La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá aceptó el impedimento presentado por el magistrado Ramiro Riaño Riaño para apartarse del estudio de la tutela interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El recurso fue radicado el pasado 4 de agosto por el abogado Jaime Granados Peña, y buscaba que se revisara la medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra el exmandatario. Sin embargo, el magistrado Riaño expuso dos motivos que, a su juicio, comprometían su imparcialidad.
En primer lugar, recordó que su compañera sentimental fue nombrada en un cargo en la Fiscalía General durante la gestión de Eduardo Montealegre Lynett, una de las víctimas reconocidas en este proceso penal. “Es así porque, desde mi fuero interno, estimo la existencia de una tensión entre la gratitud por aquella vinculación y la absoluta imparcialidad que demandan las decisiones judiciales”, señaló en el documento radicado el 5 de agosto.
El segundo argumento está relacionado con una denuncia por prevaricato por acción que Montealegre presentó en su contra en febrero de este año. “Ese acto de denuncia me convierte en contraparte del prenombrado ciudadano, pues es la base del proceso penal y principal fuente de prueba de la Fiscalía, adicional a las decisiones que yo adopte”, explicó Riaño.
El magistrado también mencionó la carta enviada recientemente por las víctimas acreditadas en este expediente: el senador Iván Cepeda Castro, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, excompañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve.
Con la aceptación del impedimento, el caso pasa al despacho del magistrado Leonel Rogeles Moreno. De acuerdo con fuentes del Tribunal, la ponencia será discutida entre Rogeles y la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero. En caso de empate, el reglamento prevé un sorteo por orden alfabético para definir la decisión.
La tutela cuestiona la medida de aseguramiento dictada por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, que condenó a Uribe a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno en actuación penal. La defensa del exmandatario sostiene que con esa determinación se vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad.
El pasado 6 de agosto, en horas de la noche, el expresidente publicó un video en sus redes sociales en el que afirmó que ya se encuentra cumpliendo su detención domiciliaria.