Polémica por libertad de contratistas que habrían defraudado al ICBF

La juez determinó dejar en libertad a la esposa, una cuñada y dos hijos del concejal Américo Mendoza, señalados de apropiación ilegal de recursos del ICBF en Bolívar. Según la jurista, no se comprobó que los dineros del contrato sean públicos. Por presuntas irregularidades en el cumplimiento de un contrato suscrito entre la fundación Prociencia y el Instituto Colombiano Bienestar Familiar, la Fiscalía capturó a Patricia Del Carmen Arnedo, Olga Lucia Pérez Gutiérrez, Flor Elena Pérez Gutiérrez, María Camila Mendoza Pérez e Iván Camilo Mendoza Pérez, familiares del concejal de Cartagena por el partido Alianza Social Independiente, Américo Mendoza. Según la Fiscalía, Prociencia se habría apropiado presuntamente de 1.500 millones de pesos que estaban destinados a 3.374 niños de cero a cinco años, madres gestantes y lactantes, en diez municipios del departamento de Bolívar. En la investigación se estableció la presunta apropiación de recursos de dicho contrato en cuantía de mil quinientos sesenta y seis millones seiscientos cincuenta mil ciento noventa y ocho pesos ($1.566’650.198), mediante el cobro al ICBF de refrigerios y complementos nutricionales que nunca fueron entregados, sobrecostos en la alimentación, pagos de arriendo y de otros conceptos no autorizados en el contrato, mediante la falsificación de facturas, entre otras irregularidades. Por estos hechos se imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento privado. Sin embargo, la juez se abstuvo en dictar medida de aseguramiento por considerar que los dineros no pertenecían al Estado y no se consideraba una defraudación. “Evidencia esta juez de garantías no solo que la calidad de servidor público no se encuentra demostrada en ninguna de los cinco ciudadanos, sino además que no estableció si esos recursos manejados por Prociencia, son recursos públicos porque son entidades privadas. Si analizamos los conceptos legales sobre la naturaleza de esos recursos parafiscales que se utilizaron ni siquiera hacían parte del fisco entonces tenemos que señalar que en virtud de esas apreciaciones no podríamos hablar de una autoría y no se puede dictar la medida”, aseguró la juez. La decisión sorprendió a la Fiscalía y a la Procuraduría quienes apelaron la decisión al considerar que sí hubo defraudación en recursos públicos. Igualmente, se determinó un posible carrusel al descubrir que se crearon a nombre de los hijos de Olga Lucia Pérez Gutiérrez, actual tesorera de la fundación, tres empresas proveedoras fachada que funcionaban en el mismo lugar de la residencia de la señora en mención. Estas vendieron con presuntos sobrecostos y mediante la falsificación de facturas refrigerios y complementos nutricionales a la fundación que posteriormente fueran cobrados al ICBF. “Era una unidad familiar a modo de organización delictiva” así describió el fiscal este caso quien dice no tener duda que se presentaron sobrecostos superiores al 300% en un contrato para la atención de la primera infancia que fue suscrito con la Fundación Prociencia. Las empresas a través de las cuales los hijos del concejal eran proveedores de la fundación Prociencia son: Comercio y Logística Integral S.A.S, a cargo de Camila Mendoza Pérez y Distrimarket; MYM SAS y Minimarket SAS, cuyo representante es Iván Camilo Mendoza Pérez.