La Fiscalía anunció este martes, 13 de diciembre, que abrirá una investigación de oficio por posibles irregularidades en contratos interadministrativos firmados por la directora administrativa del Senado de la República, que vincularían al actual presidente del Congreso, Roy Barreras.
El ente investigador busca indagar y esclarecer si hubo o no un delito en la firma de cuatro contratos en el Senado. Se trata de los convenios 784, 1561, 983 y 984, con el objetivo de seleccionar un ente público o mixto para contratación preferente.
El 784 del 26 de julio, fue suscrito con Impretics, la imprenta de la Gobernación del Valle, para suministrar “un sistema integrado de control de acceso para el Senado de la República”.
El 1561 del 30 de julio, viene desde marzo de 2022 cuando se ideó una “revolución tecnológica” mediante 25 pantallas digitales táctiles, de 1,60 metros de alto y 55 pulgadas, para la interacción entre senadores y con el público. Para este, se acogió la oferta de la empresa mixta Artics, en la que el socio mayoritario es de nuevo Impretics, la imprenta de la Gobernación del Valle, y el privado, Technology Solutions of America Colombia SAS.
El otro es el 983 del 5 de septiembre de 2022, para la “operación y producción de contenidos del Canal del Congreso de la República” por $8.159 millones con Dicitec, empresa de “infraestructura civil y servicios especializados de gestión para las regiones”.
Y, finalmente, está el 984, del 5 de septiembre de 2022, también con Dicitec por $2.101 millones para “preproducción, producción y postproducción de productos audiovisuales”.
La denuncia fue hecha por el economista Aurelio Suárez, quien aseguró que los convenios no cumplieron todos los requisitos legales y que al final hubo que seleccionar un ente público o mixto para esa contratación preferente, así no coincidiera con el objeto social.
El presidente del Congreso, Roy Barreras, respondió a través de su cuenta de Twitter asegurando que los convenios fueron legales y que la presidencia del Senado no tiene nada que ver con la parte administrativa. El legislador aseguró que no firmó ninguno de esos contratos e incluso en su defensa aseguró que tres de esos cuatro denunciados por Aurelio Suárez vienen de la presidencia de Juan Diego Gómez, su antecesor.
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