Fiscalía y víctimas piden 30 días más para presentar casación contra absolución de Álvaro Uribe
La solicitud se fundamenta en aspectos como la complejidad y la extensión del asunto objeto de revisión.
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La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlenne Orjuela, y los representantes legales de las víctimas reconocidas en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez solicitaron la prórroga por 30 días del término inicial para presentar la demanda de casación frente al fallo que absolvió al expresidente de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La solicitud, planteada ante la Sala competente, se fundamenta en la complejidad y la extensión del asunto objeto de revisión. En el escrito, la Fiscalía invoca la posibilidad de prorrogar el término previsto en el artículo 183 de la Ley 906 de 2004 por un periodo igual al inicialmente concedido, para garantizar un estudio técnico y exhaustivo de las materias a controvertir.
Entre los argumentos adjuntados por la delegada figuran la multiplicidad de hechos y delitos en discusión, cinco presuntos delitos que requerirían análisis, la compleja interpretación del debido proceso probatorio y la necesidad de examinar con detalle la exclusión y valoración de pruebas decretadas en las distintas instancias, en un contexto que “resultó siendo antagónico entre la juez de primera instancia y la Sala de Segunda Instancia”, lo que para la delegada obliga a una revisión pormenorizada de los conceptos y del salvamento de voto.
La petición también destaca limitaciones prácticas, debido a que la fiscal sostiene que no ha podido dedicar atención exclusiva al caso, pues en el lapso transcurrido ha tenido que formular imputaciones, asistir a audiencias y participar en otras sustentaciones de recursos de casación, por lo que requiere más tiempo para articular el escrito con la debida fundamentación.
En el mismo sentido se pronunciaron los apoderados de las víctimas, Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, quienes actúan en representación del senador Iván Cepeda Castro, del exministro Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo y de la doctora Deyanira Gómez.
Los representantes subrayan la magnitud probatoria del asunto, la decisión de primera instancia suma más de 1.100 folios, la providencia de segunda instancia cuenta con 715 folios y el salvamento de voto alcanza 454 páginas. Según los defensores de las víctimas, cada uno de los cinco hechos jurídicamente relevantes requiere un análisis separado y profundo.
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La Fiscalía agregó en su escrito que conforme al artículo “189 de la obra procedimental penal al haberse proferido el fallo de segunda instancia, el término de la prescripción quedó suspendido y empezará a correr de nuevo por el lapso de cinco años, lo que conlleva a estimar que la facultad de administrar justicia está garantizada”.