La Corte Constitucional tiene la lupa encima de la crisis del Catatumbo desde el inicio del conflicto que dejó miles de desplazados a comienzos de este 2025; por ello, el próximo 11 de noviembre se convocó una nueva sesión tras la visita del alto tribunal a las zonas del Catatumbo y evidenciar que la situación sigue siendo grave.
Y es que, de acuerdo con cifras oficiales, más de 73.000 personas han sido desplazadas, entre ellas 218 firmantes del Acuerdo de Paz, y cerca de 2.400 permanecen confinadas.
Además, seis firmantes desaparecieron y siete fueron asesinados en medio de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc-EP, situación que llevó al Gobierno a declarar el estado de conmoción interior.
Esto es particular porque, en enero, la Corte había llevado a cabo una sesión similar para escuchar a líderes sociales y al Gobierno frente a las acciones implementadas para hacerle frente a la violencia en esa región del país; sin embargo, parece que no hubo avances allí, en el Catatumbo.
“Este diagnóstico identificó falencias en varios frentes. Las salas advirtieron la ausencia de un plan de reacción inmediata frente a las múltiples alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, lo que evidencia la falta de acompañamiento suficiente, diferencial y proporcional a la magnitud de los riesgos que han enfrentado las comunidades”, señaló la Corte Constitucional.
El alto tribunal también llamó la atención sobre la demora en la implementación del Pacto Catatumbo, iniciativa que el Gobierno presenta como herramienta clave para atender la crisis, pero que aún no ha comenzado a ejecutarse.
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