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UT Centros Poblados demandaría a la Nación si declaran caducidad de contrato con MinTIC

El abogado Jorge Pino Ricci, apoderado de la unión temporal señalada de corrupción en un contrato para instalación de internet en zonas rurales, dijo que se buscará la cesión del contrato.

357446_Niña estudiando. Foto: AFP
Niña estudiando. Foto: AFP
Foto: AFP

En el ojo del huracán está el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la ministra Karen Abudinen por la adjudicación de un contrato para llevar internet gratis a instituciones rurales al consorcio denominado Unión Temporal Centros Poblados por un valor de $ 1.07 billones.

La polémica nació por un posible caso de corrupción, ya que, presuntamente, la unión temporal presentó una garantía que no había sido expedida por el Banco Itaú. Además, este caso toma más relevancia porque se realizó un anticipó de $ 70.000 millones.

Sobre este caso, Jorge Pino Ricci, abogado de la UT Centros Poblados, insistió en Mañanas BLU que un juez es el único que puede asegurar que las garantías presentadas para la adjudicación del contrato son falsas.

"La Unión Temporal pagó más de 2.100 millones de pesos por esa garantía. Nadie paga todo ese dinero por un documento falso. La Unión Temporal ha actuado de buena fe. (…) Habrá que esperar las investigaciones. Estamos pidiendo al fiscal que con prontitud se llegue a fondo", afirmó Pino.

Además, agregó: “Nosotros no podemos aceptar que tilden a la unión temporal de tramposa hasta que se investigue, y si efectivamente hubo un tramposo, que apliquen las sanciones. De entrada, no podemos afirmar que hubo trampa o que la garantía es falsa”.

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Por lo anterior, ante el anuncio de la ministra de declarar la caducidad del contrato, el abogado advirtió que no descarta demandar a la Nación.

“Yo le pedí al Ministerio que no decrete la caducidad. Está previsto en el contrato que frente a la inexistencia de la garantía se requiera al contratista y, si no entrega la garantía en 30 días, el contrato se termina. Eso no quiere decir que si se cometió un delito no haya sanciones. Esa sería una de las salidas”.

Y añadió: “Si nos decretan la caducidad vamos a demandar a la Nación, pero nosotros queremos dar un paso al costado y ceder el contrato”.

El abogado reiteró que los $70.000 millones de anticipo no se han perdido y que la misma interventoría puede dar fe de que “cada peso se invirtió en la prestación del servicio” contratado.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:

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