Preacuerdo: alias 'El viejo' pagaría 25 años de cárcel por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

A siete meses del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación avanza en la gestión de varios preacuerdos con los presuntos responsables del crimen. Hasta el momento, el ente acusador ha promovido negociaciones judiciales con al menos cinco personas, en una estrategia orientada a esclarecer la cadena de responsabilidades, identificar a los determinadores y consolidar el acervo probatorio del caso.De todos los preacuerdos tramitados, solo uno ha sido avalado hasta ahora por un juez penal especializado. Se trata del acuerdo suscrito con Carlos Eduardo Mora González, quien aceptó su participación en la planeación y ejecución del magnicidio. El juez aprobó los términos de la negociación, mediante la cual Mora González deberá cumplir una condena de 21 años de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.La Fiscalía estableció que condujo y puso a disposición un vehículo para realizar reconocimientos previos del lugar donde se perpetró el atentado y para trasladar a otros involucrados en la entrega del arma de fuego al adolescente que disparó contra el senador. Su participación estuvo motivada por un ofrecimiento económico de cinco millones de pesos.Otro de los preacuerdos ya presentados por la Fiscalía, pero que aún está pendiente de aval judicial, es el de Katherine Andrea Martínez, alias “Gabriela”. El ente acusador solicitó una pena de 21 años de prisión para la joven, señalada de haber tenido un papel clave en la logística del ataque. Según el material probatorio, habría recibido el arma de fuego de alias 'El Viejo', presunto enlace con las disidencias de las Farc y autores intelectuales del crimen, para luego entregarla al menor de edad que ejecutó el disparo contra Miguel Uribe Turbay.Entre los preacuerdos más relevantes que están en proceso para presentarse se encuentra el de Simeón Pérez, alias “El Viejo”, considerado por la Fiscalía como la figura de más alto nivel capturada hasta ahora dentro de esta investigación. La pena que deberá cumplir será de 300 meses, correspondientes a 25 años en prisión. Según las autoridades, Pérez habría actuado como el enlace entre los determinadores del homicidio y la estructura criminal que ejecutó el plan en Bogotá, presuntamente liderada por alias “Chipi”.Los hallazgos recopilados por los investigadores indican que alias “El Viejo” habría realizado seguimientos al senador meses antes del atentado. En el expediente reposan fotografías en las que se identifica a la víctima, los lugares que frecuentaba y los puntos donde se reunía, así como evidencia de que el sitio del crimen fue definido con anterioridad. Por su posición dentro de la estructura, la Fiscalía considera que su eventual colaboración resulta clave para avanzar en la identificación de los autores intelectuales.También están pendientes de presentación y aval judicial los preacuerdos con Jhorman David Mora Silva, alias 'El Caleño”', y con Harold Daniel Barragán. En el caso de alias 'El Caleño', la Fiscalía sostiene que, desde la cárcel, tuvo un papel determinante en la selección y conexión con el adolescente que disparó contra Miguel Uribe Turbay.En cuanto a Harold Barragán, el ente acusador lo señala de haber participado en reuniones realizadas en su lugar de residencia, de haberse conectado a videollamadas y de integrar un grupo de WhatsApp en el que se compartió información estratégica y se impartieron directrices para la ejecución del atentado. Además, el día del crimen habría dado instrucciones sobre la forma en que debía acondicionarse la pistola tipo Glock antes de su entrega, con el objetivo de que disparara en modo ráfaga y así aumentar su letalidad.

Preacuerdo: alias 'El viejo' pagaría 25 años de cárcel por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Hasta el momento, el ente acusador ha promovido negociaciones judiciales con al menos cinco personas, en una estrategia orientada a esclarecer la cadena de responsabilidades, identificar a los determinadores y consolidar el acervo probatorio del caso.

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