En un concepto de 27 páginas, la procuradora Margarita Cabello le pidió a la Corte Constitucional avalar la constitucionalidad del acto legislativo, mediante el cual se crean las 16 curules para las víctimas del conflicto para los periodos 2022 a 2026 y 2026 a 2030, luego de verificar que el trámite legislativo cumplió con los requisitos.
El concepto, que no es vinculante, pero sí un referente para la Corte, señala que se trata de una medida que, además de ser transitoria y constituir un desarrollo del acuerdo final, promueve la participación real y efectiva en la vida política de los grupos étnicos presentes en las zonas donde operarán las curules por medio de la elección de representantes ante el Congreso de la República.
La procuradora, además, señala que el componente diferencial de estas circunscripciones es que están destinadas a fortalecer la participación de las minorías objeto del beneficio, de manera que las exigencias para postularse se flexibilizan en pro de garantizar la voz de estos grupos en un órgano representativo como el Congreso de la República.
Adicionalmente, la Procuraduría considera que la representación política reconocida busca consolidarse como medida de reparación, no solo frente a las víctimas acreditadas, sino a la población que habita “aquellos territorios abandonados por el Estado, es decir, a la población que no ha podido ejercer realmente sus derechos políticos y que ha carecido de la posibilidad de elegir libremente a sus representantes”, esto para legitimar las decisiones que se adoptan en el seno del Congreso, al tiempo que pueden velar por el respeto de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
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