El caso tiene como principal implicado a Ronal Harbey Rivera, exfuncionario del DAS, procesado por integrar el llamado grupo G-3 que ejecutó seguimientos, amenazas y hostigamientos sistemáticos contra Duque entre 2001 y 2004.
Aunque en 2023 el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a 150 meses de prisión y declaró los hechos como crimen de lesa humanidad con componente de género, la Sala Penal de la Corte Suprema revocó la condena en mayo de 2025 y dejó en firme una sentencia absolutoria.
La periodista Claudia Julieta Duque, representada por el abogado Emmanuel Vargas Penagos, interpuso casación alegando que negar este recurso desconoce obligaciones constitucionales e internacionales en materia de protección a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, el pasado 1 de julio la Corte Suprema se abstuvo de dar trámite al recurso, calificándolo como “absolutamente improcedente”.
En la tutela, Duque sostiene que esta decisión afecta su derecho a la igualdad procesal frente a la defensa, que sí cuenta con la figura de la impugnación especial. También argumenta que se desconoce la perspectiva de género y el carácter de lesa humanidad de los crímenes, lo que incrementa la obligación del Estado de garantizar un acceso efectivo a la justicia.
El recurso busca que se reconozca la posibilidad de que las víctimas puedan acudir a la casación en contextos de graves violaciones de derechos humanos.
Para Duque, cuya lucha ha sido fundamental en la visibilización del escándalo de las “chuzadas” y en la tipificación de la tortura psicológica como delito autónomo, la negativa del alto tribunal constituye una nueva forma de revictimización.
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