La JEP convocó a una audiencia de seguimiento a medidas cautelares restaurativas adoptadas en el Magdalena Medio caldense, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Risaralda y Quindío, los días 28 y 29 de noviembre de 2023 en la ciudad de Armenia. A esta diligencia fue cita la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, sin embargo, ella aseguró que no podía asistir y delegó a William Hernández, subsecretario de gestión en convivencia y seguridad del departamento.
Ninguno de los dos terminó asistiendo a la diligencia en la cual se iban a evaluar las medidas adoptadas para proteger 36 cementerios, donde podrían haber personas desaparecidas en el marco del conflicto, ante lo que la JEP considera un incumplimiento grave. Por su parte, los magistrados ordenaron el arresto de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán y de William Hernández.
"En relación con la responsabilidad de la gobernadora del Valle, la Sección de Ausencia de Reconocimiento encuentra lo siguiente: con la necesaria antelación, la funcionaria pública fue convocada a asistir a una audiencia judicial restaurativa, sobre un tema de mayor importancia para su departamento, como lo es la búsqueda de los desaparecidos del conflicto armado. A pesar de ello, la mandataria decidió inasistir y apelar a la figura administrativa de la delegación, en
cabeza de un funcionario de muy bajo nivel, lo que de entrada, si bien puede ser legal, denota su ausencia total de compromiso con la garantía de los derechos de las víctimas de estos crímenes internacionales" explica la JEP.
Ante esta situación ordenan el arresto de la gobernadora por dos días, debido a su falta de control en el cumplimiento de las funciones delegadas y el arresto de William Hernández será por cinco días, ya que no asistió al segundo día de la audiencia.
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"Como se ha explicado, el delegante no se libera de toda responsabilidad por las acciones u omisiones desplegadas por el delegatario. En el caso concreto, la gobernadora incumplió sus deberes legales de supervisión y control sobre el delegatario, actuando con culpa grave. En efecto, la funcionaria pública: (i) se desentendió por completo del desarrollo de una audiencia pública de la mayor importancia, lo cual perfectamente podría realizar por medios electrónicos; (ii) en el trámite de los descargos, no dio explicación alguna en relación con las acciones y omisiones de su delegatario; (iii) tampoco aportó prueba que justificara su falta de control administrativo (vgr. incomunicación del supuesto sitio donde se encontraba); (iv) no presentó excusa alguna a las víctimas y a la magistratura por lo sucedido, lo que denota, una vez más, su total desinterés por la búsqueda de los desaparecidos; y (v) tampoco se cuenta con prueba alguna referente al inicio de una investigación disciplinaria contra su delegatario" se lee en la decisión.
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