La magistrada Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial de paz, JEP, dijo que tiene la esperanza de que lo que pasó con Carlos Bermeo, fiscal de la Unidad de Investigación de la jurisdicción, sea un caso aislado en el tribunal.
La funcionaria manifestó que está tranquila con el papel que están desempeñando los magistrados de la JEP: “Aspiro y tengo la esperanza de que, como me lo aseguró el doctor Álvarez Santoyo, este sea un caso aislado”.
Además, Linares dijo que no es suficiente que una persona cumpla los requisitos legales para formar parte de la jurisdicción, en referencia al episodio del fiscal que fue sorprendido recibiendo dinero para “incidir” en la extradición de Jesús Santrich.
Añadió que la selección y nombramiento de los servidores de la unidad de investigación es competencia exclusiva del director de la unidad, Giovanni Álvarez.
“Esta es una explicación que le tiene que dar el doctor Álvarez al país. Él manifiesta el comunicado de prensa que verificó los requisitos para desempeñar el cargo. Yo he manifestado siempre (…) que el caso nuestro no basta con la verificación de los requisitos de ley y que en todo caso hay que comprobar la idoneidad ética de las personas que van a colaborar en la jurisdicción, dada la complejidad y la delicadeza de los temas que se tratan”, añadió.
La magistrada ofreció disculpas al país por este hecho, del que dijo mina la confianza en el tribunal.
“Muy complicado. Nos embarga un sentimiento de mucha tristeza y dolor porque después de un año de un trabajo intenso, de dedicación absoluta y mucho sacrificio una situación como la que se presentó el viernes definitivamente afecta de manera grave la imagen de la jurisdicción”, añadió.
Las autoridades capturaron el viernes en Bogotá a Bermeo y a otras cuatro personas cuando recibían 500.000 dólares para que incidieran en el expediente contra Santrich, pedido en extradición por EE.UU. por narcotráfico.
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Entre los capturados están Carlos Julio Bermeo, fiscal de Apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, y el exsenador Luis Alberto Gil Castillo, quien fue condenado por vínculos con paramilitares con el fin de consolidar su proyecto político.
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