La Fiscalía General de la Nación radicó una nueva solicitud de audiencia de imputación contra José Antonio Salazar Ramírez, exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, por su presunta participación en decisiones relacionadas con el controvertido proceso de contratación de pasaportes durante el actual Gobierno nacional.
De acuerdo con la Dirección Especializada contra la Corrupción, el exfuncionario será llamado a responder como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito, en un expediente que se deriva de las actuaciones administrativas adoptadas tras la declaratoria de desierta de la licitación para la fabricación de pasaportes.
Según la Fiscalía, Salazar Ramírez estaría involucrado en la expedición de tres resoluciones emitidas en febrero de 2024, mediante las cuales fueron revocadas las decisiones adoptadas previamente por el entonces canciller Álvaro Leyva Durán, quien había declarado desierta la licitación pública para adjudicar el contrato de pasaportes, un proceso valorado en cerca de medio billón de pesos.
Para el ente acusador, dichas resoluciones permitieron restablecer el proceso licitatorio y posteriormente adjudicar el contrato a la única empresa que permanecía como postulante dentro de la convocatoria, es decir, Thomas Greg & Sons.
José Antonio Salazar fue declarado insubsistente en febrero de 2024. Su salida del cargo se produjo luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara públicamente su retiro mediante una publicación en la red social X, en la que hizo referencia a una supuesta traición por parte del funcionario.
De acuerdo con el sistema de reparto y la programación judicial, la audiencia de imputación contra el exsecretario general está prevista para el próximo 10 de junio, fecha en la que la Fiscalía expondrá formalmente los hechos y elementos de prueba que sustentan la investigación.
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Este proceso guarda relación con el expediente que ya enfrenta el excanciller Álvaro Leyva Durán. En diciembre de 2025, la Fiscalía le imputó el delito de prevaricato por acción por haber declarado desierta la licitación para la elaboración de pasaportes en 2023, pese a que la unión temporal conformada por Thomas Greg & Sons había obtenido la mayor calificación y, según la investigación, cumplía con los requisitos establecidos para la adjudicación del contrato.
Como resultado de ese proceso, la Fiscalía llamó a juicio a Leyva ante la Corte Suprema de Justicia, escenario en el que deberá responder por las decisiones adoptadas durante su gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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