La Unidad de Servicios Penitenciarios anunció la liquidación de un contrato por 16.000 millones de pesos para ampliar un pabellón de la cárcel de Bellavista, que celebró el año pasado con Jorge Molina, exrepresentante legal de una de las empresas del consorcio Centros Poblados, quien habría presentado un cupo de crédito presuntamente falso de la entidad financiera Itaú, para asegurar la adjudicación del contrato.
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) adjudicó la licitación por los 16.000 millones de pesos al consorcio Bellavista 2021, conformado por Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A.S y JP Servicios S.A.S.
En la empresa Proyectos y Desarrollos de Infraestructura es accionista mayoritario Jorge Molina, implicado como representante legal de CM Constructores en el escándalo de MinTIC y Centros Poblados y, se habría ganado la licitación con el mismo modus operandi que se hizo con Emcali, presentando cupos bancarios falsos.
La unidad, a través de un comunicado oficial, reveló que desde el pasado lunes, 27 de septiembre, le notificó al contratista que se iba a declarar la nulidad del contrato por configurarse una causal de nulidad absoluta, actuación que deberá continuarse este 5 de octubre y decidirse en los siguientes días.
La dirección de la entidad penitenciaria indicó que se realizó una validación directamente con la Vicepresidencia de Banca Mayorista de Itaú CorpBanca Colombia, sobre la cual se preguntó la autenticidad del cupo bancario y se determinó que es falsa, tanto en su forma, como de su contenido y firma.
Finalmente, la USPEC indicó que no se ha desembolsado anticipo alguno y que ya se compulsó copias a la Fiscalía y Procuraduría para que asuman las investigaciones del caso.
Es importante precisar que los recursos públicos para la ejecución de este proyecto no han sido ni serán desembolsados por lo que no existe riesgo alguno al patrimonio público de los colombianos. La entidad compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones que correspondan contra los responsables de estos comportamientos que afectan los principios de transparencia y, moralidad pública que deben orientar la gestión pública
indicó la entidad.
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