Enrique Ariza Rivas, exdirector de Inteligencia del antiguo DAS, se suma a la lista de funcionarios de la desaparecida entidad condenados por la persecución y tortura a la periodista Claudia Julieta Duque, en hechos ocurridos entre 2001 y 2004.De acuerdo con el Juzgado Décimo Penal Especializado de Bogotá, Ariza deberá pagar 12 años y 6 meses de prisión y pagar una multa de 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el delito de tortura agravada continuada. En la decisión el juez ratificó además que no podrá gozar de cumplir la sentencia en su domicilio no podrá ejercer cargos públicos.“Recibo este nuevo acto de justicia en Bélgica, en la sede del Equipo Nizkor y Radio Nizkor, con gran alegría y gratitud por las amistades leales y las organizaciones y personas constantes que me permitieron llegar a abrazar la JUSTICIA en vida, y celebrarla con su compañía y apoyo. Solo queda pendiente de sentencia de primera instancia el también ex director de Inteligencia Giancarlo Auqué, y los funcionarios cuyos casos están paralizados ante la JEP”, escribió la periodista en sus redes sociales tras conocer la noticia.La decisión judicial implica también que se compulsen copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para determinar si se debe iniciar o no una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así mismo, el actual Gobierno nacional deberá adelantar un acto público de reparación, sumado a la indemnización que Ariza deberá pagar a la periodista superior a los $120 millones por daños y perjuicios.Claudia Julieta Duque y su familia, según las investigaciones, sentencias y sus propias denuncias, fueron blanco de seguimientos, interceptaciones, amenazas y hostigamientos por parte del DAS luego de que ella iniciara la investigación por el homicidio de Jaime Garzón.Además de Ariza, otros siete exfuncionarios del DAS han sido condenados por el mismo caso: José Miguel Narváez y Emiro Rojas Granados, exdirectores; Hugo Daney Ortiz, exjefe de Operaciones de Inteligencia; Jorge Armando Rubiano, exjefe de Desarrollo Tecnológico; Carlos Alberto Arzayúz, exdirector de Inteligencia y Néstor Pachón Bermúdez y Ronal Harbey Rivera Rodríguez, exdetectives.
José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión por el Juzgado 10 Penal Especializado de Bogotá. La sentencia, que se suma a una condena previa relacionada con el asesinato del humorista Jaime Garzón, reconoce la tortura psicológica infligida a la periodista Claudia Julieta Duque Orrego, quien fue víctima de un hostigamiento sistemático durante varios años.Entre 2003 y 2004, Narváez Martínez ocupó un cargo directivo en el DAS y lideró el Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3). Desde esta unidad, se realizaron seguimientos ilegales a periodistas, opositores y magistrados, entre los cuales Duque Orrego se destacó como una de las principales víctimas. La periodista, que investigaba el crimen de Jaime Garzón Forero y la manipulación del DAS en la investigación judicial, fue sometida a persecuciones, amenazas, hostigamientos y robos, lo que la obligó a exiliarse en 2001. Posteriormente, se confirmó que los vehículos que la seguían pertenecían al DAS.La sentencia, compuesta por 83 páginas, declara que estos actos, ocurridos entre julio de 2001 y diciembre de 2004, constituyen crímenes de lesa humanidad. Según el fallo, Narváez Martínez estaba al tanto de todas las acciones ilegales ejecutadas contra Duque Orrego y otras personas consideradas opositoras al gobierno de la época. La judicatura subrayó la gravedad de estas violaciones sistemáticas de derechos humanos, que incluyeron la tortura continuada sufrida por la periodista.En respuesta a la sentencia, Claudia Julieta Duque Orrego señaló: “También se compulsan copias para que se investigue a otros funcionarios que, de acuerdo a las pruebas, tuvieron responsabilidad en los actos de tortura”.La sentencia ordena compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación para investigar la posible participación de varios exfuncionarios del DAS, entre ellos Jorge Noguera Cotes y Felipe Muñoz Gómez, exdirectores del DAS; Jacqueline Sandoval y Martha Leal, exsubdirectoras; Milton Jair Moreno, Germán Albeiro Ospina Arango, Francia Jimena Vaquero Espitia, Rafael Bustamante Pérez, Alexander Velásquez Sánchez, y el fiscal Francisco Javier Pedraza Pérez. Se les investigará por su posible participación en actos de tortura agravada, secuestro y otras conductas punibles contra Duque Orrego, incluyendo actos de tortura que se habrían extendido desde 2005 en adelante.Además, se reiteró la orden de compulsar copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para determinar si hay mérito para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez en relación con los hechos objeto de este proceso.
La Corte Constitucional le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) entregar toda la información que la periodista Claudia Julieta Duque había solicitado sobre los registros de GPS recolectados de los vehículos del esquema de seguridad que le fueron asignados.“La entrega de esa información resulta relevante para la efectividad de otros derechos fundamentales de la accionante, como lo son la seguridad e integridad personal, de manera que la respuesta por parte de la entidad deberá realizarse en el menor tiempo posible, y ser íntegra y completa”, expone el fallo.En el documento también le ordenaron a la entidad de protección que elimine la información que repose en las bases de datos vinculada a la georreferenciación de los carros que le fueron asignados a la periodista, salvo aquella que sea estrictamente necesaria para cumplir con los mandatos constitucionales.Dentro de esa orden, la UNP deberá informarle a la periodista cuáles son los datos que no se pueden eliminar, pero, además, el director de la entidad deberá iniciar una actuación administrativa para devolverle el esquema de seguridad, a partir de la verificación de su actual nivel de riesgo.Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) aseguró que “la Corte Constitucional le ordena a la UNP entregar la información recopilada por GPS a la periodista Julieta Duque, pero declara que instalar un GPS en su vehículo de protección no violó sus derechos”.Le puede interesar:
BLU Radio conoció en primicia que la Jurisdicción Especial para la Paz citó al general en retiro Rito Alejo del Río y a varios exfuncionarios del antiguo DAS para que entreguen su versión en el caso 06, que prioriza el exterminio de la Unión Patriótica. Varios de los llamados han sido procesados por distintos casos en el tribunal especial.En el caso del militar, será el próximo 25 de marzo cuando deba ir a la JEP, esto con base en el estudio de un informe presentado por la Fiscalía en el que se habla de la victimización de la UP por parte de agentes del Estado e informes de la Corporación Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica.Aparte de Del Río, los exagentes del DAS, Giovanni Calderón Salazar y John Alirio Parra, también entregarán su versión el 12 de febrero y el 5 de marzo respectivamente. El primero fue condenado a más de 40 años por falsos positivos en el Tolima, mientras que Parra ha sido señalado de presuntamente haber tenido responsabilidad en el homicidio de la exalcaldesa de Apartadó, Antioquia, Diana Stella Cardona, en 1989.Asimismo, fue llamado el exsubdirector del DAS Emiro José Granados, a quien se le ha vinculado con seguimientos y amenazas en contra de la periodista Claudia Julieta Duque y su hija, y a quien en su momento se le endilgó el delito de tortura psicológica. Granados fue citado el próximo 9 de marzo al tribunal.A su vez, Alexander Romero Vargas, entonces jefe de inteligencia del DAS, y acusado de tener responsabilidad en falso positivo en el departamento de Casanare, deberá acercarse a la JEP a responder el próximo 16 de febrero de 2021.
Fuentes de inteligencia confirmaron a BLU Radio que, tras una alerta de organismos internacionales, contrastada con fuentes humanas y otro tipo de elementos, se logró confirmar la veracidad de una amenaza para la seguridad del presidente y de su familia.De acuerdo con informaron que había suministrado la CIA, Europol y otras agencias de inteligencia, dos ciudadanos extranjeros que habrían entrado al país antes del inicio de la pandemia, uno de nacionalidad israelí y otro de nacionalidad rusa, tendrían como misión en los próximos días acelerar el plan para matar al presidente de la República Iván Duque, por medio del uso de armas de largo alcance y de alta precisión. Es decir, por medio de francotiradores.Con base a esa información fue reforzada la seguridad de presidente y de su familia, se han modificado sus recorridos y su agenda está en permanente evaluación por esta alerta.Las autoridades mantienen sus esfuerzos para capturar a los dos extranjeros que están huyendo. Esta sería la tercera intención de atentado contra el presidente en lo corrido de su gobierno, los otros se habrían descubierto en el Cauca y otro Valledupar.
Para la periodista Claudia Julieta Duque, una de las personas que por años se ha dedicado a investigar el crimen del humorista Jaime Garzón, la Fiscalía debe “mirar hacia adentro” si quiere esclarecer en su totalidad el caso. “Si el fiscal está diciendo que habrá resultados prontamente hay que pedirle y exigirle públicamente, y lo quiero hacer hoy aquí, que investigue al interior de la propia Fiscalía. Directamente yo señalo al jefe nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, coronel retirado de la Policía Luis Alberto Pérez Albarán, quien era jefe de inteligencia del DAS cuando fue asesinado Jaime Garzón y quien estuvo preso por un escándalo de ‘chuzadas en el año 2000’”, dijo en entrevista con BLU Radio. Añadió que existe un “nexo clarísimo” entre las esas interceptaciones ilegales y el asesinato de Jaime Garzón, pues estas eran usadas por José Miguel Narváez para presentárselas a Carlos Castaño, fundador de las AUC. “Al interior del DAS hubo interceptaciones ilegales que están en la total impunidad y el director actual del CTI es responsable de eso, entonces que el fiscal (Néstor Humberto Martínez) empiece a mirar para adentro. ¿A quién más hay que mirar para adentro? Al exfiscal Eduardo Meza Cadena, fiscal de derechos humanos durante el caso Garzón, que participó activamente en ese montaje”, añadió. De otro lado, Duque resaltó algunos aspectos de la condena contra el exsubdirector del DAS Narváez por el crimen del humorista, pero criticó otros. “La sentencia tiene cosas que son muy importantes, otras que son muy criticables y otras que vale la pena destacar. De destacar, obviamente la condena, porque eso representa una puñalada a la criminalidad de Estado en Colombia porque, aunque el juez se niega a darle la categoría de mando que José Miguel Narváez tenía en las Fuerzas Militares y en entre los paramilitares, en su hoja de vida queda claro que él fue el capacitador de las cúpulas militares que se rotaban en Colombia durante más de 20 años”, dijo. En sentido, Duque expresó que se trata de un golpe a la estructura criminal que hizo carrera en las Fuerzas Militares, “basada en la impunidad y en la clandestinidad de sus actos”.Le puede interesar: "Se reía de él mismo, pero quería que nos cuestionáramos": hermana de Jaime Garzón “Eso es destacar y esa es una noticia de la cual nos regocijamos, a pesar de lo tardía y descontextualizada”, expresó. Añadió que uno de los elementos criticables es que el juez no haya declarado el crimen como de lesa humanidad: “Lo que él hace es desconocer de plano lo que la jurisprudencia internacional no ha enseñado en materia del análisis del contexto en el que se dan los crímenes”. Escuche aquí la entrevista completa:
La denuncia la hizo luego de que la senadora Paloma Valencia denunciara en una columna publicada en El Nuevo Siglo que su mamá, Dorotea Lasserna, había sido acosada por un exprocurador general de la nación en el momento en el que esta le pedía ayuda para defender sus derechos. En entrevista con El Espectador, Duque dijo que “hay más mujeres que confirman el comportamiento acosador” del exfuncionario.“Como todos saben, para esa época hacía mi investigación independiente del caso Jaime Garzón, en conjunto del abogado del caso, que era Alirio Uribe Muñoz, hoy representante a la Cámara. Asistí a la entrevista en la oficina que el exfiscal general tenía en la 32 con 7, fue una entrevista muy agradable, no me defraudó para nada el personaje, frente a sus opiniones y análisis, una persona muy amable de muy buen humor. Al terminar, le dije que además de esto, tenía otras preguntas, que no tenían que ver con el tema del paramilitarismo, sino con una investigación independiente del caso de Jaime Garzón. Esto fue más o menos un viernes, me dijo que estaba muy tarde y se tenía que ir. Me preguntó que, si de casualidad vivía por la zona de los Rosales, le dije que no, que vivía en Quinta Paredes. Entonces me dijo que nos viéramos el siguiente domingo en su apartamento para hablar de ese tema”, dijo.“Para mí hacer una entrevista un domingo no me parecía complicado, con excepción del hecho, y por eso tengo tan clara la fecha, que ese domingo era el Día de la Madre. Yo estaba separada y estaba sola con mi niña de 8 años, por eso dudé en aceptar en hacer la entrevista un domingo. Pero, por otro lado, también pensé ‘¿cuándo más iba a tener este personaje para hablar del caso Jaime Garzón?’, entonces acepté. Llegué a su apartamento, un apartamento muy lujoso casi llegando a la Avenida Circunvalar. Cuando entré, él ya tenía servidas 2 copas de vino y tenía unos documentos. Me dijo que había estado revisando y se dio cuenta que tenía muy poca documentación del caso Jaime Garzón, luego me invitó a sentarme”.Le puede interesar: Señalan a director de La Picota de acoso sexual y laboralPor su parte, Gómez Méndez respondió a las preguntas que El Espectador le hizo sobre las acusaciones que le hacen. “Hace veintitrés años y como particular recibo a muchas personas, incluidos periodistas. Solo le reitero que el hecho como ella lo plantea simplemente no existió”, dijo.
En una carta escrita a iniciativa de la europarlamentaria de IU Marina Albiol, los eurodiputados pidieron al Gobierno colombiano que investigue "todos los actos de intimidación, seguimientos ilegales y otras agresiones denunciadas por Claudia Julieta Duque y su familia, y que se sancionen a los autores materiales e intelectuales". Claudia Julieta Duque denunció en 1999 la presunta participación de agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el caso del asesinato del humorista Jaime Garzón ocurrido en 1999, lo que conllevó agresiones en su contra, como secuestro, amenazas, agresiones, y difamaciones, indicó la carta. Además, la periodista denunció en 2012 al expresidente de Colombia y actual senador Álvaro Uribe y al del exdirector general del DAS Jorge Noguera, por delitos de injuria y calumnia, y un año antes, en 2011, fue reconocida por la Justicia colombiana como víctima de "tortura psicológica" perpetrada por agentes del DAS, de acuerdo con los eurodiputados. Según los eurodiputados, otros miembros del DAS fueron "llamados a juicio", como los exdirectores de inteligencia Gian Carlo Auque de Silvestri y Enrique Alberto Ariza, y el exdirector de Contrainteligencia Rodolfo Medina Alemán, pero estos exagentes están prófugos, según la misiva. En la carta, dirigida además de a Santos al Fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, y a los miembros del Tribunal Supremo, los eurodiputados reclaman que se haga efectiva la captura de acusados prófugos de la Justicia y se realicen los trámites necesarios "para su extradición, deportación o captura internacional". Los miembros de la Eurocámara exigen además a las autoridades de Colombia que den "impulso real a las investigaciones" en contra de Uribe y Noguera y se avance "con la mayor celeridad posible" en estos juicios y se brinden plena garantías a la víctima y los testigos. También instaron a las instituciones colombianas a cumplir con el compromiso asumido por la Cancillería de Colombia de que el Gobierno emitiría antes del 15 de septiembre de 2015 un pronunciamiento público de respaldo a la lucha por la Justicia de la periodista Claudia Julieta Duque, el cual "aún no se ha dado". La misiva recogió también la preocupación de los eurodiputados por "la situación de las personas defensoras de derechos humanos, cuya labor es clave para la construcción de paz y fortalecimiento de la democracia en el país". Por otra parte, los europarlamentarios felicitaron a las autoridades de Colombia por "los importantes avances en el proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en La Habana", y reiteraron su compromiso "a contribuir para la construcción de una paz sostenible y duradera". EFE
En horas de la mañana de este sábado, 5 de octubre, se registró un accidente que conmocionó a los municipios de Mosquera y La Mesa, en Cundinamarca, pues se confirmó que un bus que transportaba a un grupo de estudiantes de veterinaria de la Corporación Educativa Nacional (CEN) se volcó, ocasionando la muerte de al menos cinco personas.De acuerdo con información de las autoridades, se trataba de un bus de la empresa Turiscol, de placas WPQ 888, del cual en determinado momento el conductor perdió el control del vehículo, lo que resultó en que el bus terminará volcado en el costado izquierdo de la vía.Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó a través de su cuenta de X que dentro del bus iban 28 personas, de las cuales, además de los 5 fallecidos, se registró que quedaron 23 heridos.Además, las autoridades confirmaron que los estudiantes se dirigían de Bogotá hacia Bojacá, siendo en el sector de Puerto Araujo donde ocurrió el fatal desenlace. Instantes después de conocerse el incidente, autoridades y miembros de la comunidad cercana al lugar de los hechos llegaron para socorrer a las víctimas."Pierde el control en la vía que comunica La Mesa con el municipio de Mosquera. Se transportaban 28 estudiantes de un centro educativo en un bus de la empresa Turiscol, de donde tenemos al momento 23 personas que son valoradas y remitidas a centros asistenciales, y cinco víctimas fatales", mencionó el capitán de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán.Los organismos de emergencia ya trasladaron a los lesionados a los centros de atención más cercanos en Mosquera y municipios aledaños, donde serán valorados por la gravedad de sus heridas. El Hospital María Auxiliadora ESE de Mosquera confirmó la recepción de gran parte de los heridos, señalando que el personal médico atenderá a los pacientes dependiendo de la severidad de las lesiones: "Se está prestando atención oportuna a todos los usuarios en el servicio de urgencias", puntualizó el centro médico.Este siniestro generó el cierre de la vía que conecta Mosquera y La Mesa a la altura del kilómetro 94, según informó la Concesionaria del Desarrollo Vial de la Sabana (DEVISAB): "Cierre total de vía en el kilómetro 94 Mondoñedo - La Gran Vía por accidente de tránsito. Unidades en el sitio atendido la emergencia".
En Autos y Motos de este sábado, 5 de octubre de 2024, estos fueron los temas:Petrobras y Ecopetrol, probaron la existencia de seis terapies cúbicos de gas. El déficit del gas el otro año podrías ser del 10 %.Se explicó sobre por qué los carros que funcionan con Diesel hacen un sonido fuerte cuándo se está encendiendo. Hyundai supera los 100.000 de vehículos fabricados en su compañía. Ford acaba de registrar un detector de drogas a bordo para determinar si un vehículo está cargando sustancias ilícitas. Control político a la Secretaria de Movilidad sobre las cámaras salvavidas. En lo que va del 2024, se han impuesto 211. 266 comparendos. Escuche el programa completo aquí:
Unos seis niños con problemas desnutrición que han ingresado en varias oportunidades a la clínica viven en medio de la necesidades en la comunidad Ceiba Macedonia, ubicada en zona rural de Riohacha."Los niños no toman agua potable. Nosotros les damos el agua que nos regalan del carro tanque, a veces recogemos agua de la lluvia", dijo Andrea Rodríguez Sijona, madre de varios niños con desnutrición.En esta comunidad, hay una niña que tiene casi tres años de edad y pesa 9 kilos cuando su peso ideal es de unos 15 kilos."Las cifras de los niños que mueren a diario por este flagelo no obedecen a la realidad. Por el contrario, como ONG de Derechos Humanos una vez más le hacemos la invitación al Gobierno nacional para que trate de mitigar este flagelo de una vez por todas", dijo José Silva, director de la ONG de Derechos Humanos Nación Wayúu.Un documento del Instituto Nacional de Salud hace referencia a que el hambre le ha ganado la batalla a unos 35 niños en La Guajira de los 174 reportados en todo el país que han muerto a causa de la desnutrición.
Mientras a pocos metros del hotel en el que se hospedaba Luis Andrés Mejía Martínez se celebraba una rueda de cumbia en Galapa, Atlántico, este ciudadano hondureño fue asesinado por sicarios en motocicleta que abrieron fuego contra él, en medio de hechos que están siendo investigados por la Policía Metropolitana de Barranquilla.Según el reporte entregado por las autoridades, todo indicaría que Mejía Martínez recibió cuatro balazos, uno de ellos en el rostro, que le quitaron la vida en la puerta del hotel en el que se hospedaba, a pocos metros de la plaza principal. Aunque los móviles que rodean su crimen no están del todo esclarecidos, se conoció que Luis Andrés, de 38 años, se encontraba armado y que, al parecer, permanecía escondido en el municipio antes mencionado.No obstante, se está tratando de verificar si su crimen corresponde a un posible ajuste de cuentas, pues este sería el principal jalonador en materia de aumento en los homicidios, según explicó en su momento el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana."De esta búsqueda en la hegemonía de las rentas criminales que están queriendo estas organizaciones criminales que tenemos en Barranquilla y municipios aledaños, y que están buscando precisamente en esta lucha hacer esa hegemonía, lo que ocasiona que se den estos homicidios selectivos", explicó Benavidez. Entre otros detalles que se conocieron, al parecer, los sicarios emprendieron su huida por la parte sur de Galapa, Atlántico, en la vía que conduce hacia Baranoa, donde habrían dejado la motocicleta abandonada y la vestimenta que llevaban puesta cuando cometieron el hecho criminal. Por el momento, también se está tratando de determinar cuánto tiempo llevaba Mejía Martínez en el país y los motivos que lo trajeron hasta territorio atlanticense.
Las fuertes lluvias y vientos que se registraron en el municipio de Betania, Suroeste de Antioquia, no solo dejaron sin parte de los techos a las viviendas de cerca de 150 familias, sino que también afectaron el comercio, las vías y hasta el comando de la Policía.Diego Guerra, alcalde del municipio, manifestó que están a la espera del apoyo por parte del gobierno departamental, por la afectación tan grande en el territorio, por lo que recibirán ayudas."Tuvimos un gran evento donde desafortunadamente salieron afectadas muchas familias de nuestro municipio, según el censo que hemos hecho, o el diagnóstico que se ha hecho con el equipo, vamos alrededor de 100 viviendas, pero según los reportes que tenemos rurales, el cual no hemos verificado por la magnitud y el equipo que tenemos, no alcanza a evacuar el total, estamos más o menos alrededor de las 150 viviendas afectadas en las cubiertas", detalló el mandatario. Además, en la tarde de este viernes, 4 de octubre, los fuertes vientos provocaron que en el parque principal volaran mesas, sillas y parasoles de los establecimientos comerciales. De momento, las autoridades adelantan un balance más completo de los daños, con recorridos en las zonas afectadas y en la ruralidad, donde este evento invernal también tuvo repercusiones."Se volaron las tejas Zinc, las de Eternit, todo. Necesitamos una gran ayuda del gobierno departamental, gracias al Dagran que ha estado pendiente", agregó Guerra.Aunque no se reportan heridos hasta el momento, los habitantes permanecen en alerta ante la posibilidad de que vuelva a haber fuertes lluvias en la zona.
