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A pesar del fallo reciente de la Corte Constitucional que anula la intervención estatal sobre la EPS Sanitas, la preocupación entre sus usuarios persiste. Gloria Quinceno, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas, celebró la decisión judicial, pero advierte que “recuperar la EPS no será fácil” y que lo vivido fue, a su juicio, una retaliación política por parte del Gobierno Nacional.
En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Quinceno aseguró que aunque el fallo representa un alivio jurídico y una reivindicación moral, la situación actual de la entidad es crítica: "Estamos contentos, pero también preocupados", expresó. “El deterioro de Sanitas es lo que nos preocupa.”
Sanitas, una de las EPS más grandes del país, enfrenta una profunda crisis financiera tras la intervención gubernamental que comenzó en abril de 2024. Según Quinceno, las cifras revelan un panorama alarmante: “A 31 de diciembre, la EPS acumuló pérdidas por 920 mil millones de pesos y un patrimonio negativo de más de 1 billón 100 mil”.
Estas pérdidas, según la Asociación de Usuarios, no son producto de una mala gestión previa, sino de la intervención misma, la cual, según Quinceno, interrumpió procesos eficientes y rompió las cadenas de operación interna. “La intervención no ha sido buena para nada, para nada, para nada”, sentenció la vocera.
Uno de los frentes más críticos ha sido la distribución de medicamentos, especialmente en 13 departamentos donde la EPS fue retirada de Cruz Verde.
“Los operadores que entraron no tienen ni los recursos ni la operatividad”, afirmó Quinceno.
Tenemos pacientes diabéticos, hipertensos, con más de seis meses sin que les entreguen un medicamento
Este cambio en la red de distribución ha derivado en lo que la presidenta califica como una “emergencia sanitaria”, afectando gravemente a poblaciones vulnerables. “Si usted no tiene el medicamento, pues no resuelve el problema de su salud”, declaró.
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El impacto de la intervención también ha afectado la moral y condiciones de trabajo de empleados administrativos y personal médico. Aunque muchos trabajadores se mantienen en sus cargos, Quinceno denuncia que sus funciones han sido reducidas al mínimo: “Es una sola persona, el interventor, quien toma las decisiones. No hay junta ni asamblea de accionistas. Eso crea un ambiente de incertidumbre total.”
Asimismo, denunció la falta de ajustes salariales y el temor constante de cierres de clínicas y centros médicos. “Todos los días sale que van a cerrar este centro médico, que van a cerrar esta clínica, y eso crea un malestar entre la gente, e incide en un mal servicio”, afirmó.
Para la presidenta de la Asociación de Usuarios, el motivo de la intervención no es otro que político. “Eso fue una retaliación, como lo hemos dicho siempre”, declaró, haciendo alusión al rechazo de los usuarios y el grupo empresarial a la reforma a la salud propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. “No hay ningún elemento técnico que pueda uno valorar para decir que fue justa la intervención”.
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Este señalamiento de politización en la gestión del sistema de salud colombiano se convierte en un nuevo capítulo en el debate nacional sobre la reforma al modelo de EPS.
Quinceno también lamentó que los usuarios no hayan sido tenidos en cuenta en el proceso que terminó con la decisión de la Corte Constitucional. “La demanda es de los accionistas. Yo he puesto muchas tutelas y las he perdido todas”, explicó. No obstante, resaltó el esfuerzo constante por proteger el derecho a la salud, el cual consideran que estaba mejor garantizado antes de la intervención.
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