El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó por segunda vez el recurso de habeas corpus a Salvatore Mancuso, con el que buscaba su libertad tras levantarse las últimas medidas de aseguramiento en su contra por parte del Tribunal de Justicia y Paz el pasado 9 de mayo.“En este orden de ideas, la protección del derecho a la libertad, a través de la acción de habeas corpus, solo procede cuando la privación de la libertad se produce con violación de las garantías constitucionales y legales o cuando de manera ilegal se prolonga la privación de la libertad”, dice el fallo.Pese a recibir su boleta de libertad, Mancuso sigue en la cárcel La Picota en medio del barrido que hace el Inpec revisando que otras instancias judiciales lo requieren. En este momento el obstáculo radica en por lo menos tres sentencias condenatorias de la justicia ordinaria que tendrían que ser discutidas en unas audiencias en los próximos días y así resolver el conflicto de competencias.“En el presente caso, sostiene el apoderado del accionante que se prolonga en forma ilegal la privación de la libertad, en tanto no se han suspendido las sentencias condenatorias que tiene en su contra”, señala el fallo.De acuerdo con el informe rendido por el juzgado penal del circuito con función de ejecución de sentencias para las salas de Justicia y Paz del territorio nacional, por auto del 15 de mayo de 2024 se fijaron audiencias para los días 21, 24 y 28 de mayo de 2024 a fin de resolver sobre las solicitudes recibidas el 14 de mayo de 2024, relacionadas con lo siguiente.Hasta que no se realicen esas audiencias se desconoce cuánto pueda quedar en libertad el exjefe paramilitar, quien va a cumplir un rol como gestor de paz en los proyectos de paz del Gobierno nacional.
La Fiscalía de Paraguay reclamó este lunes mayor cooperación de su similar de Colombia para acceder a teléfonos y otras informaciones sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en ese país en 2022, y argumentó que también corresponde a las autoridades colombianas determinar la autoría intelectual del crimen.En una conferencia de prensa, el titular del Ministerio Público de Paraguay, Emiliano Rolón, y el equipo de funcionarios a cargo de la causa de Pecci en el país se refirieron a una serie de pedidos -aún sin respuesta- presentados a sus pares colombianos, entre ellos un encuentro con la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, que no tuvo lugar finalmente.Además, plantearon la necesidad de conformar un equipo conjunto de investigación del caso."Hoy estamos en la nebulosa, dependemos en muchos aspectos, (de) la gestión de la Justicia colombiana y principalmente de la Fiscalía, porque en verdad el hecho punible ocurrió en Colombia. La territorialidad de la ley penal nos limita, no podemos manejar el escenario del crimen ni los elementos que fueron incautados al principio", afirmó Rolón.Pecci fue asesinado en mayo de 2022 por sicarios, cuando se encontraba en una playa de un hotel en la isla de Barú, cercana a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, en el caribe, adonde había viajado para su luna de miel junto a su esposa, la periodista Claudia Aguilera.Las autoridades colombianas han dictado siete condenas a implicados en este crimen.En ese contexto, Rolón afirmó que el "descubrimiento de la autoría intelectual forma parte de la unidad procesal que corresponde al caso"."Escuchamos en medios de información que algunos abogados o personas de la Justicia colombiana declararon que el descubrimiento de la autoría intelectual es una responsabilidad casi exclusiva del Paraguay; eso no es verdad en procesal penal", agregó Rolón, quien opinó que "el trámite se abre para descubrir los grados de participación criminal: autoría, instigación, complicidad".El funcionario indicó que desde octubre o noviembre del año pasado los trámites en Colombia "quedaron un poco decaídos" y señaló que la salida del anterior fiscal general, Francisco Barbosa, motivó que "recién en abril prácticamente volvieran a tramitarse algunas cuestiones esenciales".Ratificó que en Paraguay se abrió una investigación formal sobre el asesinato el 9 de octubre de 2023, a raíz de unas declaraciones de unos de los implicados en el caso, Francisco Correa.En una audiencia en Colombia, Correa, investigado por supuestamente articular el asesinato de Pecci, acusó al expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) y al narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias 'Tío Rico', de planear el crimen.Por su parte, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, refirió que no han recibido copias de las declaraciones de Correa ni han tenido acceso a un teléfono al que éste hizo alusión durante una entrevista con funcionarios paraguayos.Tampoco tienen informes de comunicaciones telefónicas, de movimientos migratorios ni se ha procedido a la apertura de una computadora de uno de los condenados por este hecho, Andrés Felipe Pérez Hoyos, desde la cual consideró "pudieron haberse hecho transacciones internacionales vinculadas al homicidio".Doldán también se refirió al pedido de peritaje al teléfono de Pecci, que aseguró fue inicialmente autorizado por Aguilera, aunque ella posteriormente dejó esa revisión en manos de expertos colombianos y estadounidenses.En su intervención, admitió que ningún instrumento de cooperación técnica o carta rogatoria "se contesta de manera inmediata", y no descartó que el cambio de Administración en la Fiscalía colombiana causara "una interrupción del lapso natural" de este proceso.
El muelle 13 del puerto de Buenaventura nuevamente es noticia, esta vez porque la ANDJE radicó una denuncia penal tras las supuestas irregularidades en el plan de manejo ambiental de este muelle, allí, se exponen delitos como: abuso de función pública, daños en los recursos naturales e invasión de áreas de especial importancia ecológica.A través de una resolución, el Ministerio del Medio Ambiente, impuso un plan de manejo ambiental al fondo rotatorio de la Armada Nacional, esta vez, para el proyecto de operación del muelle 13 del terminal Marítimo de Buenaventura.Asimismo, el fondo rotatorio era el titular de la concesión portuaria del muelle 13, que a su vez, firmó un contrato de arrendamiento con el Grupo Portuario S.A., para que esta empresa prestara todo tipo de servicios portuarios.Cabe resaltar que, a través de este muelle se desarrollan operaciones de la Armada Nacional y las operaciones comerciales que realiza el Grupo Portuario S.A., como operador de dicho puerto.Fue el pasado 15 de abril cuando el Tribunal le negó al Grupo Portuario, la concesión del muelle 13, y la polémica radica en que la ANI se lo había concedido y en cuestión de días dio reversa a su decisión.“Teniendo en cuenta lo anterior, en nuestro criterio, consideramos que los hechos e irregularidades anteriormente descritos pueden encontrar adecuación, al menos, en los tipos penales de prevaricato por acción, toda vez que se emitió un acto administrativo manifiestamente contrario a la ley, esto es, se modificó el plan de manejo ambiental cuando debió hacerse una modificación a la licencia ambiental; abuso de función pública, por funcionarios del establecimiento público ambiental de buenaventura, presuntamente abusaron de su cargo y realizaron funciones que le correspondían a funcionarios de la autoridad nacional de licencias ambientales”, señala el documento.La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dice estar facultada para defender y proteger el patrimonio público, si este llegara a verse afectado por presuntas actuaciones ilícitas.
A la Fiscalía General de la Nación llegó una denuncia penal contra el ministro de Educación ad-hoc Juan David Correa. Se trata de un documento de 17 páginas firmado por José Ismael Peña, rector designado de la Universidad Nacional, quien ha protagonizado una controversia por haberse autoposesionado en una notaría en medio de las tensiones en el centro educativo que rechazan su designación.En la denuncia penal se establecen tres motivos, los cuales, considera Peña, se pueden interpretar como un delito de prevaricato por acción, es decir, que en las pocas horas que el ministro asume afrontar la crisis en la universidad, ha actuado contrario a la ley.Esto teniendo en cuenta que entre las resoluciones que se han expedido en las últimas horas está la de solicitarle al Consejo Superior Universitario que en un plazo de 24 horas nombraran un rector encargado mientras se soluciona la crisis.“A pesar de que el Consejo Superior Universitario designó legalmente a José Ismael Peña Reyes como rector, el Ministro de Educación Ad Hoc desconoció esta decisión y está promoviendo la imposición de un rector encargado. Así las cosas, lo hecho por el ministro no es legal, pues lo cierto es que la ley 1470 de 2014 en ninguno de sus apartados faculta al Ministro de Educación Ad Hoc para ordenar al Consejo Superior Universitario a nombrar un rector encargado”, dice Peña.Otro de los motivos que expone José Ismael Peña es que la suplencia de un rector solo se aplica cuando hay una ausencia temporal y es designado por el mismo rector. “Esta normativa asegura que la suplencia solo se aplica en casos de ausencia temporal y no como una duplicidad del cargo cuando ya existe un rector activo. En el caso que nos atañe, no constituye ninguna de las causales, por lo tanto, la resolución resulta contraria a la normatividad”.Por último, Peña alega que hubo una vulneración en el debido proceso, pues, no se permitió que procediera un recurso de reposición, es decir, reevaluar la decisión antes de proferirla “Así que es claro que solo hubo una intención de proferir una resolución contraria a derecho y que el afectado(s) no tuvieran) posibilidad de controvertir”.
La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en las últimas horas en Medellín. Con esto ya son 26 los extranjeros que han fallecido en la capital de Antioquia durante el 2024.La primera víctima que se reportó hoy fue Josep Vyshinski de 56 años y quién apareció sin signos vitales en el hotel Boston Park. Según el reporte preliminar, los empleados del hotel hallaron al hombre en su habitación, en ropa interior y sin signos de violencia.Además, se encontró el cuerpo sin vida del americano Jacobs Douglas John de 62 años en el sector El Poblado. El extranjero tampoco tenía signos de violencia a la hora de su hallazgo, sin embargo, sí se determinó que el cuerpo estaba hinchado, con sangre en la nariz y en estado de descomposiciónLas autoridades ya se encuentran realizando todas las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos de la muerte de ambos estadounidenses.El último extranjero muerto en Medellín había sido el suizo Jean-Olivier Curdy de 67 años que según las autoridades cayó de un cuarto piso de un hotel de El Poblado.Además, en otro hecho relacionado con turistas en la capital de Antioquia, Migración Colombia reportó la inadmisión de otro ciudadano americano que quería entrar a Medellín y que se encontraba reportado como posible agresor sexual. Con este caso, este fin de semana fueron devueltos a su país de origen dos extranjeros.
En las últimas horas Dos personas fueron asesinadas por sicarios en la Carrera 23D con Calle 8N del barrio La Esperanza 1 del Norte de Bucaramanga. Las víctimas fueron identificadas como Jhon Albarracín de 22 años y Nelson Escobar Vargas, también de 22 años quienes se encontraban en una vivienda, lugar hasta donde llegaron los hombres armados y dispararon.“Una de las personas que fue asesinada en el norte de Bucaramanga tenía brazalete del Inpec y se encontraba en detención domiciliaria y la otra es una persona, la cual tiene antecedentes judiciales por diferentes comisiones de delitos. Inmediatamente nos enteramos del hecho nos encontramos haciendo los diferentes puntos de control y con varias patrullas nos dirigimos al sector y encontramos esa situación”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el coronel Henry Bello.Las autoridades explicaron que las dos victimas tenían varios antecedentes judiciales: el joven identificado como Jhon Deibys, contaba con orden de captura vigente para cumplir condena por hechos ocurridos en el año 2019 por el delito de homicidio contra un sujeto conocido con el alias del “Pisco”, dicha orden fue expedida por un juzgado de infancia y adolescencia, toda vez que este se fugó del centro de reclusión de menores de Piedecuesta.Por su parte Nelson Fabian Escobar, la otra víctima, se encontraba en prisión domiciliaria con brazalete electrónico por el delito de hurto.“De acuerdo a la información aportada por las personas que se encontraban cerca al lugar de los hechos, indican que las víctimas estaban en la verja, en la parte interna de la vivienda, departiendo; pero de un momento a otro al lugar llegaron dos sujetos en una motocicleta de color negro, quienes descienden de la misma y sin mediar palabra disparan en repetidas ocasiones contra la humanidad de las personas que se encontraban en el lugar”, explicaron las autoridades.
Este domingo, 19 de mayo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) se pronunció ante la emergencia que se vive en La Mojana debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Cauca y el rompimiento del boquete en la zona de Caregato.El director de la entidad lanzó una nueva alarma a la población de esta zona del país. Carrillo señaló que no solamente están siendo afectados por las inundaciones, que han causado la pérdida de múltiples viviendas, cultivos y cabezas de ganado, sino que también están sufriendo envenenamiento por mercurio, a causa de la minería ilegal."Un ecosistema donde la población además tiene que pasar por desgracias inimaginables como el envenenamiento por mercurio, eso el país habla de Caregato, el país habla de los búfalos, el país habla de la inundación, pero poco habla el país de los porcentajes de mercurio que se encuentran ya en la comida, en el pescado, incluso en el cabello humano. La Mojana está siendo envenenada por la minería. Y eso es un problema de orden público gigantesco, allá está el Clan del Golfo", señaló el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Carlos Carillo.En torno al boquete de Caregato, señaló que, desde la UNGRD, tienen que exigirle al contratista cerrarlo, esto estaba en lo pactado y ya se había comprometido a realizarlo, por el bienestar de la población de La Mojana y evitar que siga aumentando esta emergencia."Me preocupan mucho más los campesinos de La Mojana, los pequeños cultivadores de arroz, que los terratenientes de La Mojana, esos me preocupan menos, porque viven en el Buenavista, en Barranquilla, en los barrios exclusivos de Medellín, en Caucasia. No viven en La Mojana, y ni más faltaba este gobierno y esta unidad que sí se encarga del reasentamiento, en algunos casos de damnificados. No voy a sacar a un campesino de su entorno productivo para llevarlo a vivir a una caja de fósforos en un cinturón de miseria en Montería", también señaló el director de UNGRD.
En un reciente desarrollo del caso del asesinato del coronel (r) Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, el subdirector de la Policía Nacional, el general Nicolás Alejandro Zapata, reveló detalles importantes sobre el ataque sicarial que le arrebató la vida al exoficial. Según las investigaciones adelantadas por el CTI de la Fiscalía, se ha identificado a varias personas implicadas en el crimen, así como el uso de dos motocicletas en la operación.El general Zapata explicó que una de las motocicletas cumplía el rol de "marcar" el recorrido del coronel, mientras que la otra fue la que ejecutó el disparo fatal contra la camioneta en la que se movilizaba Fernández. "Marcar significa que las motos van por el camino, señalando el recorrido de la víctima", agregó.El director de la cárcel había viajado previamente en su rol de subdirector y luego, infortunadamente, fue alcanzado por los sicarios en el camino a su residencia. En la escena del crimen, los investigadores encontraron un casquillo de 9 milímetros, munición comúnmente utilizada en pistolas de ese calibre.Este domingo centro religioso de la Policía Nacional abrió sus puertas desde las 9 de la mañana para recibir a familiares, amigos, altos directivos de la Policía Nacional y del INPEC, quienes acompañaron a la familia del coronel en este momento tan doloroso. La presencia de estas personas demostró el respeto y la estima que el coronel Fernández había ganado a lo largo de su carrera.Trasladan a 'Pedro Pluma'Pedro Nel Caro, señalado de amenazar al director de la cárcel La Modelo de Bogotá Élmer Fernández fue trasladado a la prisión La Picota, informó este viernes Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).Además, el Inpec trasladó de la penitenciaría La Modelo a otros 14 peligrosos reclusos que irán a diferentes cárceles del país.Antes de los traslados hubo disturbios en varios patios de La Modelo que fueron controlados por la guardia. Supuestamente los desórdenes se originaron porque los reclusos temían el traslado de varios criminales que tienen el control de sectores de la cárcel, una de las principales de Bogotá, entre ellos Caro, alias 'Pedro Pluma'.Hace una semana, el coronel Fernández recibió panfletos amenazantes cuyo autor supuestamente fue Caro, que cumple una condena de cinco años y seis meses por múltiples delitos.En uno de los panfletos, que tiene una marca de alias 'Pedro Pluma', le advertía a Fernández que mataría a su familia si volvía a ordenar requisas en el centro penitenciario.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, le pidió al Inpec que intensifique los controles a las personas que tienen casa por cárcel, ya que uno de ellos, al parecer seguía delinquiendo y fue asesinado por sicarios en el norte de esa ciudad en un atentado en el que otro hombre que estaba prófugo también murió.Luego de que dos hombres fueran asesinados por sicarios en Bucaramanga y se determinara que uno tenía brazalete de casa por cárcel y el otro estaba prófugo de la justicia por un homicidio, el alcalde de Bucaramanga Jaime Beltrán le pidió a través de sus redes sociales al Inpec, que mejore su modelo de vigilancia para los privados de la libertad que tienen esa medida.“Le hago una petición al Inpec Colombia a que se intensifiquen y mejoren los seguimientos a los cobijados con casa por cárcel, porque es evidente que hay fallas en esto, debido a que muchos de los beneficiados con esta medida en Bucaramanga siguen delinquiendo de forma impune”, escribió el alcalde de Bucaramanga en su cuenta de X.El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el coronel Henry Bello, explicó que el atentado sicarial que se registró en el norte de la ciudad en el que fueron asesinados dos hombres se pudo establecer que: “una de las víctimas tenía brazalete del Inpec y se encontraba en detención domiciliaria y la otra es una persona, la cual tiene antecedentes judiciales por diferentes comisiones de delitos”.“Le sigo haciendo el llamado respetuoso al sistema judicial, para que se analice bien a quien se le otorga el beneficio de casa por cárcel, varios de los capturados por el Bloque de Búsqueda en la última semana, tienen brazalete electrónico, pero siguen en las calles tranquilamente, siendo una amenaza latente para la sociedad”, dijo el alcalde de Bucaramanga.
En la tarde de este viernes, 17 de mayo, se realizó el traslado de varios reclusos de la cárcel La Modelo. En uno de los dos buses del Inpec estaba alias 'Pedro Pluma', principal sospechoso de estar detrás del vil asesinato contra el directo de este penal, el coronel Elmer Fernández.En un video quedó registrado cómo 'Pedro Pluma', quien estaba en el patio 4° a, salió del penal con sus pertenencias mientras era fuertemente custodiado por las autoridades. Este delincuente, que tiene una pena intramural de más de cinco años, fue trasladado a La Picota.Alias 'Pedro Pluma' hace parte del grupo de 15 personas que salieron de la cárcel La Modelo a diferentes centros penitenciarios del los departamentos de Cundinamarca y Tolima.¿Por qué es sospechoso?Días antes de ser asesinado con un impacto de bala, el coronel Fernández había sido amenazado con un panfleto que tendría como autor 'Pedro Pluma', pues ahí tiene su nombre. La intimidación contra el director era, porque, aparentemente, los constantes operativos de requisa en La Modelo. Por esto, 'Pedro Pluma' lo habría amenazado de muerte e, incluso, a la familia del director, el 9 de mayo del presente año.Coronel no tenía protecciónEl ministro de Justicia, Néstor Osuna, reconoció en rueda de prensa que el director de la cárcel La Modelo de Bogotá había recibido una amenaza y solicitado protección, la cual no se le proporcionó a tiempo debido a razones burocráticas del proceso que se tiene que realizar ante la UNP."El coronel Elmer Fernández había recibido una amenaza en un panfleto que circuló el jueves de la semana pasada. Él denunció el hecho ante la Fiscalía el viernes y el martes inició el procedimiento de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP)", comentó minjusticia.Osuna reveló un preocupante panorama en el país, pues en los últimos dos años se han gestionado ante la UNP 506 amenazas denunciadas por funcionarios del Inpec; de las cuales, 263 siguen en trámite y en 63 casos "se ha otorgado seguridad".
Avanza el caso que se lleva a cabo en contra del expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno. Este viernes se conoció que al también exsenador del Centro Democrático se le añadió otro delito.Durante la audiencia de acusación, la defensa del exmandatario pidió que se aplazara esta sesión debido a que el fiscal del caso, Gilberto Villareal, presentó adiciones y correcciones a este escrito de acusación, por lo que el abogado Jaime granados pidió que se suspendiera. Sin embargo, la jueza negó la petición.Dentro de los puntos que se resalta es que la Fiscalía informó que se añadió un nuevo delito al escrito de acusación, el cual sería el de soborno, sumándolo a los otros dos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La diferencia entre estos dos consiste en que el soborno se puede entender como dar dinero o algo a cambio con el fin de que una persona diga o actúe de cierta forma. Por otro lado, cuando se habla de soborno en actuación penal es precisamente cuando se da esta misma situación mencionada anteriormente, pero en un contexto que es de carácter penal.A su vez, de los temas más polémicos de esta sesión que también surgieron se basan en que el abogado en representación de las víctimas, Reinaldo Villalba, solicitó que se incluya dentro del proceso de Uribe el relato de los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, referente a los supuestos nexos del expresidente con el paramilitarismo.Fiscalía rechaza nulidad pedida por defensa de UribePor su parte, avanzada la audiencia, el abogado Jaime Granados, dijo que va a pedir nulidad dentro de todo el caso, asegurando que hay una afectación en el proceso. Ya que, para él, la indagatoria de la Corte Suprema de Justicia, contra Uribe en octubre de 2019, no corresponde a una imputación de cargos. Por lo tanto, no se le puede hoy acusar al expresidente.Sin embargo, la Fiscalía rechazó esta medida. “Debemos advertir y que se resuelva de esa manera, rechazando la solicitud de anulación que más que una solicitud de anulación es una solicitud de dilación”, aseguró el fiscal Gilberto Iván Villarreal.A raíz de estas palabras del funcionario, el abogado de Uribe le reclamó pidiéndole no descalificar lo manifestado en defensa del expresidente.Por otro lado, este ente aseguró que no se opone a reconocer como víctimas en el caso a Iván Cepeda y a los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo. Tal cómo se había hecho con Deyanira Gómez durante la sesión.
El empresario Alex Saab ha sido exonerado de cargos de lavado de dinero en Colombia. Un juzgado especializado de Barranquilla determinó que la Fiscalía no logró demostrar que Saab había lavado más de 25.000 millones de pesos mediante su empresa Shatex, que fue acusada de realizar importaciones y exportaciones ficticias. Saab, también enfrentaba cargos de estafa agravada y ha sido señalado por Estados Unidos como testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro.Durante el proceso judicial, la defensa de Saab sostuvo que su empresa cumplió con todas las regulaciones colombianas en sus reportes comerciales. Los informes periciales presentados demostraron que Shatex operaba legítimamente, refutando así las acusaciones de la Fiscalía.Estas acusaciones surgieron en 2019, cuando se imputaron cargos a Saab por supuestamente manipular registros financieros y usar operaciones de comercio exterior para lavar dinero proveniente de Venezuela y enviado a cuentas en el exterior. La Fiscalía presentó pruebas, incluido un informe de la DEA recibido en 2018, que supuestamente detallaba cómo Saab y su hermano Amir crearon empresas fachada para lavar dinero. Según la investigación, Shatex mostró un crecimiento económico extraordinario y aparentemente injustificado entre 2006 y 2007, lo que levantó sospechas entre las autoridades.El abogado de Saab, Camilo Bocanegra Bernal, defendió la legalidad de las operaciones de Shatex, argumentando que la Fiscalía no pudo sustentar sus acusaciones y que las actividades comerciales de la empresa seguían el comportamiento del mercado. Según Bocanegra, la defensa cumplió con todas sus promesas probatorias, mientras que la Fiscalía no logró presentar pruebas suficientes.Finalmente, el juez concluyó que no había fundamentos legales ni evidencia fáctica que sustentaran las acusaciones de la Fiscalía. Así, Alex Saab fue absuelto de todos los cargos.
Vestidos con camisetas blancas y alzando globos del mimo color, familiares y amigos de la joven Isamar Jhoana Algarín Torres, de 28 años, desaparecida desde la tarde del sábado 11 de mayo, marcharon desde su casa en el barrio Los Olivos, suroccidente de Barranquilla, hasta las instalaciones de la Sijin en el norte de la ciudad.Allí clamaron justicia y exigieron información de su paradero a la Policía, como lo gritó su madre a las afueras de la institución."Aquí me la dieron por desaparecida. Quiero justicia para mi hija”, exclamó Gloria Torres, madre de Isamar a las afueras de la Sijin.Según conoció Blu Radio, las explicaciones las exigen porque la joven, quien es madre de tres hijas, poco después de haber salido de su casa el 11 de mayo, fue detenida por un grupo de investigadores en medio de un operativo y trasladada a la sede de la Sijin en el barrio Betania, pero, desde entonces, se perdió todo rastro de Isamara, dijo Gloria Torres, madre de la joven a este medio.Familiares de joven desaparecida en Barranquilla marchan pidiendo ayuda para encontrarla“Mi hija estuvo ahí en la Sijín, es decir, ellos la tenían ahí retenida por un lapso como de dos horas porque se la llevaron hasta allá y después ellos dicen que la soltaron, pero mi hija hasta el momento no ha llegado a la casa, no sabemos nada de ella. Yo quería era que ellos me dijeran anoche qué pasó con mi hija, porque si ellos soltaron, ¿por qué no ha llegado a la casa desde el sábado a las 9:00 de la noche cuando dicen que la dejaron salir de la Sijín?”, señaló la madre de la joven.Gloria denuncia, además, que hubo irregularidades pues, pese a haber sido detenida, nunca le permitieron comunicarse con su familia. Ahora exige a la Policía que muestren las cámaras de seguridad donde se registre la salida de la joven de la sede de la Siijin.“Lo que yo les exigí a ellos es que nos den permiso para visualizar las cámaras para ver si mi hija salió o no de ahí o si fue que la recogió algún carro, no sabemos nada. Por favor, que nos den respuesta de lo que pasó con mi hija porque estamos muy angustiados, ella tiene tres hijas y toda la familia está muy angustiada por lo que está pasando”, agregó.Mientras tanto, en casa de Isamara la siguen esperando sus hijas de 4, 6 y 11 años, junto a sus demás familiares.
Álvaro Uribe Vélez se convertirá en el primer expresidente en ser formalmente llamado a juicio. En la audiencia de este 17 de mayo, donde enfrenta cargos por presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, el fiscal del caso leerá la acusación en su contra.Siga aquí en vivo la audiencia contra el expresidente Álvaro UribeAsí empezó el caso contra el expresidenteEste caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó a Cepeda por supuesta manipulación de testigos, mientras Cepeda preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por presuntos vínculos con el paramilitarismo.Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir una investigación contra el congresista y, en su lugar, inició un proceso contra el exmandatario por presunta manipulación de testigos, debido al supuesto pago de sobornos a varios presos para que declararan a su favor.Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado, permitiendo que su caso pasara a la Justicia ordinaria. La Fiscalía decidió entonces que no había pruebas suficientes para procesarlo judicialmente.Por ello, solicitó en dos ocasiones la preclusión del caso, la cual fue denegada tanto por los juzgados de primera instancia como por el Tribunal Superior de Bogotá.No obstante, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, asumió el caso el 16 de enero pasado y el 9 de abril afirmó que, basándose en las evidencias físicas y elementos probatorios, había motivos para acusar a Uribe, coincidiendo con las conclusiones de los jueces al negar la preclusión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado colombiano por la muerte de Giacomo Turra, un joven italiano de 24 años que se encontraba de visita en Cartagena, en 1995.El joven entró a un restaurante y se encontraba en el patio del establecimiento cuando los propietarios llamaron a la Policía, advirtiendo que Turra se encontraba exaltado. Posteriormente fue trasladado al hospital, al parecer, amarrado de brazos y piernas en la patrulla.“Después de esto, lo trasladaron hasta la estación de Policía de Bocagrande, donde Giacomo fue víctima de maltrato: lo golpearon y lo dejaron caer y rodar por el suelo. Hacia las 12:45 a. m. del 4 de septiembre, el cuerpo sin vida del joven italiano fue abandonado por los mismos uniformados en el hospital al que había sido llevado una hora antes. Ahí se constató que tenía múltiples golpes en la cara, laceraciones y heridas en el mentón, tórax y abdomen”, señala un comunicado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que representa el caso ante el Sistema Interamericano.La Policía emitió un comunicado ese día asegurando que el joven habría muerto por una sobredosis de alucinógenos.>> Le puede interesar: Policía incauta 2.1 toneladas de cocaína que iban para Europa en Cartagena
El caso de corrupción de la multinacional brasileña Odebretch vuelve a ser noticia. En esta ocasión, el alto tribunal estudió una tutela del ex candidato presidencial contra un principio de oportunidad del exdirector del Innvias, Daniel Arizabaleta.El excandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga solicitó la nulidad de ese acuerdo, debido a una aparente vulneración a sus derechos fundamentales, pues el acuerdo, consistía en que Arizabaleta pasaría a tener un papel de testigo estrella en el caso contra Zuluaga.“El director de asuntos jurídicos de la Fiscalía considera que la acción de tutela es improcedente, dado que no hay legitimación en la causa por activa, pues el actor no es parte ni sujeto procesal en el proceso penal en el cual se dictó la providencia judicial cuestionada. A su juicio, el actor tiene “la pretensión de desvirtuar una actuación de la que no es parte”, esto es, ni en el principio de oportunidad conferido por la Fiscalía, ni en su trámite de legalización ante el juez de control de garantías”, expresa el documento.Según Óscar Iván Zuluaga, ese principio de oportunidad viola sus derechos legales, ya que considera que cuando los acusados ofrecen colaborar como testigos, deben hacerlo en detrimento de otros implicados en los mismos acontecimientos.Así las cosas, la Corte rechazó la tutela argumentando que el excandidato presidencial no puede demandar una actuación judicial en un proceso en el que es parte interviniente.Por último, los magistrados aclararon que esta decisión no representa que Óscar Iván Zuluaga no tenga mecanismos para proteger sus derechos, haciendo referencia a los casos que se llevan en su contra.
El presidente Gustavo Petro rindió su testimonio en la Casa de Nariño sobre el caso de los ‘Petrovideos’ que generaron polémica durante la campaña presidencial, por las largas conversaciones que quedaron registradas en las que varios partidarios del primer mandatario buscaban caminos para afectar otras campañas. Entre esas la de Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria.Blu Radio conoció detalles de la diligencia que duró tres horas, en donde el presidente dijo que nunca se autorizó, de parte de la campaña, que se grabaran las reuniones y que tampoco nadie dio su aprobación.Asimismo, mencionó que la Corte Suprema de Justicia declaró la violación de la intimidad y privacidad de todos los que aparecen en los llamados ‘Petrovideos’ y la nulidad total de esas grabaciones como eventuales pruebas.Lea también: Presidente Petro declaró como testigo por escándalo de 'petrovideos' en PalacioEn varias de esas reuniones participó el candidato presidencial; su esposa, Verónica Alcocer. También Roy Barreras, Alfonso Prada, Eduardo Noriega, Catalina Velasco, Clara López, Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Temístocles Ortega, Roosvelt Rodríguez y Eduardo Ávila. La mayoría luego con cargos de mucha importancia en el Gobierno.Por otra parte, el presidente les dijo a los funcionarios del CTI que no tenía “ninguna duda de que la grabación y filtración fue orquestada porque el ascenso en las encuestas señalaba que era inminente el triunfo suyo y del Pacto Histórico, y que todo obedeció al desespero de la oposición y el establecimiento para evitar una rotación democrática y legítima en el ejerció del poder”.Tras culminar este encuentro de cerca de tres horas, el presidente Petro pidió por medio de su cuenta de X que todas las personas que tengan conocimiento de los hechos acudan al ente investigador a dar toda la información pertinente.El presidente de la República declaró de manera presencial ante un fiscal, un investigador y un delegado de la Procuraduría. El eje central de esta diligencia fue cuándo, cómo y durante cuánto tiempo la campaña Petro Presidente 2022 estuvo interceptada. Cabe mencionar que en el año 2022 Alfonso Prada, quien fue jefe de debate durante la campaña, aseguró que acudiría a las autoridades a hacer la respectiva denuncia.Esta investigación estuvo abierta durante la administración del exfiscal Francisco Barbosa, pero solo hasta ahora el presidente Gustavo Petro es llamado a declarar para que cuente todo lo que sabe sobre esas grabaciones ilegales de las cuales fue víctima.Sobre esto, el presidente Petro señaló que, desde junio de 2022, cuando se filtraron y divulgaron las imágenes, no se investigó el suceso pese a la gravedad que implicaba que una campaña política fuera interceptada. Por último, el presidente Petro dijo que esas acciones “tenían la intención de derrumbar un gobierno legítimo”.
La Corte Suprema de Justicia abrió una nueva indagación previa contra el presidente del Senado, Iván Name, por presuntas irregularidades en el proceso electoral del 2022.En este caso, la Sala de Instrucción de este alto tribunal va a investigar los supuestos ofrecimientos de inversiones en la región de Chocó a cambio de votos. Según la Corte Suprema, los ofrecimientos harían parte de los cupos indicativos para proyectos en Río Quito y Río Iró.La Sala de Instrucción practicará las pruebas para establecer si hay mérito suficiente para vincular formalmente al presidente del Senado, Iván Name, al proceso por medio de una indagatoria.Recordemos que el presidente del Senado es investigado en la Corte Suprema de Justicia también por el ventilador que prendió el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla por aparentemente haberle recibido dinero para impulsar las reformas sociales y elecciones regionales.
La Procuraduría General de la Nación ordenó una investigación disciplinaria contra el ministro de Educación Nacional (ad hoc), Juan David Correa Ulloa, por la presunta extralimitación de funciones al convocar de manera irregular al Consejo Superior de la Universidad Nacional para el nombramiento provisional de un rector.La Sala Disciplinaria de Instrucción informó que la investigación se llevará a cabo tras la queja interpuesta por el rector nombrado, Ismael Peña Reyes, y las denuncias realizadas por diversos medios de comunicación. Según estas denuncias, el ministro Correa Ulloa habría emitido una resolución en la que se daba un plazo de 24 horas para adelantar la reunión del Consejo Superior mientras se tomaba una decisión sobre la legitimidad de su posesión.Además, la investigación evaluará las instrucciones emitidas por el ministro en relación con la adopción de medidas para superar la vacancia de la representación estudiantil en el Consejo Superior, lo cual podría haber vulnerado la autonomía universitaria. Este aspecto es de particular relevancia, dado que la autonomía universitaria es un principio fundamental para el funcionamiento independiente de las instituciones de educación superior.Como parte de su actuación, la Procuraduría ha solicitado la práctica de pruebas con el fin de determinar si la conducta del ministro es constitutiva de una falta disciplinaria y si actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
La defensa de Sneyder Pinilla, testigo clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo y Desastre, UNGRD, radicó ante la Fiscalía General de la Nación la ampliación de la matriz de colaboración con la que pretende acogerse a un principio de oportunidad.Entre las novedades del oficio está un nuevo nombre implicado en el escándalo de corrupción en la UNGRD. Se trata de Pedro Andrés Rodríguez Melo, asesor de la Dirección General de la entidad durante el periodo en el que estuvo Olmedo López como director, quien también intenta conseguir beneficios por parte del ente acusador a cambio de entregar información de este escándalo que podría comprometer a miembros del Gobierno y parlamentarios.Entre las funciones de Rodríguez Melo estaban brindar asesoría en la formulación de planes, programas y proyectos orientados a la planeación y ejecución de las labores de gestión del riesgo y demás actividades de la unidad, además de aportar elementos de juicio para la toma de decisiones y cumplimiento de los objetivos institucionales.Polémicas UNGDR: Procuraduría decidirá si funcionarios de la UNGDR van a juicio o noCon este nuevo nombre ya serían siete las personas que aparecen en la matriz de colaboración, entre ellos: Iván Name, presidente del Senado; Andrés Calle, presidente de la Cámara, Olmedo López, exdirector de la entidad; Víctor Meza, exsubdirector de la entidad; Luis Carlos Barreto, exsubdirector de la entidad.Hay que mencionar que en medios de comunicación Pinilla señaló que el pago de coimas a los congresistas por 3.000 millones de pesos y 1.000 millones de pesos; se hicieron a través de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones de la Presidencia.“Vive sabroso”: director de la UNGRD sobre millonario contrato de Iván AlfaroEn la ampliación de la matriz el abogado Luis Gustavo Moreno expresó que el papel que jugó Rodríguez Melo estaría relacionado con el favorecimiento a contratistas que iban detrás de las licitaciones a cargo de la unidad, posteriormente se hacía el pago de coimas por el contrato adjudicado."Personas que se coluden realizando un acuerdo secreto e ilegal con la participación de empresas privadas como IMPOAMERICANA Roger S.A.S., LUKET S.A.S. y BRAND S.A.S., para limitar la competencia, logrando situaciones difíciles de detectar por parte de la administración pública llevando a cabo presuntas conductas de enriquecimiento ilícito de particulares, corrupción privada, entre otros punibles, atendiendo que se considera que cumplían funciones de servidores públicos de forma transitoria", indicó Moreno.Finalmente, el documento presentado a la Fiscalía dice que se ampliará con más nombres la matriz de cooperación una vez se tenga certeza de los términos y el alcance de la negociación en punto del principio de oportunidad con el que se logrará, además, establecer el modus operandi de la organización.
La defensa de Salvatore Mancuso informó que persisten cuatro requerimientos judiciales en medio del barrido que realizan las autoridades para determinar si existen sanciones pendientes que le impiden salir de la cárcel La Picota de Bogotá.Esto luego de que el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá le otorgara la boleta de libertad. El abogado Nelson Menjura espera que en el transcurso de los próximos días se certifique que el exjefe paramilitar ya no es requerido por esas instancias.Cabe mencionar que desde el pasado 9 de mayo el Inpec inicio un estudio de la situación judicial de Mancuso en todos los juzgados, tribunales, altos tribunales y organismo de justicia transicional para verificar si aún pesan sanciones en su contra.El motivo del regreso de Salvatore Mancuso se da por cuenta de la designación del presidente Gustavo Petro como gestor de paz, para que cumpla un rol de facilitador del desarme de grupos delincuenciales en el marco del proyecto de paz total.Actualmente, la Corte Constitucional estudia a quién le corresponde juzgar a Mancuso por sus delitos cuando estuvo al frente de las extintas Autodefensas de Colombia. Tanto la JEP como la Justicia y Paz reclaman el caso.
Un hombre de 67 años afronta en Puerto Rico tres cargos criminales por amenazar de muerte a la tenismesista olímpica Adriana Díaz, jugadora undécima del mundo y la primera en América, informaron este jueves fuentes judiciales y autoridades locales.El imputado, identificado como Héctor F. De Jesús Cancel, será juzgado por amenazas, intrusión en la tranquilidad personal y alteración a la paz, al amparo del Código Penal de Puerto Rico, detalló en un comunicado el titular de Justicia local, Domingo Emanuelli.Conforme a la investigación del policía Webster Martínez Millán, el pasado 11 de mayo el sospechoso llegó a la residencia de la perjudicada en el sector de Levittown, en Toa Baja (norte), y desde su vehículo, la señaló, gritó su nombre y la amenazó de muerte.Posteriormente, De Jesús Cancel utilizó las redes sociales para amenazarla nuevamente.Por ello, la jueza Melissa Santiago Ramírez encontró causa para arresto por todos los cargos imputados por la fiscalía y le fijó una fianza global de 70.000 dólares.Los cargos se radicaron en ausencia, porque luego de ser citado el imputado no compareció al tribunal.La vista preliminar fue señalada para el próximo 5 de junio.Díaz es la deportista puertorriqueña con más medallas de oro en Juegos Panamericanos, con siete.El palmarés de medallas panamericanas de Díaz es de Toronto 2015, bronce por equipo; Lima 2019, bronce dobles mixtos, oro por equipo, oro doble femenino y otro individual con pase olímpico a Tokio 2020, y Santiago 2023.Con las siete medallas, Díaz superó las seis del levantador de pesas Luis Fernando Báez y el gimnasta Luis Felipe 'Tingui' Vargas.Le puede interesar:
Este caso tiene que ver puntualmente con la adquisición de unos tanques de agua y la Procuraduría General de la Nación cerró la etapa de investigación disciplinaria adelantada contra funcionarios de la Unidad de Gestión de Riegos y Desastres por las presuntas irregularidades durante el proceso de compra de estos tanques de reserva de agua para La Guajira, y anunció que tras los alegatos a los que tienen derecho los sujetos procesales se procederá a evaluar la etapa procesal.Por supuesto que este caso se suma al del exsubdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, quien prendió el ventilador y reveló supuestos sobornos al presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.Esta investigación se centra en presuntas irregularidades durante el proceso de adquisición de tanques de reserva de agua para La Guajira. Allí se espera que, después de los argumentos presentados por los investigados, se proceda a evaluar la fase procesal.Los funcionarios investigados, entre ellos el exdirector general de la UNGRD, Olmedo López Martínez, tendrán un término de diez días para presentar sus argumentos previos a la evaluación de la investigación por parte de la Procuraduría.La tercera delegada para la contratación estatal incluyó en el expediente al exdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López Martínez; el exsubdirector de manejo de desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez; y el subdirector general, Víctor Andrés Meza Galván, quienes al parecer participaron en las actuaciones objeto de la investigación.Así las cosas, la Procuraduría evaluará las pruebas y testimonios que fueron recolectados para determinar si las acciones constituyen faltas disciplinarias.
El general retirado Henry Torres Escalante, exintegrante del Ejército Nacional de mayor rango en aceptar haber participado en los denominados falsos positivos, paga su condena sembrando árboles como parte de un programa de justicia restaurativa. En medio de sus labores de sembrado, con las que dejó atrás las insignias y el camuflado militar, el general retirado hoy viste de overol, por lo que fácilmente podría confundirse con un empleado más del común de un vivero en Bogotá.El general retirado Torres Escalante confesó su participación en al menos 196 ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, mientras comandaba la brigada 16 con jurisdicción en Casanare. Esas 196 víctimas tenían entre 18 y 25 años."Me encuentro entre los grupos generadores de violencia, porque usábamos armas. Asumo con vergüenza el señalamiento de título de máximo responsable y autor mediato por los delitos de homicidio en persona protegida", reconoció.Por eso, la Jurisdicción Especial para la Paz lo condenó, junto con 50 exmilitares más, a redimir sus crímenes, sembrando árboles como parte de la justicia restaurativa. "¿Cómo recibe usted que estas personas vayan a sembrar árboles? Entendiendo que hace parte de un proceso en el que decidimos estar", cuestionó en Noticias Caracol Margarita Arteaga, madre de una de las víctimas de falsos positivos, que pidió ser asesinado de frente, "no por la espalda".Cabe recordar que la siembra de 3.000 árboles en Sumapaz es parte del proceso de restauración de penales, que podría tardar hasta ocho años, con el que se pretende sustituir la cárcel por trabajo para las comunidades.