Inconsistencias técnicas: ¿por qué desde MinDefensa dicen que orden de espiar militares es falsa?

Fuentes del Ministerio de Defensa negaron de manera categórica la autenticidad de una supuesta misión de trabajo de inteligencia y contrainteligencia que habría ordenado identificar a miembros activos y retirados del Ejército Nacional que, presuntamente, venían entregando información sobre actos de corrupción al secretario de Transparencia de la Presidencia y hoy ministro de Justicia, Andrés Idárraga.Según se ha podido conocer, es necesario “separar dos asuntos distintos” frente a la polémica desatada. Por un lado, el informe forense elaborado por una compañía privada sobre una presunta contaminación del teléfono móvil de Idárraga con el software Pegasus, caso sobre el cual fuentes del Ministerio aseguraron que no se pronunciarán debido a que “está siendo investigado por la Fiscalía” y cualquier declaración podría “entorpecer el proceso”.El segundo asunto, explican las fuentes, corresponde al presunto seguimiento que se habría hecho desde esa entidad, frente al cual, afirman, ya han entregado la información institucional “para evitar desinformación”. En ese sentido, explicaron que desde el primer momento el mismo ministro de Defensa solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría que adelantaran las investigaciones correspondientes.Por otra parte, como parte de las verificaciones internas ordenadas por el ministro Sánchez, indicaron que las inspecciones generales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en el marco del Modelo Estándar de Control Interno, realizaron revisiones que confirmaron que ninguna de las instituciones “tiene o usa el software Pegasus”.Sobre el documento que ha circulado, las fuentes del MinDefensa sostienen que se trata de un documento falso, y mencionaron una serie de razones técnicas y administrativas para sustentar esa conclusión. En primer lugar, aseguraron que “la versión y el formato no corresponden a los establecidos en la Tabla de Retención Documental (TRD)”, que regula de manera estricta la elaboración de este tipo de órdenes.Además, explicaron que las misiones de trabajo cuentan con un consecutivo que se asigna automáticamente mediante un sistema interno, y que el número que aparece en el documento difundido “no existe ni corresponde a la nomenclatura utilizada”. A esto se suma que “el lenguaje empleado, las expresiones y la redacción no coinciden con lo autorizado por la norma y la doctrina institucional”.A nivel jurídico, señalan que toda orden de este tipo debe estar sustentada en normas vigentes y actualizadas, algo que, según dijeron, no ocurre en el documento cuestionado.En el plano operativo, también negaron la existencia de soportes sobre el uso de gastos reservados para vehículos asociados a la supuesta misión. “No existen registros ni soportes porque esa misión no existe”, precisaron. De igual forma, aseguraron que, tras revisar el parque automotor del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (CACIM), no se halló ningún vehículo que coincidiera con las características o placas mencionadas en el documento filtrado.Respecto al sargento Ramírez, cuyo nombre ha sido mencionado en el caso, las fuentes del MinDefensa afirmaron que el sargento “no ejecutó ninguna actividad ilegal”, aunque confirmó la apertura de una indagación preliminar con el fin de establecer toda la trazabilidad de sus actuaciones. Según lo argumentado, su labor se limitó a “coordinar capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía para proteger los esquemas de seguridad del Ministerio”.Finalmente, reiteraron que los esquemas de protección se emplean para salvaguardar al despacho frente a amenazas físicas y también frente a campañas de desinformación, las cuales, advirtieron, “representan un grave riesgo, pues pueden generar fracturas en la confianza institucional y afectar la unidad de mando del sector que responde por la seguridad y defensa nacional”.El documento cuestionado, que de acuerdo a las fuentes del ministerio califican como totalmente falso, mencionaba en términos generales la necesidad de identificar a militares activos y retirados que entregaban información a Idárraga sobre presuntos hechos de corrupción, calificando estas acciones como una afectación a la imagen del Ejército. No obstante, Idárraga ha insistido en que no pueden decir que lo que ha denunciado es falso, y por otro lado afirma que la contaminación de su iPhone con Pegasus está certificada por una empresa estadounidense y otra local, y aseguró que la orden de trabajo existe y fue filtrada, razón por la cual denunció el caso ante la Fiscalía.