Reglamento sería modificado para mejorar situación de sectores LGBTI en cárceles
El viceministro de Justicia, Carlos Medina, dio a conocer las modificaciones al reglamento general de los establecimientos de reclusión.
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“La diversidad sexual es parte integral de la dignidad humana y es un principio que rige el sistema penitenciario”, dijo.
Medina Ramírez explicó que los cambios contemplan principios generales con enfoque de derechos humanos y enfoque diferencial.
Precisó que las personas privadas de la libertad pertenecientes a sectores LGTBI podrán expresar su identidad de género y diversidad sexual.
Por ejemplo, se establecen reglas especiales respecto al examen médico de ingreso, con el objetivo de garantizar la salud de las personas trans que vienen recibiendo tratamientos hormonales.
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También se prohíbe usar la orientación sexual y la identidad y expresión de género como criterios de clasificación de los internos. Se da la oportunidad a las personas trans de decidir dónde deben ser ubicadas según su identidad de género.
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Además, se prohíbe sancionar disciplinariamente las muestras de afecto, como besos, abrazos o caricias entre parejas LGBTI.
Las personas LGTBI pueden expresar su identidad y su diversidad sexual con elementos como pelucas, esmaltes, maquillaje, entre otros.
Entre las modificaciones se señala que ya no es requisito en las visitas íntimas de miembros de la comunidad LGBTI demostrar que la pareja es cónyuge o compañero permanente. Esto no se exige en parejas heterosexuales.
El pronunciamiento del alto funcionario se dio durante el VI Simposio Nacional Penitenciario y de Derechos Humanos, en el que destacó el propósito del Ministerio de Justicia de contribuir para construir una sociedad más justa y que garantice los derechos humanos a la igualdad y equidad de género en los centros penitenciarios.
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"La diversidad sexual está protegida en la Constitución Política y no puede obviarse por el hecho de que las personas estén privadas de la libertad”, aseguró.
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El simposio tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar a funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Pública y sociedad civil en el respeto por los Derechos Humanos de las personas que se encuentran recluidas, especialmente mujeres y sectores LGTBI.