La Procuraduría inició una investigación involucrando a 21 funcionarios y contratistas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en relación con un contrato suscrito con RTVC Sistema de Medios Públicos por un valor de 15.000 millones de pesos. El contrato tenía como objetivo la gestión logística de eventos organizados por la entidad entre septiembre y diciembre del presente año.
Entre los funcionarios de la ANT bajo investigación se encuentran el secretario general, Daniel Medina González, y otros nombres destacados como Nury Luz Peralta, Julio César Cuastumal Madrid, Tony Luis Lozano Berrocal, Ana María Cadavid Escudero, Juan Camilo Cabezas, Juan Diego Gómez Vásquez, Claudia Patricia Herrera Logreira, Laura Andrea Botero Salazar, Gabriela Góngora Bermúdez y Andrés Felipe Alcalá Rodríguez.
La lista de implicados también abarca a contratistas de la ANT, entre ellos Bibiana Marcela Linero Guiza, Melissa Paola Palmera Castilla, Esteban Castaño Jaramillo, Cristina Elizabeth Gelpud Bravo, Jeanneth Andrea Soto Pacheco, Ángela Tatiana Coy Cruz, Laura Cárcamo Cárcamo, Jairo Salamanca Grajales y Derly Dayanna Espinel. Además, se suma el subgerente de Soporte Corporativo de RTVC, Jorge Luis Arzuaga Cadena, quienes participaron en diversas fases de la estructuración del contrato.
La investigación de la Procuraduría se centra en determinar si la suscripción del contrato se ajustó a los estatutos internos de RTVC, ya que la experiencia atribuida no concuerda con su objeto social limitado a la función de programar, producir y emitir canales públicos de televisión, así como emisoras nacionales.
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El Ministerio Público ha señalado posibles vulneraciones a los principios de economía, selección objetiva y transparencia, sugiriendo que no se seleccionó al oferente más adecuado desde los ámbitos técnico, financiero y operativo. Al parecer, se aplicó un procedimiento de selección que no correspondía a la naturaleza del objeto a contratar.
Con la apertura de esta investigación, la Procuraduría busca esclarecer la existencia de conductas irregulares, determinar si estas constituyen faltas disciplinarias y verificar si se actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad. La transparencia en la gestión pública y el cumplimiento de los procedimientos legales son aspectos cruciales para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país.
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