La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra ocho personas capturadas por su presunta participación en una red de corrupción judicial integrada por funcionarios del CTI, miembros de la Policía Nacional y exfuncionarios del Inpec y la Sijín. De acuerdo con el ente acusador, el grupo estaría involucrado en el cobro de sumas millonarias para direccionar procesos de lavado de activos y frenar actuaciones clave dentro de investigaciones penales en curso.
Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la fiscal del caso expuso el presunto modus operandi de la estructura ilegal, que habría exigido pagos que oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos al exnarcotraficante condenado Juan Carlos Ramírez, alias Manicomio, y a varios integrantes de su familia. A cambio, según la investigación, los implicados ofrecían manipular procesos judiciales, evitar órdenes de captura y bloquear medidas cautelares con fines de extinción de dominio.
La Fiscalía ha documentado, hasta ahora, hechos ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025. En ese periodo, algunos de los hoy imputados se habrían reunido con las víctimas en Bogotá y Villavicencio, donde exhibían información reservada de las investigaciones para ejercer presión e intensificar los cobros ilícitos. En una de esas reuniones, la fiscal relató que los implicados utilizaron incluso vehículos oficiales para intimidar a las víctimas. “Se reúne con las víctimas en vehículos de servicio oficial que fueron destacados y que fueron hasta la ciudad de Villavicencio, supuestamente a cumplir con una misión institucional, pero que se desvió esa misión institucional”, explicó.
Según la fiscal, en ese encuentro uno de los implicados intimidó directamente a las víctimas con amenazas de captura. “Carlos Iván Mendieta porta en su cinto lo que ellos consideran un arma de fuego y los intimida con una actitud agresiva donde les dice que los van a capturar y les pide mil millones de pesos; que si no pagan los mil millones de pesos, se van a ir todos detenidos”, sostuvo. La funcionaria agregó que esta presión no se limitó a un solo caso, sino que permitió establecer que “no eran una ni dos, sino que hay varias familias siendo hostigadas, acechadas”.
La investigación también reveló que los presuntos integrantes de la red, aprovechando sus funciones como policía judicial, habrían eliminado elementos materiales probatorios y cometido errores procesales de manera deliberada para afectar el curso de los procesos. “Explican que todos esos errores que cometen, vigilancias y seguimientos ilegales, interceptaciones mal sustentadas, son errores que intencionalmente cometen dentro del proceso penal para que se caiga a futuro o para que el juicio se pierda”, señaló la fiscal en audiencia.
De acuerdo con su exposición, ese era el principal argumento utilizado para constreñir a las víctimas. “Les dicen: vamos a hacer el proceso, los vamos a capturar, pero este caso se cae porque cometimos estos errores de manera intencional. Esa es la negociación que proponen”, afirmó la representante del ente acusador, quien insistió en que se trataba de una estrategia reiterada frente a diferentes víctimas.
La fiscal también advirtió que, tras las denuncias presentadas por los familiares de alias Manicomio, los implicados habrían reaccionado con retaliaciones y nuevas intimidaciones. “Su pretendido fuero institucional, elementos de dotación y hasta las armas de dotación para intimidar. Comenzaron a hostigar el proceso penal, comenzaron a hostigar a las víctimas y comenzaron a hostigar a la abogada”, expuso, señalando además presiones contra uno de sus propios copartícipes.
Con base en estos hechos, la Fiscalía sustentó que la libertad de los procesados representa un riesgo para el proceso y para los testigos. “Hay elementos suficientes para pensar que van a informar falsamente o se comportarán de manera desleal o reticente a alguno de los testigos si estas personas quedan en libertad”, advirtió la fiscal, quien agregó que, de no imponerse una medida de aseguramiento, podrían regresar “a intimidar a todo el que tenga que actuar o trabajar con ellos”.
La funcionaria fue enfática al señalar que se trata de un peligro real para las víctimas. “La libertad de ellos representa revictimizarlas (…) significaría exponerlos, su señoría, a riesgo de su vida”, afirmó. No obstante, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento domiciliaria para Luis Eduardo Riveros, exfuncionario del Inpec, al considerar que él mismo ha sido víctima de amenazas por parte de la organización. “En este caso, Luis Eduardo Riveros García se considera víctima porque viene siendo objeto de hostigamiento y acecho por parte de sus propios compañeros del grupo de delincuencia organizada”, concluyó.
La decisión final sobre la situación jurídica de los capturados quedó en manos del juez de control de garantías, mientras la Fiscalía continúa avanzando en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de otras posibles víctimas de la red.
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