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El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión que había reconocido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como víctima en el proceso penal contra Freddy Arley Castellanos, el profesor acusado de abusar sexualmente a varios menores de entre dos y cuatro años en el Jardín Infantil Canadá, sede F, en la localidad de San Cristóbal.
Inicialmente, un juez de conocimiento había aceptado que el ICBF actuara como víctima, bajo el argumento de que la entidad sufrió un daño institucional y reputacional por los hechos registrados en una de sus sedes. Sin embargo, la defensa de las víctimas, la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron revocar la decisión, insistiendo en que el delito y la vulneración afectaron directamente a los niños y no a la institución.
“Desde que asumimos la representación de las víctimas, hemos pensado que el ICBF no reúne la condición de víctima, entre otras cosas porque los presuntos acontecimientos ocurrieron en un jardín infantil que estaba bajo su vigilancia”, afirmó el abogado de las víctimas, Francisco Bernate, quien agregó que el instituto, en vez de buscar obtener la condición de víctima, debería explicar y exponer información clave en el caso.
El Tribunal acogió esta postura y concluyó que no se acreditaron pruebas que demostraran un perjuicio real y concreto al ICBF. La Sala Penal señaló que los alegados daños de tipo reputacional no bastan para justificar su participación como víctima en el juicio. No obstante, el fallo aclaró que la entidad podrá solicitar nuevamente su reconocimiento si logra demostrar afectaciones específicas derivadas de los hechos.
La Fiscalía acusó a Castellanos por los delitos de acceso carnal violento abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. Según la investigación, los hechos ocurrieron en el baño del jardín infantil, un espacio que debía garantizar la protección de los menores.
Castellanos, quien llevaba cerca de diez años vinculado a la docencia, permanece recluido en la Cárcel Distrital de Bogotá, mientras avanza el proceso judicial en su contra. Los padres de familia continúan reclamando mayores garantías de protección para los menores, una investigación exhaustiva que esclarezca lo ocurrido en el centro infantil y una condena ejemplar contra el acusado.
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