El domingo 24 de noviembre de 2024, alrededor de las 11:30 a. m., en el barrio Quiroga, localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, se desató una violenta confrontación. Juan Felipe Rincón Morales, de 21 años e hijo del entonces inspector general de la Policía, general William Rincón, llegó acompañado por su escolta y una menor, según informes de 15 años, a un parque del sector. Testigos relataron que se inició una disputa con familiares de la adolescente, quienes lo acusaban de mantener conversaciones inapropiadas con ella a través de redes sociales. La discusión derivó en un forcejeo que rápidamente escaló a una agresión física.
En medio del altercado se escucharon varios disparos. Según el informe de Medicina Legal, Juan Felipe recibió un impacto de bala en el tórax, además de múltiples golpes en la cabeza, espalda y extremidades. Aunque en un comienzo se señaló a Andrés Camilo Sotelo Torres, quien también resultó herido durante los hechos, la Fiscalía concluyó que el arma en su poder era inoperante, lo que generó dudas sobre la autoría del disparo que causó la muerte.
La noticia causó conmoción tanto en la opinión pública como en la Policía Nacional. El general William Rincón pidió públicamente una investigación rigurosa y expresó que, si su hijo incurrió en comportamientos indebidos, debía ser juzgado sin privilegios ni encubrimientos. Paralelamente, la Fiscalía avanzó en la reconstrucción de los hechos, revisando videos, recogiendo testimonios, analizando las vainillas halladas y tratando de establecer la trayectoria del disparo.
En las últimas semanas, investigadores privados contratados por la defensa de la familia Rincón, representada por los abogados Iván Cancino y Juan Felipe Criollo, han revelado hallazgos que no hacen parte de la indagación oficial de la Fiscalía. Uno de los informes técnicos sostiene que en el lugar de los hechos se encontraron seis vainillas: cinco coinciden con el arma del escolta de Juan Felipe, el patrullero Sergio Felipe Rico Rueda, pero una sexta, de marca L84, no pertenece a su dotación oficial. Este hallazgo sugiere la existencia de una segunda arma, presuntamente accionada por una persona distinta a Rico Rueda.
Además, tras revisar múltiples videos grabados por testigos del hecho, se identificó que se escucharon al menos ocho disparos. El arma del escolta tenía una capacidad máxima de seis cartuchos, que coinciden con las seis vainillas encontradas en el parque. Sin embargo, no se recuperaron dos de las vainillas que corresponderían a los disparos adicionales. La defensa sostiene que esta omisión podría tener origen en la falta de una reacción inmediata para sellar el parque donde ocurrió el crimen. El ingreso de personas ajenas, antes de que se asegurara adecuadamente la escena, habría permitido la alteración o pérdida de elementos clave para la investigación.
Otro elemento que cuestiona la integridad del proceso es la presentación de una camiseta con un orificio de bala, la cual fue introducida como si Juan Felipe la hubiera llevado puesta al momento del impacto. No obstante, el informe de Medicina Legal establece que la víctima no portaba camiseta cuando fue herida, lo que compromete la autenticidad de esa evidencia.
También se evidencian irregularidades en el manejo de la prueba de residuos de pólvora. Aunque Sotelo fue atendido en un centro médico tras los hechos, no hay constancia de que se le haya practicado esta prueba de manera oportuna por parte del CTI. Esa omisión abrió una ventana crítica en la cadena de custodia, afectando el valor probatorio de los análisis posteriores.
La defensa de la familia de la víctima ha advertido que la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía se enfoca únicamente en el delito de homicidio, sin considerar otros posibles tipos penales como tortura, uso indebido de arma no letal o manipulación de pruebas. A esto se suman las inconsistencias en la trayectoria del proyectil, aspecto técnico esencial para determinar las posiciones relativas de los involucrados durante el tiroteo.
Por su parte, el patrullero Sergio Felipe Rico Rueda también es investigado penalmente por estos hechos. Su arma, una pistola SIG Sauer SP2022, fue la única funcional recuperada en el lugar.
Este 9 de julio se reanuda la audiencia sobre si se acepta o no la solicitud de preclusión de la Fiscalía a favor de Andrés Camilo Sotelo. La defensa de la familia insiste en que el proceso debe continuar hasta agotar todas las líneas de investigación.
Reapareció la testigo clave del caso
El 27 de enero de 2025 se activaron las alertas después de que se denunciara la desaparición de la menor que acompañó a Juan Felipe Rincón al parque del barrio Quiroga. La niña, entonces bajo protección del ICBF, se perdió tras salir de una cita médica.
Blu Radio pudo confirmar que las autoridades ubicaron a la menor y la devolvieron al centro donde permanece bajo vigilancia del instituto.
El 7 de abril, la Procuraduría solicitó al ICBF autorización para entrevistar a la menor S. V. B., con la presencia obligatoria de un defensor y de un funcionario del ICBF, como exige la ley para los menores de edad.
“Esa actividad es de vital importancia, no sólo para garantizar la seguridad de S. V., sino para esclarecer los hechos que rodearon la muerte de Juan Felipe Rincón Morales (…) Por tal motivo, como agente especial del Ministerio Público, solicitó que se brinde la colaboración necesaria para que la representación de víctimas realice la diligencia lo antes posible y sin barreras administrativas”, señala la carta del procurador penal al ICBF.
Sin embargo, hasta la fecha la diligencia no se ha podido llevar a cabo y la Fiscalía no ha informado a la defensa sobre nuevos actos investigativos.