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La Procuraduría General de la Nación le puso la lupa al posible uso irregular de información de algunos miembros de la junta directiva de Ecopetrol, en el auto de apertura de indagación de 4 páginas conocido por este medio, se dictan una serie de órdenes a la petrolera en un mínimo de 5 días que deberá entregar al ente de control.
Y es que, según la Procuraduría, funcionarios de Ecopetrol habrían solicitado esos datos sin cumplir los requisitos legales, mientras que servidores de la UIAF habrían entregado la información sin aplicar los protocolos establecidos para el manejo de datos reservados.
Entre las pruebas, que pidió el Ministerio Público, están que Ecopetrol debe hacerla llegar al organismo de control el listado de las personas que tomaron la decisión de solicitar la revisión financiera.
Además, copia del análisis entregado por la UIAF en respuesta al requerimiento de la compañía y los fundamentos jurídicos que ambas empresas tuvieron para solicitar y suministrar la información.
“Con la apertura de la indagación, la Procuraduría busca identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una apertura de investigación disciplinaria”, señaló la Procuraduría.
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