¿Por qué Álvaro Uribe sigue usando redes sociales, a pesar de su condena? Esto explica su abogado

En medio de la polémica generada por la condena de doce años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, su constante actividad en redes sociales ha suscitado preguntas sobre la pertinencia legal y política de sus intervenciones públicas. El abogado Jaime Granados, defensor principal del exmandatario, respondió a esta inquietud en entrevista con Mañanas Blu: reiteró que Uribe conserva intacta su presunción de inocencia.“Álvaro Uribe Vélez mantiene incólume, es decir, intacta, su presunción de inocencia. Hasta que no exista una sentencia en firme ejecutoriada, se presume inocente y debe ser tratado como tal”, afirmó Granados.El marco legal: presunción de inocencia y libertad de expresiónDe acuerdo con el penalista, la Constitución colombiana, en su artículo 29, y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004, establecen que ninguna persona puede ser tratada como culpable hasta que una decisión judicial esté ejecutoriada. Bajo esta premisa, el expresidente estaría habilitado para continuar participando en el debate público y en las redes sociales, herramientas que ha usado de forma constante desde su salida del poder.La apelación ante el Tribunal SuperiorEste miércoles, la defensa presentó un recurso de apelación de 904 páginas ante el Tribunal Superior de Bogotá, con el que busca la revocatoria parcial de la sentencia proferida por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito.En primera instancia, la magistrada encontró culpable al expresidente de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, pero lo absolvió del delito de soborno simple. La condena, de doce años de prisión domiciliaria, lo convirtió en el primer exmandatario colombiano con una sanción penal.Los abogados Granados y Jaime Lombana alegaron que la sentencia tiene “sesgos políticos” y viola garantías procesales. Además, insistieron en que, mientras no haya una decisión de segunda instancia, no existe obligación legal de mantener al exmandatario privado de la libertad.El trasfondo del ‘juicio del siglo’El caso contra Uribe comenzó en 2012, cuando él mismo denunció un supuesto intento de vincularlo con el paramilitarismo. Paradójicamente, las investigaciones derivadas de su denuncia llevaron a que en 2018 fuera señalado de presionar testigos —a través de su abogado Diego Cadena— para que no lo relacionaran con estos grupos armados ilegales.Según la sentencia, Cadena habría entregado pagos y beneficios a exparamilitares presos con este fin. La defensa sostiene que las gestiones de Cadena fueron actos lícitos de litigio y que los pagos correspondían a ayudas humanitarias.El pulso político y mediáticoMás allá de lo jurídico, el caso mantiene un fuerte impacto político. Uribe, fundador del partido Centro Democrático, ha utilizado plataformas como X (antes Twitter) y Facebook para cuestionar la decisión judicial y para mantener contacto directo con su base de seguidores.Esta estrategia, lejos de atenuar la controversia, ha profundizado el debate sobre el alcance de la libertad de expresión para personas en medio de procesos judiciales. Para sus críticos, estas intervenciones pueden influir en la opinión pública y en testigos; para sus defensores, son un ejercicio legítimo de derechos fundamentales.Granados lo resume así: “Esperamos que luego de estudiar esta apelación, el tribunal ratifique su inocencia. Mientras tanto, tiene derecho a expresarse y participar en la vida política del país.”Lo que vieneEl Tribunal Superior de Bogotá deberá ahora estudiar la apelación y determinar si confirma o modifica el fallo de primera instancia. El proceso podría extenderse varios meses, periodo en el que el expresidente continuará bajo prisión domiciliaria, pero sin restricción formal para comunicarse con la opinión pública.En un escenario judicial y político tan polarizado, cada mensaje que Uribe publique será analizado con lupa, mientras Colombia espera la decisión definitiva sobre uno de los casos más emblemáticos de su historia reciente.