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La Fiscalía General de la Nación declaró infundada la recusación presenta da por el abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro, con la que solicitó apartar a la fiscal Lucy Laborde de la investigación que se adelanta contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro Urrego por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La decisión fue adoptada mediante resolución emitida por la directora encargada de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, Sandra Liliana Meza, quien ratificó a la fiscal Laborde en el proceso.
En el documento se indica que las supuestas irregularidades expuestas por la defensa no evidencian un interés personal, ni una expectativa real o manifiesta de provecho o menoscabo por parte de la funcionaria, descartando cualquier señal de parcialidad o conflicto de interés.
Por ello, la entidad resolvió declarar infundada la causal de recusación propuesta por el doctor Pedro Alejandro Carranza, en calidad de apoderado judicial de confianza de Nicolás Petro Burgos.
La controversia se originó en septiembre pasado, cuando el abogado Carranza envió una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo solicitando revisar la continuidad de Laborde en la investigación.
En la misiva, el apoderado cuestionó la actuación de la fiscal, quien a su vez había manifestado inconformidades con decisiones adoptadas por el ente acusador en este proceso, como la asignación de una fiscal de apoyo.
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La decisión se da en medio de una reciente controversia entre la fiscal Lucy Laborde, quien lleva el caso en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente y la Fiscalía General de la nación, la cual inició el pasado 22 de septiembre cuando Laborde por medio de una carta denunció presiones indebidas en el caso y advirtió que ella no había solicitado una fiscal de apoyo, la cual fue designada sin la presunta consulta o petición previa de la funcionaria.
La decisión de la Fiscalía ante dicha inconformidad fue retirar a la fiscal de apoyo, sin embargo, aseguró en una carta de respuesta que la designación de una fiscal de apoyo no tuvo por finalidad socavar su autonomía e independencia, sino solo poner a su disposición mayores herramientas para la realización de sus deberes.
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