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Los hallazgos y el desempolvo del caso Saludcoop no se detienen. Esta vez Blu Radio conoció que la Contraloría General de la República confirmó otro hallazgo contra Guillermo Grosso por su gestión como presidente de Cafesalud entre el 25 de noviembre de 2015 y el primero de marzo de 2016.
El ente de control asegura que durante la administración de Grosso Sandoval se gastaron $2.029 millones en muebles de escritorio, sillas ejecutivas, televisores, neveras, ventiladores, aires acondicionados, videobems y otros insumos y enseres que nada tenían que ver con los gastos para la correcta prestación del servicio de salud.
Vea aquí: No hay lugar a dudas, ni confusión contable: Contraloría a MinSalud por caso Grosso
En este hallazgo están involucrados también otros dos expresidentes de la EPS. Se trata de Javier Andrés Correa y Carlos Andrés Mantilla y siete miembros del Comité Nacional de Contratación de la EPS y otros funcionarios que tenían que ver directamente con las decisiones y los gastos.
Los miembros del Comité Nacional de Contratación que también están siendo investigados son: Armando Díaz Penagos, Remberto Braidy Requiniva, Martha Andrea Silva Barreto, Lina María Bueno Mosquera, María Clara Mejía, Leonardo Beltrán Suavita y William Rincón Ríos.
De parte del comité de compras de Cafesalud, los vinculados por el ente de control son Rafael Fabián Durán, Sandra Marcela Arenas, Sergio Andrés Ramírez, Giovanni Guzmán, Pablo Alfonso Carrillo. Y también los miembros de la junta directiva Leonardo Beltrán y William Ricardo Rincón.
Cabe recordar que la Contraloría ya informó de una indagación preliminar contra Grosso Sandoval por hallazgos que tienen que ver con $80.000 millones de pesos en gastos administrativos cuando fungía como agente interventor de Saludcoop, delegado en ese cargo por el entonces superintendente Gustavo Morales y luego ratificado por Norman Julio Muñoz.
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La Contraloría se basa en la ley que establece que una EPS no puede violar el 10 % de la UPC para gastos administrativos y de su funcionamiento. El ministro Alejandro Gaviria respondió ante la primera indagación afirmando que una resolución de la Supersalud del 2015 sí lo permitió.
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