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La Procuraduría General de la Nación alertó que podría persistir un riesgo de vulneración constitucional relevante para la libertad de prensa y la autonomía editorial de los medios de comunicación tras el reversazo de los recientes requerimientos enviados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en los que solicitaba información sobre contenidos periodísticos y noticiosos.
El órgano de control confirmó que abrió una actuación preventiva para evaluar la legalidad y el alcance constitucional de la solicitud de la CRC, la cual podría comprometer la reserva de fuentes, la confidencialidad de las deliberaciones internas y el secreto profesional del periodista, protegidos por los artículos 20 y 73 de la Constitución Política y respaldados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las sentencias C-1177/01, T-391/07 y T-219/21.
En el documento remitido a la CRC, la Procuraduría advirtió que el comunicado emitido por la entidad, luego de la polémica, no revoca el requerimiento inicial ni aclara si la información pedida tiene carácter voluntario u obligatorio, lo que mantiene, según el Ministerio Público, un riesgo potencial de afectación a los derechos de los periodistas y medios.
Además, sostuvo que la CRC no tiene facultades expresas para requerir información interna sobre decisiones editoriales, lo que podría constituir una extralimitación de funciones.
El procurador general Gregorio Eljach se pronunció recientemente sobre el tema, al advertir que no permitirá que desde las esferas oficiales del Estado se establezcan prácticas violatorias de la libertad de prensa y de la libertad de empresa.
Subrayó que este principio “se funda en la libertad, la cual debemos cuidar y proteger, porque es nuestra responsabilidad”.
Aunque la CRC aseguró que la intención era “una simple solicitud de carácter voluntario”, los gremios insistieron en la anulación del primer acto administrativo.
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La comisión reiteró que la solicitud buscaba conocer las buenas prácticas de los medios y cómo se está garantizando la imparcialidad, negando cualquier intención de censura o control editorial.
Sin embargo, el documento inicial señalaba sanciones en caso de incumplimiento, lo que ha intensificado las críticas por parte de medios, juristas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
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