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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) confirmó una decisión de tutela que amparó los derechos fundamentales de una aspirante al concurso de méritos de la Contraloría General de la República, quien pidió presentar su examen escrito en Bogotá debido a que cursa un embarazo catalogado como de alto riesgo.
La sentencia ratificó el fallo del Juzgado 68 Administrativo Oral de Bogotá, el cual había ordenado a la Contraloría y a la Universidad de Antioquia, operador técnico del proceso, realizar los ajustes logísticos necesarios para garantizar que la concursante pudiera presentar la prueba en la capital.
La mujer se inscribió en febrero de 2025 y escogió inicialmente como sede de examen la ciudad de Armenia, Quindío. Sin embargo, meses después quedó embarazada y su ginecólogo determinó que se trataba de un embarazo de alto riesgo debido a la edad materna avanzada, hipotiroidismo pregestacional y antecedentes de infertilidad. Para la fecha reprogramada del examen, prevista para febrero de 2026, la aspirante tendría cerca de 27 semanas de gestación, por lo que desplazarse hasta otra ciudad supone un riesgo para su salud y la del feto.
Pese a que la solicitud fue presentada con más de cuatro meses de anticipación y estaba sustentada con certificación médica, la Contraloría negó el cambio de sede argumentando que, de acuerdo con el Anexo de Términos y Condiciones del concurso, las sedes no pueden modificarse después del cierre de inscripciones. La entidad sostuvo que debía aplicarse la regla general sin excepciones.
El Tribunal, sin embargo, consideró que la Contraloría hizo una aplicación estrictamente formal de la norma, sin ponderar la situación particular de la aspirante ni el impacto que la decisión podría tener en sus derechos fundamentales. “Asimismo, el respeto de los procedimientos no puede convertirse en un obstáculo para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, en especial cuando se trata de sujetos de especial protección”, describe la decisión.
La Sala destacó que el examen puede ser reubicado sin afectar la igualdad entre los participantes, y que la solicitud se presentó con suficiente tiempo para ajustar la logística sin alterar la integridad del concurso.
Para el Tribunal, por el contrario, la negativa administrativa “sí genera una afectación grave y directa a derechos de jerarquía constitucional, pues expone a la accionante a un riesgo médico comprobado, restringe su derecho a participar en igualdad de condiciones y desconoce el deber estatal de adoptar medidas afirmativas en favor de las mujeres embarazadas”.
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Finalmente, el Tribunal hizo un llamado a las entidades públicas para incorporar perspectiva de género en todas las decisiones, como concursos de méritos y procedimientos administrativos.
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