A menos de tres semanas del cambio de gobierno, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) presentó su balance de gestión en la reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz. Entre los resultados destaca la entrega y gestión de 20.662 hectáreas de tierra, un aumento de 25 veces frente a gobiernos anteriores, que dice la entidad ha beneficiado a más de 3.300 firmantes.El informe también señala que la entidad pasó de no registrar soluciones habitacionales a gestionar 1.594 viviendas para excombatientes, de las cuales 502 ya fueron entregadas, 793 cuentan con recursos asignados y 299 están en construcción en departamentos como Cauca, Meta, Antioquia, Nariño, Arauca y Norte de Santander. A esto se suma la permanencia de 11.353 personas al Programa de Reincorporación Integral, equivalente a más del 80% de quienes firmaron el acuerdo en 2016.En materia económica, la ARN reportó inversiones por 23.671 millones de pesos en proyectos de vivienda, con 62 planes aprobados, mientras que otros 61 permanecen en etapa de formulación. Asimismo, reportó una inversión de 5.600 millones de pesos, junto con el SENA, para fortalecer proyectos productivos individuales del sector agropecuario y agroindustrial, además de 2.098 millones destinados al fortalecimiento de organizaciones productivas.Durante la presentación del balance, la directora de la ARN, Alejandra Miller, aseguró que la entidad mantuvo un alto nivel de ejecución de los recursos públicos. "La ARN no solamente sostuvo su presupuesto, sino que tuvo incrementos en este año. Es una entidad que ejecutó el 96% del presupuesto año tras año, en promedio, durante los cuatro años", afirmó. Los datos de empalme entregados por la entidad reportan una ejecución promedio del 96,6 % entre 2022 y 2025, mientras que para 2026 registra un avance del 65 %, en línea con el estado de ejecución del año fiscal.Miller sostuvo que estos resultados permitieron consolidar un modelo de reincorporación más amplio y expresó su expectativa de que el gobierno entrante mantenga esa ruta. "Esperaríamos que se sostenga y que se mantenga esta reincorporación digna", concluyó.
Once de los 16 congresistas que ocupan las curules de paz en la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 firmaron una declaración conjunta en la que expresaron su apoyo al gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.En el comunicado aseguraron que, cada uno, en representación de las organizaciones, asociaciones, consejos comunitarios, resguardos indígenas y grupos significativos de ciudadanos que avalaron las candidaturas, manifestaban de manera libre, autónoma e independiente el apoyo.“Luego de un ejercicio de reflexión responsable, estamos convencidos de que Colombia atraviesa un momento que demanda grandeza, responsabilidad y la capacidad de anteponer el interés nacional y el bienestar de los territorios históricamente excluidos a cualquier diferencia política. Consideramos que la construcción de La Patria Milagro debe comenzar, necesariamente, en los municipios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, la exclusión y la débil presencia institucional”, dice la declaración.Los firmantes también sostienen que la paz no puede limitarse al silenciamiento de las armas, sino que debe traducirse en oportunidades reales para las comunidades, el cierre de brechas sociales y una presencia efectiva del Estado.“Esperamos del Gobierno Nacional una política de paz seria, responsable y eficaz que permita avanzar hacia la terminación definitiva del conflicto armado. Igualmente, confiamos en que La Patria Milagro honre, de manera efectiva, la deuda histórica que el Estado mantiene con millones de víctimas del conflicto armado. La reparación integral constituye un mandato constitucional, legal y ético que no admite más dilaciones”, afirmaron.En el cierre del documento, los representantes hacen un llamado a todos los sectores de la sociedad para trabajar por una etapa de reconciliación, desarrollo y esperanza para el país. Aseguran que su respaldo estará guiado por la defensa de los intereses de los territorios que representan y que actuarán con independencia, responsabilidad y lealtad hacia quienes depositaron en ellos su confianza.Entre los firmantes está Jorge Rodrigo Tovar Vélez, James Mosquera Torres, Karen López, Juan Carlos Vargas, Luis Ramiro Ricardo Buelvas, Javier López Díaz, Alejandro Castillo Gaitán, Janneth Sabogal y Jhon Fredy V., entre otros.
En una sentida conversación con Mañanas Blu, el representante a la Cámara por la circunscripción de paz de Montes de María, Luis Ramiro Ricardo, evocó la memoria de su amigo y compañero congresista Diógenes Quintero, fallecido el pasado martes tras el accidente de una avioneta de Satena en Norte de Santander. Ricardo no solo compartía labores legislativas con Quintero, sino también una amistad estrecha forjada en los pasillos del Congreso y en la causa común por la paz en las regiones más golpeadas por el conflicto.“Diógenes era una mente brillante en estos asuntos legislativos”, expresó con profunda tristeza el representante Ricardo al recordar al congresista nortesantandereano. “A pesar de su corta edad, iba muy adelantado a su época, era muy visionario. Fue personero, defensor del Pueblo y un líder muy comprometido con la defensa de los derechos humanos”, añadió.Una amistad tras el trabajo legislativoLuis Ramiro Ricardo conoció a Diógenes Quintero en Bogotá, cuando ambos fueron elegidos por circunscripciones de paz. “Desde el primer momento tuvimos una gran empatía. Empezamos a trabajar juntos, hablábamos mucho de nuestra actividad legislativa colectiva, incluso presentamos varios proyectos de ley en conjunto”, relató. Con el correr del tiempo, esa relación profesional se transformó en una amistad sólida: “Éramos más que compañeros, grandes amigos. Almorzábamos juntos cada semana; celebrábamos nuestros cumpleaños juntos”.El dolor en su voz fue evidente al narrar cómo recibió la noticia del accidente: “Me sorprendió cuando hablé con Diana, su esposa; me dijo que Diógenes no aparecía, que no contestaba el teléfono, y fue a través de la radio que me enteré de esta triste noticia”.Un líder cercano a su comunidadPara Ricardo, el legado de Quintero se cimentó en su cercanía con la gente. “Era de las personas que, cuando uno lo visitaba en su oficina, siempre tenía allí a alguien del Catatumbo. Era un hombre muy apegado a su territorio”, recordó. Esa conexión se reflejaba en su trabajo: “Fue defensor del Pueblo en la regional Ocaña, y desde allí emprendió una cruzada por los derechos humanos que lo visibilizó en su comunidad”.Quintero, oriundo del Catatumbo, había construido una carrera marcada por la vocación de servicio público. Fundó la Asociación de Personeros del Catatumbo y dejó una huella profunda en la Defensoría del Pueblo, donde sus colegas lo recordaban por su compromiso y sensibilidad ante las víctimas del conflicto armado.Transición política y visión de centroEn los últimos meses, Diógenes Quintero adelantaba una campaña política para aspirar nuevamente al Congreso, esta vez por el Partido de la U, luego de haber sido elegido en las curules de paz. Su decisión surgió tras un análisis personal y familiar. “Nosotros, al no pertenecer a un partido político, podemos inscribirnos en una circunscripción ordinaria. Él decidió hacerlo luego de una reflexión en septiembre”, explicó Ricardo.El representante también señaló que Quintero mantenía una postura política moderada: “Él siempre fue un hombre de centro. A veces diferíamos, porque veníamos de regiones con realidades distintas, pero siempre terminábamos trabajando juntos y riéndonos al final de la discusión”.Luis Ramiro Ricardo cerró su intervención en Mañanas Blu con un mensaje de afecto hacia quien consideraba su hermano político: “Diógenes deja un legado inmenso de compromiso, de amor por su gente y de trabajo honesto por la paz. Era un hombre con espíritu noble, un servidor público de verdad”.
El senador por el Partido Conservador e integrante de la Comisión Séptima, José Alfredo Marín, presentó en las últimas horas su renuncia ante el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda.Los motivos de la renuncia de Marín corresponden a problemas de salud, como él mismo lo menciona en su carta de renuncia: “He tomado la decisión de renunciar a mi curul y apartarme transitoriamente de la política para atender mi salud, motivo por el cual he tomado esta decisión, que hoy de manera responsable considero la conveniente para recuperarme”.Marín resaltó que cumplió su labor y demostró su posición en contra de Gobierno Petro, e incluso señaló que en varias ocasiones pidió al Partido Conservador declararse en oposición. El ahora excongresista agradeció al departamento de Santander la confianza depositada en él.“Estar en el Congreso de la República ha sido un privilegio, siempre he dicho que es importante ser feliz haciendo lo que a uno le gusta pero mi garbo e ímpetu que la política demandan , no están en su plenitud, por lo tanto, estaré un tiempo fuera del escenario político pero mi compromiso con Santander y Colombia se mantienen, estaré siempre a su servicio, en defensa de la soberanía, del fortalecimiento de las instituciones y por supuesto, respetando la división de poderes”.Este martes a al 11:45 de la mañana se posesionaría la senadora Esperanza Andrade en reemplazo de Marín.
Desde el martes, 6 de septiembre, iniciaron las conversaciones territoriales para la construcción de la paz con el conversatorio “Justicia y reparación integral para las víctimas, desde las recomendaciones de la Comisión de la Verdad”, en el auditorio Alfonso Quintana de la Universidad Javeriana, en Bogotá.El propósito de estos espacios es poder brindarles las herramientas necesarias a los consejeros y consejeras de paz del país, para que fortalezcan las capacidades a través de las recomendaciones dadas por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.Para este miércoles, 7 de septiembre, se tendrá el conversatorio “Sustitución voluntaria de cultivos, cambio de la política de Estado frente a la política del narcotráfico”, de 4:00 a 6:00 p.m; para el jueves, 8 de septiembre y en el mismo horario, se hablará del enfoque diferencial y de género, mientras que para el viernes, 9 de septiembre, se centrarán en los diálogos regionales para la construcción de paz y solución pacífica de conflictos a través de la dejación de armas y la participación política.Cada conversatorio contará con la exposición de consejeros territoriales de paz de los departamentos de Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Arauca. Además, los consejeros de paz tendrán la oportunidad de exponer su perspectiva territorial sobre las recomendaciones de la comisión de la verdad.Cabe recordar que el programa CONPAZ de la Fundación Instituto para la construcción de la paz-FICONPAZ- y la pontificia Universidad Javeriana, son los encargados de realizar estos conversatorios. Escuche aquí el podcast de Cómo como y mejore su alimentación:
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, dijo el martes que pedirá a la guerrilla del ELN y a "todas las agrupaciones armadas" un "cese al fuego bilateral" para comenzar "negociaciones judiciales en la mayoría de los casos y negociaciones políticas en la minoría".El senador Ariel Ávila se conectó a Sala De Prensa para hablar sobre la reanudación de las conversaciones con esta guerrilla.“Una negociación con el ELN es inevitable porque la razón de ser de esta guerrilla era llegar por la vía armada, la izquierda democrática llegó al poder entonces su objetivo ya no existe …Creo que la negociación no va a ser tan demorada porque ya está avanzada la hoja de ruta. El lío es reconstruir las relaciones internacionales”, dijo.Ávila explicó que lo que se está proponiendo son proyectos de sometimientos a la justicia para esas estructuras porque a punta de represión no se va a lograr.El lunes, el jefe del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro, alias "Antonio García", aseguró en un comunicado que esa guerrilla está "dispuesta a reanudar las conversaciones de paz con el nuevo Gobierno para que sus resultados traigan la paz con justicia social para toda Colombia".
Este martes el presidente electo, Gustavo Petro, anunció que está buscando llevar a cabo un cese al fuego bilateral del ELN para poder restablecer los diálogos de paz que fueron suspendidos con esta guerrilla, tras el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, que dejó un saldo de al menos 22 personas muertas. Asimismo, en las últimas horas se conoció un comunicado del ELN en el cual reiteran su disposición de reiniciar conversaciones con el gobierno de Gustavo Petro.En Blu Radio hablamos con el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, sobre estos dos mensajes que fueron recibidos de manera positiva en este organismo, ya que para ellos muestra una voluntad de las dos partes en buscar caminos hacia la paz."Ya están especificando uno de los elementos de esa reanudación, como puede ser un cese al fuego bilateral y son pasos en esa dirección, entonces lo vemos claramente de manera muy positiva", explicó Ruiz Massieu.Desde la ONU resaltan que las condiciones de los diálogos dependen es de las dos partes, gobierno y guerrilla del ELN, pero que un cese al fuego ayudaría a disminuir la violencia."Ciertamente, los ceses bilaterales e incluso unilaterales traen la reducción de violencia por la cual es positivo, pero es ciertamente voluntad de las partes las condiciones sobre las cuales están dispuestos a sentarse en la mesa, en el pasado se han dado pasos de manera unilateral el ELN ha declarado ceses unilaterales en el marco de las elecciones, eso trae consecuencias positivas, esos pasos siempre se pueden dar, pero dependen de las partes", indicó.Para el representante se destacó la voluntad que han expresado las dos partes en buscar vías de diálogo, pues para la ONU esta es la mejor vía para la resolución de conflictos, por otro lado, muestran su disposición para realizar labores que las dos partes consideren podría aportar este organismo."Estamos listos para apoyar estos esfuerzos, en el pasado hubo un cese y nosotros verificamos junto con la iglesia, y en los procesos las funciones son variables, de facilitación, mediación, acompañamiento y estaremos atentos a lo que el gobierno y el ELN requieran de nosotros", señalaron.Por último, destacaron desde la ONU que el presidente electo Gustavo Petro manifestó que va a respetar los protocolos que ya se habían establecido con el ELN para avanzar en los diálogos, resaltando que esto puede llevar a que las negociaciones ya tengan una buena base y se pueda reanudar con más facilidad el diálogo.Escuche el podcast “Ser campeón viene con manual” y conozca el poder de la actitud:
OCAD-PAZ es el órgano del Sistema General de Regalías que designa al ejecutor de los proyectos que buscan beneficiar a municipios que, a raíz del acuerdo de paz, se incluyeron en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, por ser los más pobres y afectados por el conflicto.Tras seis meses de investigación se pudo establecer que, funcionarios de la Dirección Nacional de Planeación y de la Contraloría General, además de congresistas, la mayoría del partido conservador; mandatarios locales y contratistas, habrían formado un entramado de corrupción para quedarse con aproximadamente el 12 % de los recursos que aprueba el Ocad-Paz.En estos audios, Martín Zuleta, dice que había unos proyectos que no se podían votar por el concepto negativo de la Contraloría.“Cuando no las entreguen yo se las mando, si tiene algún municipio pendiente yo estoy atento. Aquí hay un listado de la contraloría de los que no se pueden votar”, dice Zuleta en el audio.Los proyectos, antes de llegar al OCAD-Paz, deben cumplir con todos los requisitos de viabilidad y además son revisados por la contraloría. Una vez en el Ocad son sometidos a votación a el Alto consejero para la estabilización, que era Emilio Archila, Martín Zuleta, representante de todos los alcaldes de los municipios PDET, y José Facundo Castillo que representaba los departamentos. La Secretaría Técnica estaba a cargo de Álvaro Ávila.Al fondo mixto para el deporte del Valle del Cauca se le aprobaron por medio del OCAD-PAZ dos proyectos para ejecutar en el municipio de La Paz en el departamento del César.A esto se suma un documento revelado por Mañanas Blu donde queda claro que pese a la insistencia del entonces Comisionado Emilio Archila de que los proyectos fueran discutidos en orden de llegada, se decidió en actas estudiarlos en orden alfabético, lo que le daba prelación a departamentos como Cesar y Córdoba, entre otros.
Este miércoles la ONU, la Unión Europea, la OEA y la Nunciatura Apostólica emitieron un comunicado en el cual muestran su respaldo al informe que presentó este martes la Comisión de la Verdad en el cual explica las causas y consecuencias del conflicto armado pero también se hacen recomendaciones para superar la violencia.Para la comunidad internacional este fue un trabajo riguroso que se desarrolló por más de tres años y el cual busca construir la paz y retratar el dolor de las víctimas y lo califican como un sistema innovador fruto del acuerdo de paz firmado entre las extintas Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos.“El informe de la Comisión de la Verdad materializa el compromiso de poner a las víctimas en el centro del Acuerdo de Paz, clave para establecer las bases de la reconciliación y la construcción de paz en Colombia”, se leyó en el comunicado.En el mismo sentido aseguraron que van a continuar apoyando el proceso de paz en Colombia y pidieron al Estado tener en cuenta las recomendaciones que se hacen en el informe con el fin de superar la violencia.“Ahora empieza, para la sociedad y las autoridades del Estado, la tarea de difundir y desarrollar las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad, para lograr la plena implementación del Acuerdo de Paz y para erradicar la violencia de los territorios”, señaló el comunicado.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca, con el gobierno de Gustavo Petro ¿qué viene para el país?
El presidente de la República, Iván Duque, previo a su viaje a los Estados Unidos, citó a sesiones extraordinarias al Congreso de la República. El Legislativo sesionará hasta el próximo jueves 23 de junio.Como ya es habitual en las últimas legislaturas, la citación se dio por falta de tiempo para debatir algunas iniciativas que están pendientes, y para evitar que se hundan proyectos fundamentales para el Gobierno.Los congresistas tendrán que sacar adelante varios proyectos que son fundamentales, uno de ellos, en el que se reglamentan las curules de paz en las comisiones constitucionales y legales del Congreso de la República.También tendrán que votar dos conciliaciones: una de ellas es la de formalización minera y la otra los Juegos Intercolegiados nacionales.Así mismo, se tendrá que votar dos tratados internacionales de Unión Europea, en materia de cooperación internacional, y un acuerdo entre Colombia y el Gobiemo de los Emiratos Árabes Unidos en relación con servicios aéreos.Por último, el senado tendrá que votar los ascensos de grado del contralmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi, quien aspira a ser vicealmirante; y al grado de contralmirante del capitán de navío Camilo Mauricio Gutiérrez Olano.
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.