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Fiscalía solicita preclusión de investigación contra Uribe por soborno de testigos

De acuerdo con la Fiscalía, varias conductas por las cuales se vinculó al expresidente al proceso judicial no pueden ser consideradas como delitos.

Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez
RAUL ARBOLEDA/AFP

La Fiscalía informó que el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, quien lidera la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tomó la decisión de radicar ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, solicitud de audiencia de preclusión del proceso que se le llevaba como presunto responsable de los delitos de soborno y fraude procesal. La solicitud será radicada a las 10 de la mañana, de manera virtual.

De acuerdo con la Fiscalía, varias conductas por las cuales se vinculó al exmandatario al proceso por falsos testigos no pueden ser consideradas delitos. Aunque aclara que en el caso pudo haber actuaciones delictivas, el organismo acusador manifiesta que no hay elementos para determinar que el exsenador haya sido coautor o partícipe de estas.

“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, dice un comunicado de la Fiscalía.

El organismo acusador manifiesta que la investigación para realizar la solicitud, que se formalizará este viernes, se realizó en el marco del ordenamiento jurídico.

“Estas conclusiones responden a la aplicación de los parámetros fijados en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio) y serán expuestas en diligencia pública ante el juez Penal del Circuito que disponga el sistema de reparto. Las mismas podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados”, indica la Fiscalía en el comunicado.

Finalmente, la entidad hizo una invitación para seguir la audiencia de preclusión que será fijada por parte de la judicatura. En la diligencia, se conocerán detalles los argumentos de la decisión que para la Fiscalía son trascendentales para que la ciudadanía forme “un criterio propio sobre un caso que debe resolverse en sede judicial, alejado de opiniones, disputas personales e intereses políticos”.

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Esta es la cronología del caso:

En casi cinco años, una denuncia interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe contra el senador Iván Cepeda, por supuestamente fabricar testigos para que declararan en su contra vinculándolo con el paramilitarismo, dio un giro de 180 grados y llevó a que, en el 2018, la Corte Suprema de Justicia, dijera que no había mérito para investigar a Cepeda y por el contrario, abriera una investigación contra el expresidente por la presunta compra, fabricación y manipulación de falsos testigos.

“Sorprendentemente evidenciaron una realidad muy diferente a la denunciada, y, por lo mismo, a esta sala no le quedará alternativa distinta a la de compulsar copias para que se adelanten las correspondientes pesquisas y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar”, explicó la Corte en su momento.

En octubre del 2019, durante siete horas el expresidente rindió indagatoria en el despacho del magistrado César Augusto Reyes, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Al finalizar la diligencia, el expresidente quedó formalmente vinculado al caso por los por los delitos de fraude procesal y soborno. La Corte le dictó medida de aseguramiento domiciliaria. Después de la diligencia, Uribe dijo que nunca supo de pagos a testigos.

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“Vine a saber en las últimas semanas que el abogado Cadena, 10 meses después de una declaración de un testigo Carlos Enrique Vélez, le dio 2 millones de pesos que por razones humanitarias, fue a decírmelo a la oficina, le dije hombre doctor Cadena si me consultado le digo que de ninguna manera, terminantemente no. Después apareció en las diligencias que eran 7 millones y entonces, el señor dijo que lo habían comprado para que dijera una mentira en favor del Álvaro Uribe”, dijo el expresidente.

En agosto del año pasado, el expresidente Uribe renunció al senado calculando que en la Fiscalía le iría mejor, según él, la falta de garantías en la corte lo llevaría a una condena injusta.

Por la falta de garantías, ese encarcelamientos mío, esa providencia era el anticipo de una condena injusta por rabia política”, explicó el exmandatario Uribe.

Y así fue. En octubre del año pasado, la juez 30 de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, le concedió la libertad al exsenador Álvaro Uribe Vélez, y dijo que no era posible, constitucionalmente, ni admisible, equiparar la indagatoria a la imputación de cargos por lo que el proceso debía iniciar desde cero en la fiscalía.

“La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la petición elevada por la defensa, apoyada por la Fiscalía y el Ministerio público y en ese orden se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez”, dijo la funcionaria judicial.

Con las apelaciones, el caso llegó a un juez de segunda instancia que resolvió que la indagatoria que había rendido Uribe en la corte era equiparable a una imputación de cargos, es decir, lo dejó en calidad de imputado como presunto responsable de soborno y fraude procesal pero lo dejó continuar en libertad.

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“Revocar parcialmente la decisión de primera instancia, en punto de reconocer la adecuación procesal demandada por los recurrentes hasta la formulación de imputación y en consecuencia, la validez de lo actuado bajo los preceptos de la ley 600 de 2000 a excepción de la medida de aseguramiento impuesta al procesado”, concluyó el juez 4 de conocimiento de Bogotá.

Luego, en enero de este año, se vino otra pelea jurídica. La defensa del expresidente Uribe interpuso una tutela ante el tribunal superior de Bogotá con la que buscaba tumbar la imputación de cargos en su contra. A pesar de que el fiscal del caso, Gabriel Ramón Jaimes, apoyó la decisión, el tribunal la rechazó por improcedente y el proceso quedó en la misma etapa: el expresidente en libertad, pero vinculado al proceso. Es decir, el siguiente paso era si la Fiscalía presentaba un escrito de acusación en su contra o llamado a juicio o si por el contrario o recluía el proceso o alguno de los delitos en su contra.

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