giro, donde está la novedad del enfoque que presentamos: en atribuirle una omisión punible. Constituye un aporte significativo a la investigación, que producirá un cambio sustancial en la imputación y su prueba.4)) Toda la estructura y análisis de la denuncia contra Álvaro Uribe, tiene tres fundamentos principales- pruebas contundentes contra él- : (i) las advertencias que, en su momento, realizó el destacado defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, sobre la inminencia de las masacres; (ii) la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Masacres de Ituango vs. Colombia, donde se probó la omisión del Estado; es preciso reiterar que, en la fecha de los hechos, Uribe era el Gobernador de Antioquia; y, (iii) Un análisis de contexto, que muestra las vinculaciones de la familia Uribe-Vélez con sectores del narcotráfico en Antioquia; la obstaculización permanente a las investigaciones, y, la vinculación de Uribe Vélez, y su entorno, con el paramilitarismo. Uribe fue la culminación del proyecto paramilitar en Colombia.La denuncia no tiene evidencias nuevas. Todas están, en los diversos procesos fallados por la justicia internacional ( Corte Interamericana ) y nacional, y, en los debates parlamentarios que en su momento, hicieron destacados congresistas como Ivan Cepeda y Gustavo Petro. También, en muchas entrevistas y artículos del periodismo independiente en Colombia, como Daniel Corronell, Noticias Uno, entre otros. Lo que hacemos, es darle una nueva lectura a lo existente, haciendo una reconstrucción de lo que se ha dicho en múltipes escenarios.10)) También, nos apoyamos en la excelente decisión de la Sala Especial de Justicia y Paz -Tribunal Superior de Medellín- que compulsó copias para que se investigara a Álvaro Uribe. Este Tribunal evidenció que, durante la masacre, la Gobernación de Antioquia estaba informada de lo que sucedía en El Aro.11)) En nuestro análisis de contexto, se demuestra que las masacres ocurridas en el departamento de Antioquia, durante la administración de Uribe, tuvieron un incremento exponencial. En el documento se expone cómo, la habilitación de las Convivir, pudo disfrazar un proyecto paramilitar y violador a los derechos humanos. Uribe engañó al país, a la Corte Constitucional y a la Procuraduría de la época- que dieron luz verde a la posibilidad de estas organizaciones-al ocultarles el verdadero propósito: disfrazar el paramilitarismo a través de asociaciones aparentemente lícitas. Concretamente, acreditamos ante la Corte Suprema de Justicia, la existencia de múltiples declaraciones que vinculan a Álvaro Uribe con el paramilitarismo.12)) Esta denuncia desvirtúa las recientes declaraciones de Uribe, quien pretende disimular su responsabilidad con aparentes actos de diligencia, como la comisión que viajó a Ituango. El defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, posteriormente asesinado, declaró que las supuestas medidas de Uribe fueron una farsa; entre ellas, la creación de dicha comisión.13)) La denuncia pone en evidencia el modus operandi de Álvaro Uribe, orientado a obstaculizar la justicia y, a impedir que se conozca la verdad. Coincidencialmente, encontramos testigos manipulados, amenazados y muertos.14)) A la luz del derecho nacional e internacional, existen bases teóricas suficientes, para afirmar que la Corte Suprema de Justicia no pierde competencia, para conocer los delitos de lesa humanidad, ni tampoco, de los delitos comunes conexos -fraude procesal y soborno en actuación penal- por los que actualmente se le cuestiona. Razones: (i) Los delitos conexos, con crímenes de guerra y lesa humanidad, también adquieren esta característica. (ii) Del “bloque de constitucionalidad” surge una obligación: investigar con eficiencia, las graves violaciones a los derechos humanos. Deber que se incumple, si el “hecho total” que caracteriza los delitos de sistema, se fracciona. (iii) Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, a gran escala, supone desvertebrar las estructuras que realizan estos hechos. Tarea que es imposible llevar a cabo, si las investigaciones se atomizan. (iv) Los delitos de soborno y fraude procesal que se imputan a Álvaro Uribe, se realizaron para ocultar los delitos de lesa humanidad cometidos como Gobernador. (vi) La Corte Suprema ha dicho que, se mantiene la competencia en la alta corporación- a pesar de la renuncia al Congreso-, cuando los hechos se cometieron en el pasado, pero, se proyectan durante las actividades de senador o representante. Esto fue lo que hizo Álvaro Uribe: como Gobernador incurrió en graves violaciones a los derechos humanos, que quiso ocultar como Senador. (vii) Las disposiciones de la Constitución no pueden interpretarse literalmente. La teoría moderna exige que, los textos de la carta se interpreten bajo el entendido de armonizar todos los valores y principios; de tal forma que, el reconocimiento de uno de ellos no implique el sacrificio injustificado de otros. (viii) La renuncia al senado, en este contexto, es un fraude a la Constitución: se realiza, para obstaculizar el avance de las investigaciones de la Corte. La supuesta imparcialidad y violación de garantías, no existe. (ix) Entre los delitos de lesa humanidad y el soborno, hay “unidad natural de acción”. Desvincularlos, implica, un gran obstáculo para la preservación del derecho a la verdad,que tienen las víctimas. (x) Los crimenes de guerra imputables a Uribe, tienen conexidad con las actuaciones –ilícitas- realizadas como senador: hay dos cadenas finalísticas, nacidas independientemente, que luego convergen en un designio común: lograr la impunidad.15)) Señalamos que, cuando hay conexidad entre los delitos de lesa humanidad y los delitos comunes, como el soborno, se amerita la unidad procesal y un estudio en contexto de la comisión de estos crímenes. Se aprecia que, si los delitos de lesa humanidad no se hubiesen llevado a cabo en los años noventa, los delitos de soborno y fraude procesal, no se hubieran cometido. De modo que, están subordinados en cierta forma. La participación consciente de Álvaro Uribe Vélez se produce, por el hecho de haber rehusado evitar, la comisión de los crímenes de lesa humanidad; conducta que se extendió, mediante las prácticas de ocultamiento que realizó durante muchos años, y, que se proyectaron en comportamientos punibles (soborno y fraude), como senador de la República. Esto parece suponer, unidad de designio y una contribución a la realización de estos graves delitos.16)) La ruptura del contexto en esta investigación, implicaría una violación al derecho internacional de los derechos humanos. En este caso, todos los delitos deben ser investigados ante la Corte Suprema de Justicia y, no es posible, romper esta unidad. Aunque haya renunciado a su cargo como Senador de la República, la Corte conserva su competencia. Parece que, en ejercicio de las funciones de su cargo, Álvaro Uribe Vélez realizó intervenciones en debates de control político, relativas a las declaraciones de testigos, y empleó a los miembros de su UTL, para la gestión de testimonios. Con esto, posiblemente se emplearon recursos públicos, representados en los salarios de sus empleados, para las técnicas de ocultamiento de los delitos. ¿Peculado?17)) Esta denuncia también expone, que impedir un análisis en contexto, supone una restricción injustificada a los derechos de las víctimas; ciudadanos que soportaron graves violaciones a sus derechos humanos, como parte del ataque sistemático y generalizado que se realizó en en su contra; ataques que favoreció Álvaro Uribe, con sus omisiones punibles.18)) Solicitamos a la Corte que utilice la metodología de investigación en contexto, para aclarar los siguientes hechos: (i) los vínculos de la familia Uribe Vélez con el narcotráfico; (ii) los cuestionamientos sobre el helicóptero de la familia, que terminó en Tranquilandia; (iii) la venta de la finca Guacharacas, a personas con graves imputaciones, sobre actividades al margen de la ley; (iv) las licencias otorgadas a narcotraficantes, expedidas por Uribe como director de la Aerocivil; (v) la toma del Congreso por los paramilitares en la época de su mandato; (vi) las relaciones incestuosas entre el DAS y el paramilitarismo, y, (vii) la dudosa fortuna de los Uribe Vélez y su entorno familiar, entre otros. ¿Cómo explicar la inmensa fortuna de Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido, durante gran parte de su vida, servidor público?19)) Pedimos constatar probatoriamente, los vínculos de la familia Uribe Vélez y parte de su entorno, con organizaciones del narcotráfico y grupos al margen de la ley. No podemos olvidar que, el padre de Uribe Vélez era un caballista muy cercano al cartel de Medellín. ¿Heredó Álvaro Uribe Vélez, un patrimonio proveniente de negocios con personas vinculadas al narcotráfico? Esta prueba es fundamental, para la construcción del contexto; el paramilitarismo surgió de una alianza de terratenientes con el narcotráfico. Si conocemos las lógicas y estructuras de las organizaciones que realizan violaciones a los derechos humanos, podemos leer correctamente, las conductas de Álvaro Uribe Vélez. Estamos frente a delitos de sistema, que implican investigar el “hecho total”. No es posible hacer investigaciones individuales, sin hacer conexión con todas las situaciones que dieron lugar al ataque sistemático y generalizado a la población civil.Solo lograremos afianzar la paz de Colombia, cuando Álvaro Uribe Vélez se desmovilice, y la justicia establezca, la responsabilidad que le incumbe por todos los delitos que cometió durante su larga carrera política. Uribe, es un criminal de guerra.
Jorge Fernando Perdomo, presidente del Huila, habló en Blog Deportivo acerca del incumplimiento del Genoa en los pagos por el jugador Kevin Agudelo, quien en los últimos días fue cedido para jugar en Fiorentina.“No es solo el desconocimiento sobre del valor que nos reservamos en los derechos de transferencia y de propiedad del jugador, sino que en el convenio que se hizo por parte del Huila en la transferencia al Genoa”, explicó Perdomo.Lea acá también: Los máximos goleadores colombianos en la historia de la Serie ASegún el dirigente del equipo opita, “se habían pactado el año pasado dos pagos: uno el 31 de octubre y otro el 31 de julio, sobre el cual no se ha recibido ni un solo euro, eso significa que Genoa ha incumplido con sus obligaciones”.“Estamos poniéndonos en contacto con nuestros abogados para adelantar las acciones legales pertinentes ante FIFA”, añadió.Sobre el mediocampista Andrés Felipe Amaya confirmó que su salida del equipo es inminente.“Estamos muy cerca, no solo Portugal, también tenemos una oferta de la MLS y de un equipo brasileño, esperamos en los próximos 20 días tener finiquitada esa transacción”, reveló.
El ex vicefiscal Jorge Perdomo hizo dos solicitudes en la Fiscalía con relación a la supuesta red de corrupción que cobraba a procesados, como el exsenador Otto Bula, a cambio de ayudarlos en procesos de extinción de dominio. Por los hechos, la Fiscalía capturó a Alfredo y Carlos Mendoza Fortich y a Érika Tatiana Riveros, funcionaria de la entidad.En primer lugar, Perdomo ya radicó una solicitud formal para constituirse como víctima en el proceso pues asegura que los hermanos Mendoza usaron su nombre para extorsionar a procesados.Vea también: Interceptaciones y una consignación: pruebas por corrupción en Extinción de DominioExplicó que la única relación que tuvo con ellos fue porque lo contactaron con el exsenador Bernardo ‘El Ñoño’ Elías para que lo defendieran, pero que eso nunca se concretó porque la cotización se salía del presupuesto del procesado.Perdomo también denunció a los hermanos Mendoza Fortich por extorsión, constreñimiento ilegal, estafa, injuria agravada, calumnia agravada, concierto para delinquir, concusión, cohecho, falsa denuncia, y tráfico de influencias.El ex vicefiscal pide que se investigue a fondo en qué otros procesos pudieron haber participado y que hayan puesto en tela de juicio su nombre.El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reveló que hace un año investigaban el caso en conjunto con el gobierno americano y que actualmente, se investigan todos los nombres que mencionó Bula en su denuncia.Sin embargo, qué hasta ahora, solo encontraron mérito para llamar a responder a la justicia por los hechos a los tres capturados.
Tras seis meses de su polémica salida de la Dimayor, Jorge Perdomo rompió su silencio. En entrevista con Blog Deportivo, el expresidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano habló de cómo se ha convertido en “una piedra en el zapato” para las actuales directivas del ente, el caso de corrupción por reventa de boletería y el canal de TV premium.Perdomo dijo que “las últimas conquistas o logros que ha tenido la Dimayor” se originaron en su administración, como “el fútbol profesional femenino, haber recuperado los $25.000 millones que nos generó una condena en un laudo arbitral”.Agregó que salió de la Dimayor por su “firme decisión de no conectar con ciertas conductas que encontraba como incompatibles con el fútbol colombiano”, en referencia a señalamientos contra algunos directivos de recibir coimas de la Conmebol para, posiblemente, “guardar silencio sobre los hechos de corrupción de la Conmebol, donde todos los directivos del fútbol suramericano están respondiendo ante la justicia norteamericana”.Por otro lado, respecto a la investigación contra la Federación Colombiana de Fútbol por reventa de boletería para partidos de la Selección Colombia en Eliminatorias, Perdomo dijo que en su momento denunció el hecho porque “tenía la obligación de poner en manos de la justicia los hechos que rodearon ese contrato” y reveló que fue “un dirigente” quien le dijo “cómo se movió turbiamente esa adjudicación".“No podía conectar con esos hechos. Es mi premisa que donde uno esté demuestre honestidad”, añadió al aclarar que en su momento fue invitado por la Fiscalía para entregar información sobre el contrato de adjudicación de boletería a Ticketshop.Por eso mismo, agrega, “era una piedra en el zapato” para algunos dirigentes del fútbol colombiano, que incluso lo señalaron de “no haber sido capaz de manejar estos hechos en cuatro paredes, pero en cuatro paredes están quienes le fallaron al fútbol respondiendo ante la justicia americana”.Así mismo, dijo Perdomo que tras su salida de la Dimayor se fue “tranquilo y con la satisfacción del deber cumplido”, pues asegura que los hechos demostraron que fue “un presidente capaz y eficiente en generar las transformaciones”.El exdirectivo también se refirió a que, pese al título del Atlético Huila femenino por primera vez en la Copa Libertadores, la liga profesional femenina pasa por una difícil situación que pone en duda su continuidad para el 2019.En ese sentido, “expresó que “como política de equidad de género se creó la Liga Profesional Femenina inicialmente con 18 equipos (…) no había recursos cuando se creó el torneo sub-20, pero del cuero salen las correas”.Por eso, dice que cuando se anuncia “que no hay recursos, es más bien gestión y capacidad de lograrlo. El dinero se puede encontrar en la FIFA o la Conmebol, se logra golpeando puertas”.Sobre la aprobación de un canal de TV premium para la Liga Águila, dijo que este proyecto dejará a los clubes “mucho dinero a partir de que entre en operación el año entrante”, una iniciativa que se gestó durante su administración, como aclaró él mismo.
Por la celebración de sus 10 años, la Fundación Renault anunció que invertirá 1.300 millones de pesos durante 2024 en proyectos sociales, cifra que contará con recursos de la fundación de la casa matriz en Francia.Una de los proyectos será en asocio con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el que trabajarán para brindar oportunidades de educación, capacitación y acceso a oportunidades laborales a 850 refugiados y migrantes que han sido forzados a abandonar sus hogares y que encontraron una segunda oportunidad en las regiones de Antioquia, el Eje Cafetero y La Guajira.De otro lado, entregarán 250 bicicletas en La Guajira a mujeres emprendedoras en situación de vulnerabilidad, quienes estén impulsando sus proyectos productivos, esto como parte del programa “Te llevo con el corazón” y World Bicycle Relief. “El programa del ACNUR es destinado a Eje Cafetero, Antioquia y La Guajira con un foco en Antioquia que es donde tenemos una gran comunidad de migrantes venezolanos. Entonces ese programa es destinado principalmente para Antioquia”, manifestó Ariel Montenegro, presidente de Renault Sofasa.Otra de las actividades de la fundación será en noviembre de este año, donde se realizará una carrera para recaudar fondos para sus proyectos sociales de becas y educación superior, con epicentro en Envigado por ser precisamente el municipio donde opera Renault Sofasa en Colombia.Montenegro destacó otros programas sociales con especial atención en el departamento de Antioquia, dentro de los cuales está “La Calle y yo”, el cual está enfocado en la sensibilización desde la pedagogía sobre la seguridad vial en las calles, abarcando a todos los actores viales y dando un enfoque prioritario a la niñez. Desde su creación hace 10 años, 2.500 beneficiados han usado el material pedagógico, que actualmente implementa la Secretaría de Movilidad de Envigado, impactando a más de 15.000 estudiantes“Luego, por supuesto, nuestros programas habituales de la Fundación Renault, como el programa de becas Germán Camilo Calle, es un programa que ya tiene 48 beneficiarios y tenemos asociación con 7 universidades en 6 ciudades, pero el principal cupo de beneficiarios está en Antioquia, donde buscamos acompañar estudiantes que tienen los méritos, tienen la intención, pero no tienen capacidades de pago”, detalló Montenegro.
En la tarde de este jueves, 18 de abril, se presentaron fuertes lluvias en la capital. Durante varios minutos cayó un aguacero en diferentes partes de Bogotá, generando congestiones en algunas vías de la ciudad.En varios videos que circulan en redes sociales se ve cómo las lluvias congestionaron algunas vías de la capital, pero también publicaciones de los ciudadanos celebrando el aguacero en la ciudad en medio del fenómeno del El Niño por el que está pasando el país. Sin embargo, vale recordar que lo más importante, en este momento, es que llueva en los principales embalses del país y las fuentes hídricas que los alimentan para que así no haya un riesgo de suministro de energía y no se presente escasez de agua.Esta lluvia en Bogotá, de acuerdo con el Sistema de Alerta de Bogotá, se presentó en las localidades de Engativá, Suba y Fontibón. Al igual que se espera que en la tarde - noche se expanda las zonas en las que se puedan registrar lluvias en la capital.
Los bajos niveles en los embalses del país y el estrés del sistema energético, sumado a las lluvias de abril que no llegaron, ni llegarán, según los últimos reportes del Ideam, llevaron al Gobierno nacional a, finalmente, tomar decisiones para intentar enfrentar el fenómeno de El Niño.En medio de la conmemoración número 73 del aniversario del comando general de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro anunció que se decretaría día cívico el viernes 19 de abril, esto para reducir el consumo de energía y agua, y evitar el riesgo de racionamiento.El decreto que revelará cómo funcionará esta medida aún no ha sido publicado, sin embargo, se sabe que la medida aplicará para colegios públicos y privados, universidades y entidades del estado, en todas estas no habrá ni clases, ni trabajo, pero además la medida se extiende, según el decreto, a todos los días 19 de cada año, funcionando así:Esta será una decisión que depende, en el caso de las empresas privadas, del empleador. "Se exhorta a las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, a los entes autónomos y a las ramas del poder legislativo y judicial, y a la ciudadanía en general a acoger lo dispuesto en el presente decreto, siendo autónomas en decidir si otorgan como día no hábil el tercer viernes del mes de abril de todos años, empezando el 19 de abril del 2024, para conmemorar el día cívico de la paz con la naturaleza".Adicionalmente, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los bogotanos para que voluntariamente este fin de semana salgan de la ciudad a otras zonas con cuencas hidrográficas distintas, esto para disminuir la presión de consumo sobre los embalses que garantizan el recurso en la capital y que hoy nuevamente bajaron a un 20,75 %. Están a punto de llegar las lluvias. “Tratemos de pasar juntos la emergencia sin racionamientos”, escribió el presidente Petro.
Visiblemente preocupado se mostró desde Barranquilla Carlos Mario Caro, Gerente General de ISA Intercolombia, quien adviritó que dos proyectos de vital importancia para la interconexión del país no cuentan con estudios de impacto ambiental por las condiciones de reserva forestal que, en estos momentos, enfrenta nuestro país.El primero de ellos corresponde al proyecto de interconexión Colombia-Panamá, donde se tiene una dificultad ambiental por la ampliación de un santuario ubicado en el territorio nacional y que, según advirtió, no ha permitido cerrar el estudio de impacto ambiental que estaría relacionado con el cable submarino que debe ir hacia Panamá."Tenemos una dificultad ambiental en un santuario que hay en la zona de Colombia, el cual lo ampliaron diferente a lo que estaba predestinado, lo que no nos ha permitido cerrar el estududio de impacto ambiental por el cable submarino que debe ir hacia Panamá", explicó Caro. Otro de los proyectos tiene que ver con el sistema de interconexión Sogamoso-La Loma, cuyo estudio de licencia ambiental también se encontraría en ‘stand bite’ por las condiciones de reserva forestal y las crisis de energía que actualmente vive el territorio nacional. Producto de ello, en el sitio se tienen materiales, herramientas y hasta proveedores que se encuentran atados “de manos y pies” porque no cuentan con la autorización para echar adelante el proyecto que busca conectar el norte con el oriente del país. Caro aseguró que aunque el ministerio de Ambiente tiene desde hace dos años la petición de dar agilidad a dichos estudios, los plazos de ejecución llevan casi cuatro años en retraso, siendo este un proyecto vital que, inclusive, ayudaría a impulsar a Colectora, del Grupo Energía Bogotá. "En este momento, por la situación de reserva forestal, no hemos podido sacar adelante el estudio de impacto ambiental. El ministerio de Ambiente tiene desde hace dos años la petición, pero llevamos más de cuatro años de retraso en este, un proyecto de vital importancia para conectar el norte con el oriente del país", dijo. Por su parte, desde ISA Intercolombia hicieron un llamado para trabajar “en conjunto” con el Gobierno nacional y que los proyectos de energías no convencionales, a propósito del 7mo Encuentro y Ferias Renovables en Barranquilla, salgan adelante, sobre todo, en el departamento de La Guajira.Esto, con el fin de sumar esfuerzos en cuanto a la puesta en marcha de otros proyectos de repotenciación de las subestaciones para garantizar sistemas “más resilientes", que se conecten de manera más rápida.
Este jueves, 18 de abril, se llevó a cabo el sorteo del chance Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más famosos de Colombia, y al igual que Super Astro Sol, se juega diariamente.El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 10:50 de la noche, mientras que los domingos juega a las 8:30 de la noche y cuenta con tres oportunidades de ganar con una misma apuesta.Plan de premios Super Astro Sol y Super Astro Luna4 cifras + signo = Paga $42.000 veces lo apostado3 cifras + signo = Paga $1.000 veces lo apostado2 cifras + signo = paga $100 veces lo apostado.El acierto de las cifras es en estricto orden.El Super Astro Luna es idéntico al Super Astro Sol, con la única diferencia que este último se juega de día.Conozca los resultados del último sorteo de Super Astro Luna de este jueves, 18 de abril: Dos últimas cifras:Tres últimas cifras: Cuatro cifras: Conozca todos los resultados de los sorteos anteriores de Super Astro Luna.¿Cuál fue el resultado de Super Astro Luna chance de ayer miércoles, 17 de abril de 2024?Conozca los resultados del último sorteo de Super Astro Luna de este miércoles, 17 de abril: 8171 - Sagitario