Luego de que la Corte Constitucional revocara las resoluciones que ordenaron la intervención forzosa de la EPS Sanitas, los representantes legales de la compañía celebraron la decisión y acusaron al Gobierno de haber ejecutado una estrategia deliberada para afectar a la entidad, sus usuarios y el sistema de salud en general.
“El fallo ratifica que la intervención fue ilegal, arbitraria, desproporcionada y discriminatoria”, afirmó Juan David Rivero, abogado de Keralty, grupo al que pertenece Sanitas. “No tenemos ningún ánimo revanchista, pero seguiremos acudiendo a las autoridades judiciales para reclamar las responsabilidades individuales de quienes desarrollaron esta estrategia premeditada”, agregó.
La Corte Constitucional concluyó que la Superintendencia Nacional de Salud violó el derecho al debido proceso al imponer, en abril de 2024, la toma de posesión inmediata de los bienes y la administración de Sanitas sin garantizar las garantías mínimas procesales. Esta medida, que fue prorrogada en abril de 2025, fue anulada por el alto tribunal con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González.
La sentencia también ordena restituir los órganos de gobierno de la EPS en los próximos días. “Yo calcularía que entre 10 y 15 días se ejecutará materialmente la decisión, con lo cual se restablecerán las instancias de dirección de Sanitas. A partir de ahí comienza el verdadero trabajo: estudiar y evidenciar cuál es la situación real de la EPS para tomar decisiones que permitan solventar la crisis a la que nos llevó el Gobierno”, explicó Rivero.
La tutela que dio lugar al fallo fue presentada por las compañías accionantes tras la intervención ordenada por la Superintendencia. Aunque en primera instancia fue negada por el Tribunal Superior de Bogotá y luego ratificada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional decidió revocar esas decisiones, amparando los derechos fundamentales al debido proceso.
Además de anular las resoluciones de intervención y su prórroga, la Corte ordenó remitir el expediente a la sala especial de seguimiento de la sentencia T-760 de 2008, para asegurar el control sobre la garantía de los derechos fundamentales en el sistema de salud.
La decisión fue adoptada por mayoría, pero contó con el salvamento de voto del magistrado Vladimir Fernández Andrade, quien se apartó del criterio de la sala plena.
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