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Una fiscal de Justicia Transicional profirió resolución de acusación, es decir, llamó formalmente a juicio a Augusto Jiménez Mejía y José Miguel Linares, exdirectivos Drummond, como responsables del delito de concierto para delinquir en la modalidad de promoción o financiación del bloque Juan Andrés Álvarez de las A.U.C.
Dice el documento que ambos intervinieron en la contratación de Jaime Blanco Maya, por cuyo medio se destinaron los recursos al grupo armado ilegal. Jaime Blanco está condenado por el asesinato de dos sindicalistas que trabajaban para la multinacional carbonífera en el Cesar, y su proceso pasó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Con esa contratación, dice el ente acusador, permitieron un ambiente hostil e inseguro para los líderes sindicales de Drummond.
Los exdirectivos, según testigos, intervinieron en una operación contractual y de intermediación para acordar, garantizar y asegurar, el aporte mensual a esa estructura paramilitar en el Cesar, desde 1996 a 2001.
Según el ente acusador, “se permitió, se toleró, se promovió la presencia paramilitar” en las instalaciones de la multinacional.
Los exdirectivos mantienen su hipótesis de que son inocentes, de que no financiaron grupos paramilitares y “que la seguridad de las instalaciones y de los funcionarios de Drummond estuvo a cargo de la Fuerza Pública”.
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La Fiscalía declaró delitos de lesa humanidad, es decir, que no prescribirán y seguirán investigándose los hechos perpetrados porque el frente Juan Andrés Álvarez del bloque norte de las autodefensas en el departamento del Cesar, especialmente, en los municipios de Becerril, El Paso, La Jagua Ibirico, Agustín Codazzi y Chiriguaná.
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