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Entre marzo y junio de este año, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 55 personas en 13 departamentos de Colombia incluidos líderes comunitarios, fiscales, organizaciones humanitarias, policías y residentes locales.
En medio de estas investigaciones, la Organización pudo identificar que en los departamentos de Córdoba, Cauca, Nariño, Guaviare y Putumayo, al menos 9 personas fueron asesinadas por los grupos armados como una medida de brutales castigos al incumplir las reglas impuestas por estos grupos para evitar la propagación del Covid-19.
"En algunos sitios como Arauca, hemos identificado que los grupos han impuesto la obligación de usar máscaras para evitar el contagio, y si no se respetan las reglas impuestas por estos grupos, la pena es la muerte, el asesinato. Hemos documentado 9 casos", explicó José Miguel Vivanco director para las Américas de Human Rights Watch.
Según Vivanco, la investigación pudo corroborar que los grupos armados "imponen toque de queda, estricta cuarentena y sin ninguna excepción. Si hay familia que necesita un urgencia de salud y es sorprendido por los grupos armados, las reglas de juego es que esa persona va a ser asesinada".
Así mismo, el informe revela que los grupos armados, en su mayoría, el ELN a través de panfletos y mensajes de WhatsApp amenaza a las poblaciones para imponer restricciones a la circulación de personas, vehículos y embarcaciones.
Los nueve asesinatos hasta ahora registrados por la Organización, sucedieron en los departamentos de Guaviare, Nariño, Cauca, Córdoba y Putumayo. Para Human Rights Watch, más que presencia de la fuerza pública se necesita la articulación de todos los instituciones y mayor presencia de la Fiscalía.
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