Ingrid Betancourt anuncia que irá a la justicia internacional tras sentencia de la JEP contra exFarc

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt anunció que llevará el caso de los secuestros de las Farc a instancias internacionales, tras la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete exintegrantes del último secretariado de esa guerrilla. La decisión del tribunal transicional impuso sanciones de ocho años de “restricción efectiva de derechos” por crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero no contempla cárcel.En entrevista con Mañanas Blu, Betancourt, quien estuvo secuestrada más de seis años por las Farc, expresó su indignación frente al fallo. “Lo que hubo fue todo un andamiaje de manipulación para garantizarle a las FARC total impunidad. Y esto es obviamente doloroso para las víctimas, pero muy preocupante para Colombia”, aseguró.Consultada sobre si se sentía reparada con esta decisión, fue contundente: “No, yo creo que los únicos restaurados son los criminales, es decir, los que cometieron esos delitos, ellos sí están premiados y restaurados”.Betancourt añadió que los beneficios otorgados desconocen los testimonios y las exigencias de las víctimas. “Lo mínimo para este caso de secuestro es que se les limite la libertad (…) lo que hemos visto en estos años es una retórica revictimizante que para nosotros es muy dolorosa”, afirmó.¿Qué opciones tienen las víctimas de las Farc?La excongresista explicó que, tras esta sentencia, aún pueden apelar ante la misma JEP y la justicia ordinaria, pero advirtió que no descartan acudir a instancias internacionales. “Yo creo que esto hay que llevarlo hasta la justicia internacional (…) este proceso se vendió al mundo como un modelo de no impunidad y reparación a las víctimas, pero nada de esto se dio”, señaló.¿Cuál fue la sentencia de la JEP?La JEP condenó a Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel, Julián Gallo y Rodrigo Granda como responsables de la política de secuestros de las FARC entre 1993 y 2016. Según cifras del tribunal, hubo al menos 21.396 víctimas en ese periodo, de las cuales 4.325 están acreditadas en el proceso.Las sanciones incluyen labores como búsqueda de desaparecidos, desminado y recuperación ambiental, financiadas en parte con recursos del Estado, lo que ha generado mayor inconformidad entre las víctimas. “Es el mundo al revés (…) las víctimas terminamos pagando para que ellos hagan lo que deberían hacer como responsables”, criticó Betancourt.