Un juez de la República ordenó cinco días de arresto contra el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, y contra la secretaria general de la entidad, Ángela Lorena Ortiz, al concluir que incurrieron en desacato a una orden judicial relacionada con un derecho de petición presentado por la candidata Paloma Valencia.
La decisión también incluye una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá ser pagada dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de la providencia.
El caso se origina en una solicitud presentada para obtener respuesta a un derecho de petición relacionado con la presunta compra del predio denominado “Peñasgordas”, ubicado en el municipio de Dagua, Valle del Cauca. Según la información que dio origen al proceso, dicho terreno estaría ocupado por campesinos desde hace varios años, por lo que existirían cuestionamientos frente a la posibilidad de que fuera adquirido por la Agencia Nacional de Tierras.
De acuerdo con el expediente, el 16 de diciembre de 2025 la jueza que conoció el caso ordenó a la entidad entregar la respuesta correspondiente al derecho de petición. En esa providencia se estableció un plazo de 48 horas para dar cumplimiento a la orden judicial, contado a partir de la notificación del fallo de tutela de primera instancia.
Sin embargo, al evaluar el cumplimiento de la decisión, el despacho judicial concluyó que la orden no fue acatada dentro del término establecido, lo que motivó la sanción por desacato contra los funcionarios responsables. En el auto se señala que, una vez identificados quienes debían cumplir la orden, se evidenció que el plazo otorgado fue ampliamente superado.
El documento judicial precisa que “identificados entonces los responsables de dar cumplimiento a lo sentenciado, se tiene que el término que se concedió para acatar las disposiciones de la providencia fue el de 48 horas, desde la notificación del fallo de tutela de primera instancia; hasta la fecha, han transcurrido 53 días hábiles sin que se haya acreditado el cumplimiento de la orden, superando con creces el plazo máximo, existiendo una moratoria clara del incumplimiento de la orden judicial”.
Ante esta situación, el juez resolvió imponer la medida de arresto por cinco días contra el director de la ANT y la secretaria general de la entidad, además de la multa económica correspondiente. La providencia también establece que el valor de la sanción deberá ser cancelado dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de la decisión.
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