Tutela de Uribe será estudiada por magistrado que ya había solicitado apartarse del caso

El magistrado Ramiro Riaño Riaño, integrante del tribunal superior de Bogotá, fue asignado por reparto para analizar la acción de tutela presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En ese recurso, el exmandatario solicita su libertad condicional mientras se resuelve la apelación contra la condena que le impuso un juez por 12 años de prisión domiciliaria.La tutela busca la protección inmediata de derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal del líder del Centro Democrático.No es la primera vez que el magistrado Riaño tiene contacto con un proceso relacionado con Uribe. En febrero pasado, se apartó de otro trámite de tutela interpuesto por la defensa del expresidente. En aquella ocasión, manifestó un posible impedimento por razones personales: su pareja sentimental, Luz Adriana Gutiérrez, fue nombrada en 2013 como fiscal local provisional en Zipaquirá durante la administración de Eduardo Montealegre como fiscal general de la Nación. Montealegre, actual ministro de Justicia y supuesto víctima en el caso penal contra Uribe, fue uno de los motivos por los cuales el magistrado consideró que su imparcialidad podría verse comprometida.El recurso de tutela se presenta en medio del trámite de apelación que la defensa de Uribe radicó tras conocer el fallo de primera instancia, en el que fue hallado responsable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.El equipo jurídico del exmandatario insiste en que, al estar pendiente una segunda instancia ante la sala penal del tribunal superior de Bogotá, se mantiene vigente el principio de presunción de inocencia. Por tanto, según sus abogados, no hay justificación legal para ordenar una medida restrictiva de la libertad.Además, destacan que durante todo el proceso judicial, Álvaro Uribe ha comparecido de manera voluntaria y ha ejercido su defensa sin evadir ninguna diligencia. Por eso, insisten en que debe permanecer en libertad mientras se resuelve de fondo su situación jurídica.