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La norma demandada ante la Corte Constitucional es el artículo 106 del Código Penal que castiga con cárcel de 16 a 54 meses al que cause la muerte a una persona para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable.
A pesar de existir una resolución del Ministerio de Salud que establece que, en los casos de eutanasia, el gobierno debe intervenir en un comité interdisciplinario que analiza las diferentes circunstancias, lo cierto es que existe un vacío legal por parte del Congreso de la República que se ha negado a legislar sobre el tema.
El Ministerio de Justicia le pidió a la Corte mantener este castigo por considerar que esta norma consagra la voluntad de la ciudadanía como principio democrático.
“Así las cosas, en el presente asunto, en donde se cuestiona una supuesta inactividad del legislador o se estudia un caso de gran trascendencia social, se insiste en que es el Congreso quien debe discutir y decidir respecto del contenido del tipo penal de homicidio por piedad, sea para excluir el mismo del ordenamiento jurídico, modificar su contenido, establecer causales de exclusión de la responsabilidad, atenuar la pena o la que considere pertinente, teniendo en cuenta que es en el Congreso, de acuerdo al diseño constitucional colombiano, donde reposa la legitimidad democrática para expedir las normas que buscan regular la sociedad”, señala el concepto dirigido a la Corte Constitucional.
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