La Fiscalía General imputó este 17 de diciembre a dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa y a un coronel del Ejército Nacional por su presunta participación en graves irregularidades detectadas en un contrato millonario para el mantenimiento de helicópteros rusos MI-17, una de las flotas estratégicas de la fuerza pública.
Los procesados son el exsecretario general del Ministerio de Defensa Hugo Alejandro Mora Tamayo, el exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera Diego Alejandro Manrique Cabezas y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional.
¿Cómo amañaron el contrato?
Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso expuso que entre septiembre y octubre de 2024 los tres hombres habrían participado en un entramado que corrupción en el que se otorgó un contrato por cerca de 32 millones de dólares, destinado al mantenimiento de los helicópteros MI-17.
“Carlos Martín Forero, representante de la empresa MI-Series Perssonel & Parts, en asocio con James Lester Montgomerie, ciudadano estadounidense, lograron cohesionar a varios servidores públicos del Ministerio de Defensa con el fin de que direccionaran el proceso contractual que se debía tramitar para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional”, señaló el fiscal.
En este proceso, el coronel Rincón Ricaurte, quien fungía como gerente del proyecto, habría refrendado prórrogas injustificadas para la presentación de cotizaciones, participado de forma indebida en la etapa precontractual y certificado, sin respaldo técnico, que la empresa Vertol Systems Company sí contaba con la experiencia e idoneidad necesarias para ejecutar el contrato, a pesar de que el comité evaluador había descartado a ese oferente.
Ricaurte también es señalado de intervenir para modificar los estudios financieros del proceso y avalar condiciones que impidieron verificar la real capacidad económica del contratista, lo que terminó afectando los mecanismos de control y selección objetiva.
En el caso de Diego Alejandro Manrique, la Fiscalía indicó que presuntamente intervino en la elaboración y evaluación del estudio económico previo y cambió los requisitos financieros habilitantes. Esto permitió que se aprobara una propuesta sin que fuera posible establecer indicadores clave como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normativa vigente en contratación estatal.
El tercer implicado, Hugo Alejandro Mora, habría firmado el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de ese año, pese a conocer las irregularidades del proceso y la falta de cumplimiento de los requisitos legales.
“A pesar de que tenía conocimiento de que el documento mediante el cual se habilitaba la propuesta no era legal y que el contratista no cumplía con los requisitos habilitantes de experiencia, capacidad económica y jurídica ante la ausencia un poder de representación en Colombia, y de que el representante de Vertol Systems, James Lester Montgomerie, no estaba en el país en ese momento, procedió a suscribir el contrato”, argumentó el fiscal.
Mora también habría autorizado una modificación en la forma de pago que permitió un anticipo del 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.
Dicho anticipo fue desembolsado el 15 de abril de 2025, pese a que el contrato no podía ejecutarse debido a los incumplimientos del proveedor. Según la Fiscalía, del valor total del contrato solo se ejecutaron actividades por cerca de 2,6 millones de dólares, sin que hasta la fecha se haya reintegrado al Ministerio de Defensa el saldo restante, superior a 13 millones de dólares, tras la declaratoria formal de incumplimiento.
Durante la audiencia, la Fiscalía imputó a los tres investigados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, delitos como falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública, fraude procesal y peculado por apropiación.
Ninguno de los cargos fue aceptado por Rincón, Mora ni Manrique y la audiencia deberá continuar el próximo viernes, 19 de diciembre, para que la Fiscalía exponga la acusación de estos delitos y aporte las pruebas necesarias.
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