En una decisión que reaviva uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que condene al general (r) Iván Ramírez Quintero y al coronel (r) Fernando Blanco Gómez como coautores de la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, quien fue visto con vida por última vez durante la retoma militar del edificio, los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
La solicitud fue dirigida al magistrado Gerson Chaverra, integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema, y fue revelada en primicia por el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina. En el documento firmado por el procurador segundo delegado para la casación penal, Jaime Gutiérrez Millán, se afirma que existen pruebas suficientes para responsabilizar penalmente a los dos exoficiales por su participación directa en los hechos.
Según el Ministerio Público, las interceptaciones legales de las comunicaciones radiales del Ejército durante los días del asalto al Palacio de Justicia permiten inferir de manera clara el rol activo que Ramírez Quintero y Blanco Gómez habrían tenido en la desaparición de Rodríguez Vera. “Se encuentran plenamente reunidos los requisitos que la ley y la jurisprudencia exigen para la configuración de la coautoría en una desaparición forzada”, señala el documento.
La Procuraduría argumentó que los elementos del caso evidencian un acuerdo previo entre los oficiales, una distribución de tareas y un claro codominio del hecho. Esto se fundamenta en que fueron precisamente miembros del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), bajo el mando de Ramírez Quintero, entonces comandante, y con Blanco Gómez como segundo al mando, quienes se encargaron del traslado de los sobrevivientes a lugares como el Museo Casa del Florero, punto desde el cual no se volvió a saber del paradero de Carlos Augusto Rodríguez Vera.
“Desde ese momento su existencia entra en una absoluta indefinición, lo cual configura claramente el tipo penal de desaparición forzada”, concluye el Ministerio Público, al descartar que el caso pueda ser desvirtuado con hipótesis infundadas.
La desaparición de Rodríguez Vera forma parte del grupo de casos de civiles que salieron con vida del Palacio de Justicia durante la retoma militar y que nunca más volvieron a aparecer. Estos hechos han sido ampliamente documentados por organismos de derechos humanos y han sido objeto de investigaciones tanto nacionales como internacionales.
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